Un preinforme de Contraloría reveló decenas de falencias del GORE Bío Bío en el otorgamiento de fondos a fundaciones, partiendo por la inexistencia de un mecanismo de control. En el caso de ProCultura, el ente fiscalizador reprochó que aún no han devuelto $990 millones a las arcas fiscales y, entre los dineros rendidos por la cuestionada fundación, detectó $5,8 millones en cerveza para una actividad del REC, cuyo servicio fue prestado por una productora propiedad de Manuel Lagos, director del festival penquista. Más aún, los documentos del proceso -a los que accedió BioBioChile- evidencian lo expedito que fue el trámite para conseguir la aprobación del convenio por $2.500 millones.

Todos los ojos miran a Procultura. Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República (CGR), al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, expone una auditoría y examen de cuentas a las transferencias realizadas por el GORE Bío Bío en el marco del caso fundaciones. Esto, entre enero de 2021 y septiembre de 2023, dos meses después de que estallara el escándalo.

Si bien el ente de control administrativo revisó 12 de los 14 programas bajo la lupa en la región, el caso de Procultura aflora en los cuestionamientos por su elevado monto en comparación a sus pares. Y también por la rapidez con que obtuvo el financiamiento y la seguidilla de faltas detectadas en torno a la rendición de dichos fondos.

Entre las objeciones del informe, evacuado durante enero recién pasado, el organismo fiscalizador apunta contra la rendición de 5,8 millones en cerveza como parte de una actividad del REC (Rock en Conce). Y, además, al hecho de que Procultura no utilizó $990 millones que les fueron otorgados, los cuales no han sido reintegrados al GORE.

Todo bajo el programa denominado “Competitividad de oferta turística y creativa, puesta en valor de la identidad cultural del Bío Bío”.

En suma, el análisis de la CGR detalló que —en casi 3 años— la transferencia de recursos del GORE a corporaciones, fundaciones y ONG llegó hasta los $23 mil millones. Es decir, prácticamente un 25% del total de gastos del organismo dirigidos al sector privado, que se encumbra a los $92 mil millones.

En específico, la revisión a fondo del ente contralor se enfocó sólo en una muestra de $1.200 millones asignados a los diferentes programas, donde se encuentran 12 cuestionados, como Motum, Irade, En Ti (Polizzi), Corporación Ciudades, Fundef y Bonhomía, entre otras. Con todo, Procultura fue una de las que más fondos captó. Y con facilidades.

TRÁMITE RÁPIDO

La Fundación Procultura, de acuerdo a una serie de documentos a los que tuvo acceso BBCL Investiga, fue una de las que recibió un trato rápido a la hora de obtener los recursos para su convenio. En cosa de días, el GORE Bío Bío les tramitó la entrega de $2.553 millones.

Una situación similar a la Fundación Horizonte Ciudadano, ligada a la expresidenta Michelle Bachelet, que también recibió $379 millones —en un solo pago— para un proyecto liderado por su amiga personal, María Estela Ortiz.

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Procultura también tenía nexos de los que presumir: había sido creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín, que en sus inicios fue cercano a la DC, pero que luego se acercó al Frente Amplio (FA) y, en particular, al entonces diputado Gabriel Boric. Aunque, ha dicho que no ha vuelto a coincidir con él desde que fue elegido Presidente.

En el camino a conseguir los fondos estuvo presente otro rostro del FA, que fue parte del proceso: Miguel Crispi, en ese entonces subsecretario de Desarrollo Regional. Es decir, la autoridad que debía gestionar los fondos desde el gobierno central. Hoy ya no se desempeña en dicho cargo, sino como jefe de asesores de La Moneda.

Lo fundamental del proceso tardó apenas 27 días. Desde la postulación del proyecto hasta que la solicitud del dinero llegó a Crispi. La primera carta formal para optar a los fondos, dirigida al gobernador Díaz, fue presentada el 21 de abril de 2022 por Procultura. Cinco días hábiles después, el día 28, la propuesta ya tenía la aprobación técnica. Al día siguiente, el 29, se elaboró un reporte, el que fue revisado y aprobado el 3 de mayo por la Comisión de Presupuesto. El 4, en tanto, fue visado por el pleno del Consejo Regional, con 25 votos a favor y 2 abstenciones.

Acto seguido, el día 5 se firmó el certificado de aprobación. El 10 fue enviado el documento a Santiago, en el que Díaz pidió a Crispi dar cabida al proyecto en el presupuesto regional. El 11 de mayo, en tanto, la Subdere emitió la resolución respectiva (firmada por el subsecretario subrogante, Francisco Pinochet), la que fue recibida el 18 de mayo en el Ministerio de Hacienda, específicamente en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Todo en menos de un mes.

Contraloría emitió la toma de razón el 15 de junio y finalmente el primer pago comprometido ($1.506 millones de los $2.553), llegó a las arcas de Procultura el 11 de julio.

