Santiago, Chile. El reciente escape de un sicario extranjero por el paso fronterizo de Chacalluta, tras un enredo judicial, encendió las alarmas en el Congreso y evidenció las debilidades del sistema de control fronterizo chileno. Durante la última sesión conjunta de las comisiones de Seguridad y Constitución, realizada este martes, parlamentarios manifestaron su preocupación por la falta de medidas eficaces para controlar tanto el ingreso como la salida de personas por pasos oficiales y clandestinos.
“Lo ocurrido con el sicario es una muestra más del descontrol que existe en nuestras fronteras”, afirmó la senadora Paulina Núñez (RN), presidenta de la comisión de Constitución. Aunque reconoció avances como el uso de control biométrico, insistió en la necesidad de contar con información certera sobre quiénes están dentro del país para ejercer un verdadero control.
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) criticó la falta de coordinación entre instituciones del Estado y advirtió que, sin un esfuerzo conjunto, los problemas en la frontera persistirán. En tanto, el senador Esteban Velásquez (FRVS) apuntó directamente contra el Gobierno y el Ministerio Público, acusándolos de inacción frente a un fenómeno que, según él, se ha desbordado.
El caso Chacalluta: una frontera imaginaria
Según antecedentes recabados por La Radio, el sicario habría huido por el paso de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, zona donde expertos advierten sobre la fragilidad del control territorial. “No hay muros, ni alambradas, ni barreras naturales o artificiales que impidan el cruce. Es una línea imaginaria en medio de la pampa”, señalaron.
En ese contexto, el gobernador regional Diego Paco explicó que el paso consta de dos cabeceras: una por Santa Rosa (Perú) y otra por Chacalluta (Chile). “Cualquier persona puede llegar ahí, con o sin fiscalización. Basta bordear la frontera y detenerse antes de llegar al complejo”, aseguró. Además, lamentó la nula comunicación del Ejecutivo con autoridades regionales frente a este tipo de hechos.
“El Gobierno central no está haciendo nada. Está facilitando el camino al crimen organizado. Más que una red de protección, los delincuentes tienen verdaderos bufetes de criminales profesionales que los apoyan incluso con abogados”, denunció.
Infraestructura obsoleta y falta de facultades
Otro de los factores críticos señalados es la antigüedad del complejo fronterizo Chacalluta, cuya infraestructura tiene más de 25 años y carece de tecnología moderna. Además, según el gobernador, las Fuerzas Armadas solo patrullan el borde fronterizo —los 364 km entre Perú y Bolivia— sin facultades para actuar dentro del complejo.
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, recordó que ya en 2021 advirtió que “a Chile entraba y salía quien quería”, frase que en su momento fue tildada de exagerada, pero que hoy toma nueva relevancia. “Si bien hay más control con cámaras infrarrojas y presencia del Ejército, aún no es suficiente. Se requiere más tecnología y personal para lograr una frontera realmente segura”, indicó.
El nuevo desafío: controlar también las salidas
El exministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que la situación actual obliga a repensar la seguridad fronteriza. “Antes discutíamos cómo controlar el ingreso clandestino. Hoy el foco también debe estar en el egreso de personas que han cometido delitos o están requeridas por la justicia”, señaló.
En la misma línea, el exministro de Defensa, José Antonio Gómez, apuntó a la “debilidad institucional” que el caso del sicario dejó en evidencia. “No se trata solo de poner barreras físicas. Hay cientos de pasos no habilitados y una realidad geográfica difícil de controlar con personal. Se necesita una estrategia de Estado”.
El caso del sicario reabre un debate profundo sobre la seguridad en las fronteras chilenas, evidenciando una preocupante porosidad que, lejos de estar resuelta, parece cada vez más urgente de abordar.
