Gabriel Guerrero González tiene deudas en todas partes. En el arriendo, en los gastos comunes, en las cotizaciones. Hasta con préstamos y sueldos de sus trabajadores. El notario de Talca fue armando un nudo financiero que lo llevó a que los suspendieran de sus funciones y abrieran un cuaderno de remoción en su contra. Las consecuencias de su desorden afectan sobre todo, a sus trabajadores, quienes al no tener las imposiciones al día, no pueden acceder a créditos ni prestaciones de salud. «Un menoscabo evidente», como fue catalogado.
La Corte de Apelaciones de Talca solicitó abrir un cuaderno de remoción contra el notario Gabriel Guerrero González, quien enfrenta, a lo menos, dos sumarios ante el tribunal de alzada maulino por adeudar cotizaciones y no pagar la totalidad de los sueldos de sus trabajadores.
Según información recopilada por BBCL Investiga, el fedatario titular de la Séptima Notaría de esa comuna se encuentra actualmente suspendido de sus funciones, luego de que se descubriera que mantiene un déficit de más de $760 millones.
A las cotizaciones y remuneraciones adeudadas se suman imposiciones, préstamos informales y morosidad ante la tesorería. Sus deudas llegaron a tal punto —cuentan fuentes de este medio— que tampoco pagó el arriendo de su despacho, ni los gastos comunes, ni los créditos que tenía con distintos bancos.
Su caso, ahora, está en manos de la Corte Suprema, la que deberá determinar si da luz verde al proceso que podría removerlo definitivamente del Poder Judicial.
Trabajadores afectados
El 15 de diciembre de 2023 se abrió la primera investigación administrativa contra Gabriel Guerrero. Dos meses después, los resultados arrojaban que las deudas que mantenía el notario público lo tenían hasta el cuello. O más.
En primer lugar, la indagatoria —a cargo del fiscal judicial de la Corte, Óscar Lorca— determinó que Guerrero no pagó las cotizaciones e imposiciones de sus trabajadores durante todo 2023, a excepción de septiembre y octubre en los que sí lo hizo. Los otros 10 meses, entre sus 15 trabajadores, sumó $40 millones de pesos en deuda.
Tampoco pagó los sueldos íntegros. La investigación acreditó que Guerrero remuneró en forma parcial o en cuotas. Y no lo hacía el último día del mes, como estaba acordado. Los montos llegaron hasta con siete días de diferencia; práctica que arrastró por más de un año. Cuando el fiscal hizo el informe, concluyó que para enero de 2024 debía más de $6,5 millones en honorarios. Sólo ese mes.
Según se lee en sus descargos, iba a pagarlo todo a la brevedad. Cuando el ministro visitador se presentó a la Séptima Notaría de Talca para exigirle que se pusiera al día con los dineros, él respondió que lo haría. Que estaba esperando que se firmara una escritura de hipoteca para liquidar sus deudas. Aseguró que lo resolvería en máximo una semana. Pero no lo hizo. Vinieron cinco visitas más desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, y el notario, siguió sin pagar.
La hipoteca tampoco llegó a firmarse.
“(Guerrero) ha dado cuenta de la existencia de distintos inconvenientes que frustraron su conclusión, por ende, hasta la fecha no se ha concretado, transcurriendo un plazo más que razonable, sin que exista certeza sobre la veracidad de que aquello acontezca, más allá de sus intenciones”, estipula el escrito al que accedió BBCL Investiga.
Esta situación significó para sus propios trabajadores un “menoscabo evidente”. Ellos mismos lo catalogan así y el tribunal también. De partida, porque no pueden solicitar créditos ni postular a subsidios. Tampoco pueden acceder a atenciones de salud. Todo —apunta el tribunal— por culpa de la mala administración de Guerrero:
“Afectó gravemente los derechos laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores, además de la fe pública, prestigio e imagen del Poder Judicial, al existir un ministro de fe que mantiene deudas superiores a sus ingresos”.
