La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional votó este sábado 12 propuestas relativas a la explotación y propiedad minera en Chile, ingresadas por los convencionales o a través de iniciativas populares, avanzando hacia la nacionalización de las empresas mineras una vez que se apruebe la futura Carta Magna.

Por 13 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, los convencionales aprobaron una iniciativa de estatuto minero (873-5), que en su artículo sexto transitorio establece que, una vez promulgada la Constitución, el Estado tendrá un plazo de un año para nacionalizar las empresas que trabajen con minerales metálicos, no metálicos y con hidrocarburos, entre otros, según lo determine el Presidente de la República.

En todo caso, la propuesta establece que será el Presidente de la República quien fije el monto definitivo y lo apruebe por decreto. El pago se tendrá que hacer en un plazo máximo de 30 años.

La iniciativa también dice que en un plazo de tres años se someterán a evaluación ambiental todos los proyectos mineros cuya operación comenzó antes de 1993, y que se caducarán inmediatamente las concesiones existentes en áreas de exclusión (como glaciares) y en tierras indígenas.