En fallo unánime, el pleno del tribunal de alzada dio la razón a Fiscalía y quitó el fuero a la diputada Catalina Pérez, argumentando que existen “elementos objetivos y precisos que dan cuenta de su participación en los hechos delictivos”. La defensa tiene cinco días para elevar el caso a la Corte Suprema. Pérez se convirtió en la segunda parlamentaria desaforada en la investigación del caso Convenios.

Fuente: EX ANTE

Qué observar. Este lunes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez (ex FA), a quien la Fiscalía Regional de Antofagasta busca imputar, en calidad de autora, tres cargos de fraude al fisco por los convenios suscritos en 2022 entre la fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, por $426 millones.

• El desafuero es el primer paso para que el Ministerio Público pueda formalizarla y dictar medidas cautelares en su contra en el marco de la investigación que ya tiene como imputados a su expareja y representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, al exseremi Carlos Contreras, y la exconcejal Paz Fuica.
• El pleno de la Corte, en fallo unánime, determinó el desafuero y ahora la defensa de la diputada tiene un plazo de cinco días para recurrir a la Corte Suprema. Tras ello, la Fiscalía pedirá su formalización.
• Pérez se convirtió en la segunda parlamentaria en ser desaforada por el caso Convenios, después del exrepublicano Mauricio Ojeda.

Los motivos de la Corte. En su resolución, la Corte de Apelaciones de Antofagasta concluyó que existen “elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público como, asimismo, la participación de la diputada de la República, Catalina Pérez Salinas”.

• “Se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la mentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco”, agregó el tribunal.
• La resolución, explicó el juez, se realizó “teniendo en consideración el estándar que rige la procedencia de la solicitud de desafuero, que exige un estudio de probabilidad eventual de éxito de la persecución penal a fin de evitar imputaciones arbitrarias e injustas que puedan provocar desequilibrio en el sistema democrático”.
• Las partes fueron citadas para la lectura de sentencia el jueves 20 de enero a las 09:00 horas.

Maquinación con fines políticos. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, comenzó asegurando que Daniel Andrade “no tenía la menor idea de cómo era participar en esta clase de convenios, porque no tenía ninguna experiencia, a esa época ni siquiera tenía iniciación de actividad, nunca había prestado un trabajo en los términos que se le exigía”.

• El persecutor relató que, para preparar una entrevista con Carlos Contreras, Andrade debió reunirse con Paulina Cabrera, funcionaria de Democracia Viva, “que sí había tenido alguna experiencia, había trabajado en alguna fundación con vinculación a campamentos”.
• A juicio de Aguilar, “estamos viendo cómo va artificialmente creándose una maquinación para favorecerse con contratos fiscales para fines políticos. Eso es lo que el mismo Daniel Andrade reconoce también en conversaciones por WhatsApp”.
• Respecto al involucramiento de la diputada, el fiscal planteó que “Catalina Pérez propició que Andrade postulara al programa de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales en conocimiento que ni Democracia Viva ni Andrade tenían experiencia ni experticia en materias de habilitación primaria, de modo que no se podrían ejecutar los tratos fiscales a tenor de los convenios”.
• “Eso lo sabíamos desde el inicio. Lo sabía Daniel Andrade, lo sabía Catalina Pérez, y lo sabía también Carlos Contreras. Democracia Viva era una fundación creada en septiembre de 2021 para ejecutar tareas políticas de acercamiento a los ciudadanos desde un punto de vista de ideas vinculadas al Frente Amplio, que nada tenían que ver con la ejecución de tratos fiscales”, afirmó Cristián Aguilar.

Pérez, la consejera. Según el Ministerio Público, la diputada Catalina Pérez operaba, de facto, como una especie de consejera de Daniel Andrade. “Él le pedía que le corrigiera incluso los borradores de los WhatsApps y le pedía consejos laborales”, dijo el fiscal, quien aseguró que la parlamentaria “daba instrucciones porque está total y directamente involucrada en los hechos”.

• Un aspecto que, para Fiscalía, resulta decidor es el “uso recurrente del pronombre personal tónico de primera persona plural (nosotros)” en los chats entre Andrade y Pérez, lo que dejaría en evidencia la participación de ambos en los delitos investigados.
• Aguilar señaló, también, que en una de las conversaciones entre ambos, el exrepresentante de Democracia Viva afirmó que “estamos todos metidos”.
• El persecutor sostuvo que tras el vaciado de los teléfonos de Catalina Pérez y Daniel Andrade se encontraron diálogos que muestran gestiones para deslizar la responsabilidad, por los convenios de Democracia Viva, a Andrade y al exseremi, desligando a la parlamentaria. “Había que blindar a la parlamentaria“, dijo.

Eliminación de chats. La Fiscalía añadió que el análisis de los informes policiales permitió concluir que Catalina Pérez y Daniel Andrade eliminaron las conversaciones de WhatsApp con el exseremi Carlos Contreras desde la época de la negociación de los convenios. Esto contrasta con lo planteado en enero por la parlamentaria en CNN Chile: “Borré el registro de situaciones íntimas, imágenes o conversaciones personales que tenía con mi pareja y que no tenían absolutamente nada que ver con el caso”.

• “¿Por qué borró las conversaciones justo en el periodo de interés?”, cuestionó Aguilar.
• La PDI ha concluido, además, que Carlos Contreras “manipuló su celular para borrar todas sus conversaciones por la aplicación de WhatsApp” con Andrade y asesoras de Pérez. Lo mismo ocurrió con las conversaciones con la diputada: “Hay indicios que se realizaron acciones para ocultar y borrar información entre ambos”.

La defensa. El abogado de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, afirmó que “no existe claridad alguna en cuanto a cuál sería el medio que se imputa a nuestra representada haber facilitado al exseremi para la ejecución de los hechos constitutivos de los tres delitos de fraude al fisco que se investigan”.

• “Yo todavía no logro ver cuáles son los medios que facilitó la diputada. ¿Qué tienen que ver los chats con la facilitación de medios? No logro ver la forma de participación de mi representada”, dijo. “La solicitud de desafuero no tiene que ver con eso”, agregó.
• “El concierto es previo. No puedo ver conciertos posteriores y extractarlos y pegarlos como si fuesen una pieza de Lego en el año 2022, como para decir ‘ellos se conciertan siempre’. Los conciertos son específicos para hechos concretos, para planes de acción penal concretos. Uno no puede seleccionarlos arbitrariamente”, señaló Medina.
• “Mi representada no tuvo ninguna participación en nada de lo que se imputa como fraude al fisco”, sentenció el defensor.