Cómputo final
Los otros antecedentes que recolectó la Corte dan cuenta que también adeuda los pagos previsionales mensuales (P.P.M) de 2022 y 2023. En simple, $80 millones. Eso nunca se regularizó, aun cuando existía una causa paralela en la Tesorería de Talca por no pagar el formulario F22. Al 8 de agosto de 2022, esta última ascendía a más de $59 millones de pesos.
A eso le suman que a enero de 2024 debía $3,4 millones de pesos en gastos comunes. El monto mensual de eso es de casi $500 mil pesos, por lo que “existen indicios para concluir que al menos debe siete meses de gastos comunes”. Tampoco cumplió con el arriendo. En los primeros dos meses de 2024 acumuló $7,5 millones por no pagarlo.
Sus mayores deudas son las que tiene con distintos bancos. Él mismo reconoció deberle $292 millones de pesos al Banco de Chile. Otros $262 millones al BCI, y unos $25 millones al Security. Sus préstamos informales bordean los $25 millones.
Así, el cómputo final crece a más de $760 millones de pesos.
“Los antecedentes agregados a esta causa dan la impresión a este instructor que la suma es de un monto mayor, pero de todas maneras, sea o no un monto mayor, con lo acreditado hasta la fecha se advierte que sus deudas comprometen gravemente su responsabilidad funcionaria”, sostiene el escrito.
Un intento de solucionarlo
Actualmente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencoop Limitada, presentó una solicitud de liquidación forzosa en su contra. También se interpuso una querella por el delito de giro doloso de cheques. En este caso, fue Santa Marta Inversiones SpA quien denunció a Guerrero. En simple, lo acusaron de girar cheques del Banco Itaú que no tenían fondos. Uno de ellos de $20 millones de pesos.
Pese a todos los gastos impagos que tiene, los antecedentes también exponen que sus ingresos mensuales durante 2023 fueron en promedio más de $40 millones. Es decir $484 millones anuales.
Desde el entorno del notario dicen no desconocer los hechos que fundaron el proceso en su contra. Fuentes consultadas por este medio reconocen que hubo un desorden financiero pero que Guerrero está intentando “solucionarlo”.
Tras conocer el resultado de la investigación de la Corte de Talca, el notario apeló. En su escrito de 15 páginas acusó que el tribunal de alzada aplicó de manera improcedente la suspensión de sus funciones al vulnerar el “principio de inocencia”. En buenas cuentas, sostuvo que no hubo un debido proceso, puesto que no pudo ventilar sus argumentos.
“No resulta pertinente la aplicación de sanciones previas y/o cautelares sin un justo y debido proceso, donde tenga la posibilidad de defenderse evacuando descargos y ofreciendo pruebas”, reza la apelación presentada por su abogado, Claudio Herrera.
Pese a sus alegatos, la Corte ordenó la semana recién pasada renovar la suspensión en su contra, por lo que Guerrero deberá esperar en su casa la decisión de la Justicia de si será removido o no de manera definitiva del Poder Judicial.
Los últimos meses han sido complejos para el Frente Amplio, con Revolución Democrática involucrada indirectamente en el caso Convenios y la solicitud del Servicio Electoral de disolución de Comunes, han volcado tensión al debate. A pesar de esto, la preocupación por sentar las bases de la «fusión» política para transformarse en un partido único sigue siendo el tema central en las directivas. Sin embargo, se han manifestado diferencias internas, incluyendo rencillas del pasado, que podrían poner cuesta arriba una elección del futuro presidente del partido único. Radio Bío Bío ha monitoreado durante cuatro semanas las conversaciones y, pese a lo contradictorio, existe claridad respecto a las diferentes culturas que tiene RD, Convergencia Social y Comunes.
El interés por establecer las bases de la “fusión” política y convertirse en un partido único preocupa a las tiendas que integran el Frente Amplio en estos días. Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, las tres colectividades en debate, además de estar atentos al trabajo con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, reconocen internamente que el proceso enfrenta desafíos y obstáculos que podrían terminar siendo un nudo para el desarrollo.
