“(…) Cuenta con una organización interna y pretende el control territorial de gran parte de la macrozona, realizando exigencias a la autoridad relacionadas con la libertad de quienes denominan presos políticos mapuche, cometen sabotajes y atentados incendiarios en contra de particulares y empresas, con el fin de desalentar inversiones y lograr que abandonen dicha zona, compartiendo el mismo modus operandi que desborda en una violencia descontrolada y uso de armas de fuego”.

FUENTE: BIO BIO LA RADIO

Con esas palabras el Gobierno describe cómo opera la Weichán Auka Mapu (WAM), organización que por años se viene adjudicado atentados incendiarios en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, pero que —hasta ahora— no se ha pronunciado respecto del ataque que terminó con medio centenar de vehículos quemados en las obras de construcción la Central Hidroeléctrica Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara, región del Bío Bío.

El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Luis Cordero, presentó el pasado viernes su anunciada querella criminal en la que invocó la Ley Antiterrorista por el atentado a la compañía de capitales chinos. La acción penal busca que se persiga a “todos quienes resulten responsables” de los delitos de asociación terrorista, incendio, porte ilegal de arma de fuego, porte de arma de fuego prohibida y disparos injustificados.

En la presentación, tenida a la vista por BBCL Investiga, se hace una descripción pormenorizada de los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo 20 de abril y apunta sus sospechas precisamente a la WAM.

La cronología

De acuerdo con el libelo presentado por el Ejecutivo, entre las 01:30 y las 02:30 horas un grupo de al menos 12 individuos encapuchados se desplegó en la zona del ataque y utilizó armas de fuego para intimidar a los cuatro guardias que custodiaban las obras. Los agredieron con golpes de pie y puños.

Cuando consiguieron reducir a la mayoría de los vigilantes, se lee en la presentación, comenzó el ataque a la maquinaria:

“Una vez asegurado el lugar, se trasladaron al estacionamiento para rociar cada uno de los vehículos, camiones y maquinarias existentes, con líquidos acelerantes y, enseguida, prenderles fuego, el que rápidamente se propagó por sus respectivas estructuras, poniendo en peligro la vida y seguridad de las personas, debido al riesgo inminente de propagación de las llamas a el poblado existente a su alrededor”.

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, los desconocidos utilizaron botellas de 330 ml para iniciar los incendios.

Tal como adelantó este medio, la querella del Gobierno relata que los primeros en percatarse del atentado fueron carabineros que se encontraban en la ribera opuesta del río Bío Bío, en el sector Rucalhue, quienes intentaron disuadir a los atacantes.

Según se detalla en el escrito, en total fueron 46 camiones tolva, un camión de combustible, dos retroexcavadoras, una camioneta y una motoniveladora los afectados por el fuego. Además, uno de los guardias resultó con lesiones de consideración producto de los golpes.

Vínculo con la WAM

Para justificar la teoría de que la WAM estuvo detrás del ataque, pese a que todavía la organización no se haya adjudicado el mismo, el Ejecutivo expuso en la querella un análisis a las leyendas de los lienzos encontrados, tanto en este como en otros hechos de similares características ocurridos en el último tiempo en la zona.

En el atentado a la central china, se encontraron pancartas con los mensajes “Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. (presos políticos mapuche). Yordan Llempi, Matías Catrileo, presente en el Weichan (lucha). Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”.

Solicitudes que, según plantea el Gobierno, son “compatibles en principio con las exigencias de la orgánica radical Weichán Auka Mapu, conocida bajo las siglas WAM, quienes se adjudicaron diversos atentados incendiarios ocurridos en la zona”.

En efecto, el Ejecutivo recordó una serie de hechos ocurridos entre 2023 y 2025 que sí fueron adjudicados por la WAM:

-9 de marzo de 2023, Freire (Ruta S-60)
-30 de octubre de 2023, Vilcún (Ruta S-273)
-18 de diciembre de 2023, Contulmo (Ruta P-708)
-20 de diciembre de 2023, Lota/Chivilingo (Ruta 160)
-18 de marzo de 2024, Vilcún (Ruta S-323)
-11 de septiembre de 2024, Vilcún (Fundo Mira Sierra)
-12 de noviembre de 2024, Lebu (sector El Coihue)
-27 de diciembre de 2024, Padre Las Casas (Ruta 5 Sur)
-1 de enero de 2025, Los Álamos (Pitrinco)
-9 de marzo de 2025, Arauco (Fundo Troppen)

El nombre que se repite en la mayoría de los lienzos encontrados en esos sitios del suceso es el de Luis Tranamil, mismo que apareció en el ataque a las obras de la central china en Santa Bárbara.

El aludido Tranamil cumple actualmente condenas que suman 32 años de cárcel por su participación en el asesinato del carabinero Eugenio Naín en octubre de 2020, durante un operativo de despeje de la Ruta 5 Sur. En efecto, Tranamil terminó condenado a 17 años de presidio, en calidad de coautor del delito consumado de homicidio de carabinero en servicio; otros 10 años y un día de presidio, como coautor del delito frustrado de homicidio de carabinero en servicio; y 5 años y un día de presidio, por el delito de homicidio frustrado del conductor de un camión.

WAM o descolgados

A juicio del Gobierno, estos hechos “permiten relacionar el atentado denunciado en la presente querella con otros ocurridos en la macrozona y que han sido adjudicados por la orgánica radical WAM”.

Otras fuentes de este medio, sostienen que podría también tratarse de individuos descolgados de esa orgánica.

En esa línea, plantean que se trata de una agrupación “constituida por más de tres personas, permanente en el tiempo, que cuenta con una organización interna y pretende el control territorial de gran parte de la macrozona, realizando exigencias a la autoridad relacionadas con la libertad de quienes denominan presos políticos mapuche, cometen sabotajes y atentados incendiarios en contra de particulares y empresas, con el fin de desalentar inversiones y lograr que abandonen dicha zona, compartiendo el mismo modus operandi que desborda en una violencia descontrolada y usos de armas de fuego”.

Eso sí, el Ministerio de Seguridad Pública aclara que, a diferencia de los demás hechos enlistados, los atentados ocurridos en la comuna de Santa Bárbara no han sido reivindicados a la fecha de la presentación de esta querella y bien pueden ser adjudicados por otra orgánica radical de la estructura y entidad suficiente para cometer el ilícito, cuestión que deberá ser esclarecida por la investigación”.

Con todo, la querella fue declarada admisible por le Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, siendo los antecedentes remitidos al Ministerio Público. Las diligencias están a cargo de distintas unidades especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI), que conformó un grupo de trabajo específico para dar con los responsables.