Consultada por BBCL Investiga, la Dipres defendió lo que respecta a su parte del trámite y afirmó que actuaron “con total responsabilidad e imparcialidad” y que “ni en este caso ni en algún otro existió un trato privilegiado en la revisión de antecedentes.

En ese sentido, subrayaron que en su caso el trámite siguió el conducto institucional regular y fue visado en 12 días hábiles. Se trata de un plazo que ellos consideran dentro de lo esperado, pues —según sus antecedentes— la aprobación de este tipo de resoluciones promedia 19 días, fluctuando entre 6 y 44 días hábiles.

“Con todo, en ningún caso corresponde a la Dipres revisar el convenio, sino que sólo la disponibilidad presupuestaria y que se ajuste a lo solicitado según la Ley de Presupuestos vigente u otras normas”, señalaron.

Por su parte, el Gobierno Regional del Bío Bío afirmó que “los procesos de tramitación son iguales para todos los programas, las diferencias en tiempo solo se producen cuando alguna iniciativa requiere modificaciones técnicas en su etapa de evaluación cuando se requiere un análisis mayor de parte del Consejo Regional o cuando Dipres requiere tiempos mayores de análisis”.

“Estos tres factores explican la diferencia de tiempo. La autoridad por sí sola no tiene el control de todo el proceso, que tiene varios hitos de decisión tanto políticos como técnicos”, espetaron.

SIN MECANISMO DE CONTROL

Conceder fondos sin pedir nada a cambio era una costumbre en el GORE. Al menos así lo plantea el preinforme de Contraloría. En particular, cuestiona tajantemente que “el Gobierno Regional carece de un mecanismo de control” que permita acreditar que los documentos de respaldo presentados por los receptores de fondos públicos sean suficientes para las diversas rendiciones de cuentas.

Incluso va más allá: “El GORE tiene como práctica habitual aprobar las rendiciones de gastos sólo con las facturas y boletas de compraventa de los proveedores de servicios” y sólo en ocasiones pide más antecedentes que den “cuenta de la efectividad del gasto que se está rindiendo”.

Como parte del descontrol, la CGR también reprocha la revisión técnica y financiera, pues apunta a una descoordinación entre ambas partes a la hora de chequear las rendiciones. “La contraparte financiera no contaba con un documento formal suscrito por la contraparte técnica que diera cuenta de su revisión y aprobación”.

Como parte de dicho desorden fue que detectaron algunos “ajustes contables”, mediante los cuales reversaron rendiciones de gastos que estaban inicialmente aprobadas, una vez que la contraparte técnica realizó el chequeo correspondiente.

En particular, ocurrió con los gastos rendidos por la Fundación Procultura, que estaban aprobados a septiembre 2023. Sin embargo, tras detectar errores, a fines de noviembre fueron reversados gastos por $28,8 millones.

Para sumar al desastre, el control de las rendiciones por parte de los analistas financieros se realizó mediante planillas Excel, las cuales no eran uniformes entre ellas y no permitían disponer de la información de manera consolidada. Algo que Contraloría cuestiona, pues expone a la entidad a errores de digitación, alteraciones y no permite mecanismos de control para resguardar los datos.

CERVEZA GATE Y LOS MILLONES PERDIDOS

El GORE puso fin al convenio con Procultura en noviembre de 2023. Les habían prometido $2.500 millones. Sin embargo, a la fecha le habían pagado “sólo” 1.500 millones y las rendiciones aprobadas habían alcanzado $515 millones. Es decir, quedó un monto no utilizado de 990 millones que, a la fecha de la revisión, todavía no había sido reintegrado a las arcas fiscales.

Eso sí, el GORE ya realizó las gestiones ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que persiga la restitución de los recursos. Asimismo, solicitó el cobro de la póliza de seguro asociado al convenio, por un monto de 7.720 UF. Es decir, unos 280 millones de pesos, los que —al menos hasta inicios de enero— tampoco habían sido pagados y que ciertamente no alcanzan para cubrir los 990 millones perdidos.

Aunque las objeciones también asoman entre los fondos que sí rindieron. Procultura acreditó gastos relacionados con la contratación de servicios de producción para llevar a cabo una actividad del REC. Contraloría puso el foco en un ítem en particular, de 45 millones, que fueron pagados a Eventos y Producciones Evolución S.A.

Según pudo corroborar BBCL Investiga, y tal como es conocido en el rubro, el director ejecutivo de esta última empresa es Manuel Lagos, quien también ejerce como director del festival penquista y es conocido como el hermano del animador Sergio Lagos.

Dentro de la suma mencionada detectaron gastos por 5,8 millones destinados al servicio de coctelería, que incluyó bebidas alcohólicas, según se advierte en las fotos de respaldo entregadas por la propia productora. Precisamente, por contrato, las compras de bebidas alcohólicas estaban expresamente prohibidas.