Uno de los problemas conocidos es el caso de las transferencias a fundaciones que ha afectado la credibilidad. El caso emblemático es Democracia Viva, que ha llevado a la diputada y ex líder de la tienda, Catalina Pérez, y al ex ministro de Desarrollo Social y fundador del partido, Giorgio Jackson, a ser cuestionados públicamente. Pese a esto, Plataforma Socialista también ha solicitado ser incluida, lo que da un total de cuatro fuerzas políticas superior a 75.000 personas.
Junto al denominado “caso convenios”, ha resurgido la situación de Comunes, la ex tienda de Karina Oliva y Jorge Ramírez, ambos formalizados por el Ministerio Público por el delito de fraude de subvenciones, con el Servicio Electoral (Servel). A fines de diciembre de 2023, el Servel solicitó la “disolución” de la colectividad. Golpe tras golpe al Frente Amplio. Aunque internamente defienden que las fechas propuestas para lograr el objetivo final han variado poco, la historia continúa. Aseguran que el camino no se ha visto paralizado por los hechos mencionados anteriormente.
Radio Bío Bío monitoreó más de 4 semanas la fusión de los partidos del Frente Amplio, evidenciando que cada fuerza tiene una “cultura política” diferente. Reconocen que será difícil convertirlas en una única, pero creen que el valor de la unidad y el esfuerzo de los tres partidos y Plataforma Socialista valdrá la pena al final.
CULTURAS DISTINTAS
La base de la fusión es estar unidos como fuerza política; por eso, pocas personas relevantes en este proceso reconocen las diferencias que tienen. Además de problemas y conflictos en el pasado que llevaron a la conformación de partidos diferentes, en lugar de uno desde el inicio. Gran parte de los actores políticos se conocen desde los años universitarios, lucharon juntos en las calles por una mejor educación, pero se dividieron en distintas colectividades por su forma distinta de hacer las cosas.
En simple, fuentes conocedoras del tema lo definen de la siguiente manera: comenzando por RD, es un partido que lleva 12 años unido, es institucional y tiene una visión más tecnocrática; solo tuvieron una fuga importante de militantes cuando Pablo Vidal y Javiera Parada renunciaron. Pero no han tenido grandes fugas ni peleas internas; se han mantenido unidos. Muchos señalan que la figura de Giorgio Jackson ha sido clave porque gran parte de los militantes provienen de la Nueva Acción Universitaria (NAU), movimiento político universitario de la Universidad Católica.
Luego, Convergencia Social, aunque comparten muchas ideas con RD por su pasado universitario, gran parte eran alumnos de la Universidad de Chile. También es una conjunción de mayores colectivos de izquierda que vienen de distintos orígenes, como Autonomismo, Izquierda Libertaria, Sol, etc. Esto sería un punto a favor para ellos, ya que están más acostumbrados a las fusiones.
Finalmente, Comunes, el brazo más popular dentro del FA. Nació con el nombre de Poder Ciudadano a partir de los partidos Poder Ciudadano y Poder Ciudadano del Norte. Posteriormente, se fusionó con la Izquierda Autónoma y se le unieron otras colectividades como el movimiento Ukamau, una organización de pobladores que durante años se dedicó a impulsar cambios en la política pública de vivienda. Pero no solo eso; algunos señalan que problemas del pasado también complicarían la formación de esta “cultura única” del partido -como se le llama internamente-. Por ejemplo, la expulsión del Presidente Gabriel Boric de la Izquierda Autónoma o la acusación de acoso sexual contra el mandatario que también se comentó al interior de Comunes y que se han transformado en un dolor de cabeza sistemático y de comentario obligado.
Por esto, una idea que surgió desde RD -explican conocedores del tema- es que todas las decisiones tomadas en los tribunales supremos internos de todos los partidos deben respetarse en la fusión. Es decir, si una persona fue expulsada por maltrato de cualquiera de las fuerzas, no puede ingresar al nuevo Frente Amplio.
¿CUÁNDO?
La idea central y el objetivo a cumplir es que en julio el Frente Amplio, como partido, sea una realidad para enfrentar la campaña de las elecciones municipales unidos. Pero antes hay otras fechas importantes.
