Gabriel Guerrero González tiene deudas en todas partes. En el arriendo, en los gastos comunes, en las cotizaciones. Hasta con préstamos y sueldos de sus trabajadores. El notario de Talca fue armando un nudo financiero que lo llevó a que los suspendieran de sus funciones y abrieran un cuaderno de remoción en su contra. Las consecuencias de su desorden afectan sobre todo, a sus trabajadores, quienes al no tener las imposiciones al día, no pueden acceder a créditos ni prestaciones de salud. «Un menoscabo evidente», como fue catalogado.

Fuente: Bio Bio La Radio

La Corte de Apelaciones de Talca solicitó abrir un cuaderno de remoción contra el notario Gabriel Guerrero González, quien enfrenta, a lo menos, dos sumarios ante el tribunal de alzada maulino por adeudar cotizaciones y no pagar la totalidad de los sueldos de sus trabajadores.

Según información recopilada por BBCL Investiga, el fedatario titular de la Séptima Notaría de esa comuna se encuentra actualmente suspendido de sus funciones, luego de que se descubriera que mantiene un déficit de más de $760 millones.

A las cotizaciones y remuneraciones adeudadas se suman imposiciones, préstamos informales y morosidad ante la tesorería. Sus deudas llegaron a tal punto —cuentan fuentes de este medio— que tampoco pagó el arriendo de su despacho, ni los gastos comunes, ni los créditos que tenía con distintos bancos.

Su caso, ahora, está en manos de la Corte Suprema, la que deberá determinar si da luz verde al proceso que podría removerlo definitivamente del Poder Judicial.

Trabajadores afectados

El 15 de diciembre de 2023 se abrió la primera investigación administrativa contra Gabriel Guerrero. Dos meses después, los resultados arrojaban que las deudas que mantenía el notario público lo tenían hasta el cuello. O más.

En primer lugar, la indagatoria —a cargo del fiscal judicial de la Corte, Óscar Lorca— determinó que Guerrero no pagó las cotizaciones e imposiciones de sus trabajadores durante todo 2023, a excepción de septiembre y octubre en los que sí lo hizo. Los otros 10 meses, entre sus 15 trabajadores, sumó $40 millones de pesos en deuda.

Tampoco pagó los sueldos íntegros. La investigación acreditó que Guerrero remuneró en forma parcial o en cuotas. Y no lo hacía el último día del mes, como estaba acordado. Los montos llegaron hasta con siete días de diferencia; práctica que arrastró por más de un año. Cuando el fiscal hizo el informe, concluyó que para enero de 2024 debía más de $6,5 millones en honorarios. Sólo ese mes.

Según se lee en sus descargos, iba a pagarlo todo a la brevedad. Cuando el ministro visitador se presentó a la Séptima Notaría de Talca para exigirle que se pusiera al día con los dineros, él respondió que lo haría. Que estaba esperando que se firmara una escritura de hipoteca para liquidar sus deudas. Aseguró que lo resolvería en máximo una semana. Pero no lo hizo. Vinieron cinco visitas más desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, y el notario, siguió sin pagar.

La hipoteca tampoco llegó a firmarse.

“(Guerrero) ha dado cuenta de la existencia de distintos inconvenientes que frustraron su conclusión, por ende, hasta la fecha no se ha concretado, transcurriendo un plazo más que razonable, sin que exista certeza sobre la veracidad de que aquello acontezca, más allá de sus intenciones”, estipula el escrito al que accedió BBCL Investiga.

Esta situación significó para sus propios trabajadores un “menoscabo evidente”. Ellos mismos lo catalogan así y el tribunal también. De partida, porque no pueden solicitar créditos ni postular a subsidios. Tampoco pueden acceder a atenciones de salud. Todo —apunta el tribunal— por culpa de la mala administración de Guerrero:

“Afectó gravemente los derechos laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores, además de la fe pública, prestigio e imagen del Poder Judicial, al existir un ministro de fe que mantiene deudas superiores a sus ingresos”.

Cómputo final

Los otros antecedentes que recolectó la Corte dan cuenta que también adeuda los pagos previsionales mensuales (P.P.M) de 2022 y 2023. En simple, $80 millones. Eso nunca se regularizó, aun cuando existía una causa paralela en la Tesorería de Talca por no pagar el formulario F22. Al 8 de agosto de 2022, esta última ascendía a más de $59 millones de pesos.

A eso le suman que a enero de 2024 debía $3,4 millones de pesos en gastos comunes. El monto mensual de eso es de casi $500 mil pesos, por lo que “existen indicios para concluir que al menos debe siete meses de gastos comunes”. Tampoco cumplió con el arriendo. En los primeros dos meses de 2024 acumuló $7,5 millones por no pagarlo.

Sus mayores deudas son las que tiene con distintos bancos. Él mismo reconoció deberle $292 millones de pesos al Banco de Chile. Otros $262 millones al BCI, y unos $25 millones al Security. Sus préstamos informales bordean los $25 millones.

Así, el cómputo final crece a más de $760 millones de pesos.

“Los antecedentes agregados a esta causa dan la impresión a este instructor que la suma es de un monto mayor, pero de todas maneras, sea o no un monto mayor, con lo acreditado hasta la fecha se advierte que sus deudas comprometen gravemente su responsabilidad funcionaria”, sostiene el escrito.

Un intento de solucionarlo

Actualmente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencoop Limitada, presentó una solicitud de liquidación forzosa en su contra. También se interpuso una querella por el delito de giro doloso de cheques. En este caso, fue Santa Marta Inversiones SpA quien denunció a Guerrero. En simple, lo acusaron de girar cheques del Banco Itaú que no tenían fondos. Uno de ellos de $20 millones de pesos.

Pese a todos los gastos impagos que tiene, los antecedentes también exponen que sus ingresos mensuales durante 2023 fueron en promedio más de $40 millones. Es decir $484 millones anuales.

Desde el entorno del notario dicen no desconocer los hechos que fundaron el proceso en su contra. Fuentes consultadas por este medio reconocen que hubo un desorden financiero pero que Guerrero está intentando “solucionarlo”.

Tras conocer el resultado de la investigación de la Corte de Talca, el notario apeló. En su escrito de 15 páginas acusó que el tribunal de alzada aplicó de manera improcedente la suspensión de sus funciones al vulnerar el “principio de inocencia”. En buenas cuentas, sostuvo que no hubo un debido proceso, puesto que no pudo ventilar sus argumentos.

“No resulta pertinente la aplicación de sanciones previas y/o cautelares sin un justo y debido proceso, donde tenga la posibilidad de defenderse evacuando descargos y ofreciendo pruebas”, reza la apelación presentada por su abogado, Claudio Herrera.

Pese a sus alegatos, la Corte ordenó la semana recién pasada renovar la suspensión en su contra, por lo que Guerrero deberá esperar en su casa la decisión de la Justicia de si será removido o no de manera definitiva del Poder Judicial.