El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este viernes el caso de los niños haitianos que ingresaron a Chile bajo la modalidad de reunificación familiar y cuyo paradero es actualmente investigado por las autoridades. La autoridad aseguró que existe un trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado para esclarecer la situación y ubicar a los menores.
Arrau señaló que el Gobierno ha mantenido una labor conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio Público y otras instituciones, con el objetivo de reunir antecedentes y establecer responsabilidades en caso de detectarse irregularidades. Además, destacó que se trata de una investigación en desarrollo y llamó a esperar los resultados de las diligencias en curso.
El ministro también enfatizó que, hasta ahora, en el listado de menores involucrados no existen denuncias por presunta desgracia, por lo que descartó que haya reportes formales de desaparición asociados a esos casos.
La controversia se originó tras un preinforme de la Contraloría General de la República que detectó graves falencias en los controles migratorios aplicados a menores haitianos que ingresaron al país entre 2024 y 2025. Según los antecedentes, cientos de niños llegaron en vuelos chárter acompañados por un reducido número de adultos que figuraban como responsables, sin que en varios casos pudiera acreditarse un vínculo familiar efectivo.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a eventuales delitos de trata de personas, cohecho, soborno y falsificación de documentos. Además, se indaga el financiamiento de los vuelos y la eventual participación de funcionarios públicos en las autorizaciones de ingreso.
De acuerdo con antecedentes recopilados por el Servicio Nacional de Migraciones, alrededor de 486 niños, niñas y adolescentes habrían ingresado al país acompañados por solo 12 adultos, situación que encendió las alertas y motivó la denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
En paralelo, el Gobierno activó una coordinación interinstitucional para determinar el paradero de los menores y reforzar las medidas de protección de la infancia. La situación también derivó en la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que revisará las actuaciones de organismos como Migraciones, la PDI y la Dirección General de Aeronáutica Civil.
El caso ha generado preocupación transversal en el ámbito político y social debido a las posibles vulneraciones de derechos de los menores y a las fallas detectadas en los sistemas de control y seguimiento migratorio. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades han reiterado que la prioridad es conocer la situación de cada niño y garantizar su protección.