Las próximas horas serán clave para que las directivas de los partidos logren afinar los detalles para anunciar un plebiscito, una votación que realizará cada fuerza por separado para preguntar a los militantes o miembros si están de acuerdo con la decisión de formar el Frente Amplio. Se cree que esto se debería concretar los primeros días de marzo, que será online y que dependerá de esta definición si se sigue adelante con la idea.
Pero hay confianza en que los militantes estén alineados con las diferentes directivas y que no debería haber sorpresas en el resultado final. Paralelamente se llevarán a cabo las negociaciones con el oficialismo por las municipales, las cuales serán en conjunto; un referente del Frente Amplio será la cara para negociar con el resto porque creen que así tendrán más fuerza.
En abril hay otro hito: inscribir los candidatos para las primarias en aquellas comunas que sea necesario. Fecha que aún no estará conformada por el partido único, por lo que cada candidato irá por su partido actual. Para no cometer errores, hicieron una consulta al Servel sobre el tema para tener certeza de que después podrán cambiar de ser candidatos de Comunes, CS o RD a Frente Amplio. Y, según fuentes que leyeron la respuesta, desde el Servel les habrían indicado que no existiría problema con ese tema.
La idea es que en junio se realice la fusión administrativa, la cual, hasta la fecha, será por parte de CS y RD debido a los problemas antes mencionados de Comunes. No obstante, conocedores del tema señalan que si la ex tienda de Karina Oliva logra solucionar todos los problemas antes de junio podrían ser parte de la fusión.
FUERZA COMÚN
Lo que sí está claro es que, para enfrentarse de igual a igual con los grandes partidos políticos, deben unirse. Creen al interior del FA que ya pasó el tiempo de ser pequeños partidos y que ahora necesitan dar el siguiente paso.
Hay claridad en que figuras como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), y la de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), pueden ayudar a todo el FA a obtener más votos por la popularidad de cada uno que solo por RD.
En relación a la situación de Comunes, desde el mismo partido señalan que ellos nunca serán un estorbo para la formación del partido, pero sí estarán dentro de la mejor manera posible. No quieren que parezca que esto es para salvarlos, sino que quieren que la unidad prevalezca.
Lo que sí es más compleja es la relación entre militantes. Hay un sentimiento de que no todas las fuerzas los han apoyado de la misma forma en el problema que están enfrentando. Valoran a RD y cómo públicamente habló de ellos, pero es diferente en la relación con Convergencia Social. Si bien entre las directivas no hay conflicto ni problemas, sino todo lo contrario, es en los niveles más bajos donde sí lo hay.
El siguiente paso, el cual podría ser más complejo, sería elegir quién dirigirá el partido. La gran mayoría señala que Convergencia lidera con ventaja la posición porque es el partido que actualmente está más estable, no tiene problemas y es el que tiene el mayor número de militantes. Hasta el 31 de diciembre de 2023, CS tiene 36.248 militantes, RD tiene 26.276 y Comunes 12.506.
No obstante, miembros de RD señalan que ellos también tienen a los alcaldes más importantes y creen que más allá del partido, es importante que la persona que asuma represente a todos y tenga certeza de eso.
Nombres como el mismo Tomás Vodanovic y la diputada de Comunes, Camila Rojas, suenan para ese cargo. Aunque la idea de que CS lidere tiene más fuerza.
En medio del escándalo que sacude al partido Revolución Democrática, luego de revelarse el contrato vía trato directo entre la Seremi Minvu de la región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío descubrió que hay una serie de otras fundaciones u organizaciones sin fines de lucro que han recibido recursos de la misma seremi y que tienen algo en común: son pro Gobierno. De hecho, sus líderes hicieron campaña por el hoy Presidente Boric y en otros casos por el Apruebo. Contratos que solamente en esa región totalizan más de $3 mil millones. Incluso, en una de las fundaciones trabajó Irina Karamanos.
El escándalo que protagoniza por estos días la fundación Democracia Viva, ligada al entorno de la diputada del partido Revolución Democrática, Catalina Pérez, ha abierto una verdadera caja de pandora sobre la asignación de recursos de forma directa a fundaciones en la región de Antofagasta para el trabajo en campamentos de la zona.
