Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Celis y Andrés Longton, pidieron al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la salida del director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, en medio de los cuestionamientos por la gestión del mega incendio del 2 de febrero en la región de Valparaíso.
Se trata de la catástrofe que dejó 137 personas fallecidas y más de 6 mil viviendas destruidas, en un siniestro que se extendió por las comunas de Quilpué, Viña del Mar, Limache y Villa Alemana.
Recordemos que dirigentes del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf hicieron una serie de denuncias en la última sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, apuntando al director Christian Little.
“De aquellas denuncias, hay al menos cuatro que nos parecen de extrema gravedad y que ameritan una revisión, tanto en sede administrativa como judicial, por cuanto podrían ser constitutivas de delito”, resaltaron los parlamentarios en el oficio enviado al titular de Agricultura, al que accedió BioBioChile.
En esa línea, hacen eco de la acusación por la contratación de asesores vinculados al partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) donde milita el ministro Valenzuela, convirtiendo a la Conaf en una especie de “caja pagadora de favores políticos”.
“De acuerdo con dirigentes del Sindicato de trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, existiría una contratación irregular de 23 asesores externos, cuestión inédita en la larga existencia de la Corporación”, indica el texto.
“Lo anterior no solo es preocupante y complejo por la utilización de recursos fiscales y la afectación que ello importa tanto desde la perspectiva de la probidad como de la eficiencia y la eficacia los recursos entregados a los órganos de la Administración para el cometido de sus fines propios, sino porque el cometido de la Corporación Nacional Forestal demanda de sujetos de alto perfil técnico y capacitado para abordar una tarea que, en muchos casos, puede salvar vidas”, resaltan.
“Pero las denuncias no quedaron ahí”, se agrega. “Según el testimonio recabado en la comisión investigadora, de la bitácora que deja registro de los movimientos en el puesto de mando del Fundo Las Tablas el día del incendio, al menos 90 puntos habrían sido editados”.
“Por otra parte, se afirmó que el Director Ejecutivo habría estado en la instancia, cuestión que según señalan fue desestimada del registro. Otra cuestión de capital importancia en la bitácora editada habría sido el tiempo de activación de la alerta SAE en los sectores urbanos, elemento esencial en la investigación parlamentaria, y por cierto en la indagatoria del Ministerio Público”, se añade.
En ese sentido, resaltan la reacción del director Little cuando fue advertido del avance del fuego desde la Reserva Peñuelas hacia zonas pobladas de Villa Alemana y Quilpué.
“Esta indolencia, de confirmarse, habría sido solo una parte la información que tenía en ese entonces el Servicio y que podía proyectar el avance del fuego y las consecuencias para las comunidades y los centros poblados que se vieron afectados durante la tarde y la noche de aquel el fatídico 2 de febrero”, sostiene el oficio.
“En efecto, hemos conocido de la existencia de helicópteros de coordinación y observación (ACO) que aportaron una serie de antecedentes en tiempo real ese viernes 2 de febrero, y cuyo uso oportuno también pudo evitar que se desatara la desgracia, en tanto permite elaborar proyecciones del avance del fuego”, señala.
“La Corporación Nacional Forestal es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, y en tal sentido, corresponde al jefe ministerial de dicha cartera evaluar la conducta y el trabajo del Director Ejecutivo de la Corporación”, advierten Celis y Longton.
“Es cierto que al menos dos de las denuncias deben ser objeto de indagatoria por parte de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para determinar los grados de responsabilidad en el incendio y muerte de casi un centenar de compatriotas, pero nos parece incuestionable a esta altura del cometido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que lo obrado por el Director Ejecutivo, durante y con posterioridad a la tragedia, no ha estado a la altura”, fustigan.
Por último, enfatizan que “las dudas que se ciernen sobre el Director Ejecutivo y sus omisiones en la indagatoria de la Cámara de Diputados, hagan necesaria su inmediata remoción”.