El caso, dado a conocer por el medio local Timeline, reveló la molestia de los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta por la asignación de recursos de forma directa a al menos siete fundaciones bajo el contexto de “habitabilidad primaria” para campamentos. La situación escaló a tal nivel que hoy la Fiscalía Regional está investigando el caso.
Si bien hasta ahora solo se sabía del millonario traspaso a la fundación Democracia Viva, no deja de llamar la atención las cuantiosas sumas que la misma seremi ha transferido a instituciones que no persiguen como fin erradicar los campamentos, sino que entregar medidas transitorias a lugares usurpados.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío descubrió que hay una serie de otras fundaciones que han recibido recursos públicos de la misma Seremi Minvu de Antofagasta y que tienen algo en común: son pro Gobierno y sus líderes son cercanos al oficialismo.
La lista la encabeza la Asociación Campamento de Ideas, que según los registros ha recibido nueve asignaciones directas por un monto de $797.593.752. El presidente y socio fundador de la organización es Ernesto Espinoza Illanes, quien en sus redes sociales compartió imágenes apoyando al entonces candidato Gabriel Boric. Sin ir más lejos, en su perfil de Instagram colgó el 19 de diciembre de 2021 una fotografía con la opción “1”, la misma que ocupaba en la papeleta Boric.
Su directora ejecutiva es Karen Christie, exfuncionaria del Gobierno Regional de Antofagasta y cercana al exsenador por esa región Alejandro Guillier Álvarez. Hasta ahora públicamente se desconocen las rendiciones de gasto, pese a que las transferencias son millonarias.
La segunda de la lista es la Fundación ProCultura. Esta fundación es muy conocida por el presidente Boric, puesto que su pareja Irina Karamanos trabajó por cerca de un año en esta institución. Incluso, explicaron desde la propia entidad, Karamanos estuvo encargada del Área Educación, específicamente, de un proyecto que desarrollaron en Rapa Nui.
ProCultura, que fue contactada por la Seremi Minvu de Antofagasta, recibió en el mismo periodo que Democracia Viva la asignación de $500 millones de pesos. Al igual que en los otros casos, el objetivo del contrato fue para “la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”, consigna el documento.
Su director ejecutivo y socio fundador es Alberto Larraín Salas. Este, de profesión médico psiquiatra, colaboró con la campaña del actual mandatario e incluso ha participado en mesas convocadas por el Ejecutivo (vea entrevista a Larraín al final del artículo).
A ProCultura y a la Asociación Campamento de Ideas, se suma la Fundación Urbanismo Social, quien es otra de las organizaciones que ha recibido financiamiento. En el último trimestre de 2022, a Urbanismo Social se le transfirió la suma de $577 millones desde la Seremi Minvu de Antofagasta.
Esta fundación la dirige una persona que es conocida por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Se trata de Pilar Goycoolea Ferrer, quien es consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno.
Las actividades que Urbanismo Social desarrolla tienen buena convocatoria de políticos. Si Democracia Viva atraía a militantes del Frente Amplio, esta organización ha contado con la asistencia a sus eventos del ministro Carlos Montes, del Gobernador de Santiago, Claudio Orrego; la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, entre otros actores que alguna vez se identificaron con la Concertación.
Goycoolea dejó rastros en redes sociales sobre su posición en favor del “Apruebo”. De hecho, defendió, junto a una serie de profesionales, la definición sobre acceso a la vivienda del texto que presentó la extinta Convención Constitucional.
Incluso, dentro de las redes sociales de la citada fundación, el 20 de diciembre de 2021, un día después del triunfo de Boric, Urbanismo Social publicó que “el resultado de ayer nos obliga a seguir aportando para avanzar en cambios profundos que fortalezcan la cohesión social y se reduzcan las desigualdades”, temáticas que formaban parte del programa del hoy Presidente de la República.
Otra de los contratos que también se firmaron en el último trimestre del año pasado fue con Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra. Esta organización recibió $430 millones con el mismo fin: trabajar en mejorar de forma transitoria la vida en campamentos de la región de Antofagasta.
Movimiento Fibra la preside su socia fundadora que es Mery Ortiz Donoso, también cercana al Gobierno, como muestran sus redes sociales. Esta organización fue promotora del Apruebo y del candidato Gabriel Boric. Pero hay un dato más. En una página web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se presenta al Movimiento Fibra como una “red de profesionales de diversas disciplinas que genera espacios de colaboración en torno a temáticas del arte-educación”. Sin embargo, esta vez los dineros no vienen de Cultura, sino de la Seremi Minvu de Antofagasta.
CONTRALORÍA
Luego que el medio electrónico Timeline de Antofagasta hiciera público los alcances del millonario contrato de Democracia Viva, fundación que tenía menos de un año desde su creación, la Contraloría General de la República (CGR) de la zona inició el análisis de los antecedentes.
El conducto regular en estos casos es que el ente fiscalizador oficie en las próximas horas a la Seremi Minvu de Antofagasta pidiendo al “convenio de transferencia de recursos para la ejecución de diagnósticos socio territoriales” con la Fundación Democracia Viva.
Sin embargo, fuentes que conocen sobre estos procesos explicaron que lo que debería ocurrir es establecer un tiempo específico a indagar para levantar por medio de oficios todos los documentos que se firmaron con fundaciones en dicha repartición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Todo esto con la finalidad de revisar los “convenios” directos sin concurso y verificar que se cumplan las reglas establecidas.
Frente a este escenario, sería factible que no solamente se indague a Democracia Viva, sino que se revisen las firmas de al menos 6 documentos que totalizan $3 mil millones públicos entregados en un corto plazo.
Respecto a las advertencias que levantaron trabajadores, finalemtne señalar que según datos que se evaluaron regionalmente, en la decisión de otorgar estas multimillonarias asignaciones la decisión pasó por el Seremi Carlos Contreras y no por el Servicio de Vivienda y Urbanismo. De hecho, recién el 7 de febrero pasado el presidente nombró al director regional del Serviu en Antofagasta, tras un largo concurso público.
CIFRAS
Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Antofagasta es la cuarta región con más campamentos del país. El primer lugar lo ocupa Valparaíso con 235 asentamientos irregulares y 18.405 hogares; le sigue la región Metropolitana con 142 campamentos y 13.392 familias; Tarapacá ocupa el tercer lugar con 55 campamentos y 9.300 hogares; y cierra Antofagasta con 85 asentamientos que suman 7.384 familias.
Las mismas cifras del Minvu dan cuenta que en los últimos cinco años los campamentos vienen en aumento. En algunos casos estos se han dado a través de usurpaciones de predios en comunas importantes que han dado vida a focos de delincuencia e incluso aprovechamiento concreto de negocios irregulares. Ejemplo de esto es lo ocurrido con el empresario Alejandro Correa.
ALBERTO LARRAÍN
Desde el momento en que saltó la noticia sobre Democracia Viva, el médico psiquiatra y fundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, endureció el tono contra el partido que creó Giorgio Jackson y que milita la diputada Catalina Pérez.
De hecho, a través de sus redes sociales, Larraín sostuvo que todo lo sucedido le “hacía un daño” a las fundaciones que trabajan ayudando al Estado en el día a día. Mensaje que tuvo respuesta del hermano del Presidente, Simón Boric, el cual lo llamó a no hacer “leña del árbol caído” en referencia a Revolución Democrática.
Larraín accedió a conversar con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. Reconoció de entrada que Irina Karamanos fue funcionaria de su fundación, la cual estuvo encargada de un programa del Área Educación, trabajando directamente con la isla Rapa Nui.
Además, el médico sostiene que “llevan 14 años trabajando”, y que incluso durante la administración de Sebastián Piñera también tuvo relaciones estrechas en el trabajo social.
– Ustedes, al igual que Democracia Viva, recibieron dineros en las mismas fechas desde la Seremi de Antofagasta vía trato directo. ¿Qué pasó con eso?
“Lo primero es que genera una molestia muy grande a raíz de que este es un proceso que uno concurre por solicitud del Ministerio de Vivienda. El Minvu es el que hace el llamado a las distintas fundaciones que están presentes en la región para poder ejercer acciones que el municipio no podía ejercer y se nos solicita participar en una condición donde hay una serie de comunidades bastante vulnerables. Nosotros tenemos un convenio marco con el Ministerio de Vivienda desde la administración pasada, donde habíamos ejercido varias acciones de distintos niveles, en distintas complejidades de proyectos. Entonces, en ese sentido, teniendo el convenio marco nos pareció de suyo que efectivamente uno pudiera contribuir a lo que las comunidades van requiriendo”.
“Ahora, ¿cuál es la molestia? ¿Por qué surge esta molestia? Porque este problema se hubiera evitado plenamente si las condiciones mínimas que se nos exigieron a nosotros para firmar el convenio en el primer momento, que era tener una cierta cantidad de años de existencia, que era tener experiencia demostrable en los trabajos, que era tener una cierta cantidad de rendiciones, una cantidad de recursos mínimos que pudiéramos demostrar en término de espalda financiera, se le hubiera ejecutado a las otras fundaciones. O sea, si en el caso de Democracia Viva se hubiera aplicado solamente el tema del tiempo, de años, que antes era mínimo 5 años, todo este problema se hubiera evitado”.
“Ahora, hoy día no solamente está el manto de duda en nosotros, sino que hay campamentos que son abandonados nuevamente en una condición de extrema vulnerabilidad y termina generando que aquellos que estamos haciendo bien la pega y que nos esforzamos porque las comunidades puedan tener proceso de desarrollo, terminamos siendo cuestionados”.
– Esos $500 millones ustedes los ejecutan. ¿Les revisan eso? ¿Cómo es el mecanismo?
“Lo primero es que efectivamente se transfiere la plata y primero se saca un seguro. Un seguro para que los recursos no puedan ser mal habidos o no se puedan establecer de mala manera. Sean boletas de garantía, o sean póliza. Esos recursos se rinden de manera periódica y hay tanto una supervisión técnica como una financiera. Además está acompañado de un proceso de registro de lo que se está haciendo en el territorio. Hay visitas periódicas de lo que se está haciendo y en el caso de estos proyectos, la fundación subsidia parte del costo porque ninguno de estos proyectos se viabiliza con los dineros entregados por el Minvu”.
– En el caso de ustedes cuando hablamos de materializar ¿eso conlleva algo tangible? No es un seminario…
“Son cosas tangibles. Por ejemplo, hay proyectos que son de habilitación primaria. Entonces pueden ser la habilitación de una sede social, en el caso de otras comunas hemos pavimentado calles o eventualmente haces el tema de electrificación, de saneamiento. En otras regiones estamos con procesos de urbanización”.
– ¿Irina Karamanos cuando trabajó estuvo en desarrollo de proyectos?
“La Irina trabajaba en el área de educación. Específicamente generando material y en vinculación a los temas de lengua que es parte de lo que ella estudió. Trabajó en los proyectos que hacíamos en Rapa Nui”.
Larraín, que reconoce que la polémica tiene un fundamento y que Revolución Democrática debe responder, planteó que es necesario abrir el debate sobre el rol de las fundaciones. De hecho, afirmó creer que “la arista que se abre acá o la pregunta más de fondo es si el Estado quiere o no esta colaboración, donde además nosotros ponemos otros recursos, que son adicionales a los que el Estado pone. Ante eso la pregunta es si Chile cree que el Estado tiene que seguir administrando todo a su ritmo y a su forma”.
Y agregó que otro pilar del debate es que deberían haber más medidas de transparencia y rigurosidad sobre los recursos. Sobre todo porque da más tranquilidad a las fundaciones y al Estado mismo. También explicó que ellos sometieron a la fundación a una auditoría externa el año pasado, específicamente cuando partió el gobierno a raíz de que Irina Karamanos había trabajado con ellos y sabían que eventualmente podía pasar que alguien quisiera auditar la fundación.
