Una fuerte controversia sacude al sistema público de salud luego de que se conociera que la directora del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ), Andrea Quiero Gelmi, accedió a una endoscopía en el Hospital de Quilpué en circunstancias que hoy son investigadas por la Contraloría General de la República.
El procedimiento se realizó el 23 de octubre de 2025 en dependencias del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) del recinto hospitalario, y ha generado cuestionamientos debido a que, en esa fecha, más de 900 pacientes se encontraban en lista de espera para el mismo examen en la zona.
Denuncia y posibles irregularidades
Según antecedentes recopilados, la gestión para concretar la atención habría sido realizada por la subdirectora de Gestión Asistencial del SSVQ, Denise Cataldo Urbina. La denuncia, de carácter anónimo, sostiene que la directora habría accedido al procedimiento “saltando la lista de espera”, lo que podría constituir una vulneración al principio de probidad administrativa.
Además, se apunta a la participación del director del hospital, Jimmy Walker Vergara, y de la subdirectora de Gestión del Cuidado, Alejandra Ramos, en la coordinación del procedimiento.
El documento enviado a Contraloría también cuestiona que se habrían destinado recursos médicos exclusivos para la atención de la autoridad, lo que agrava la situación considerando la alta demanda existente.
Investigación en curso
A raíz de la denuncia, la Contraloría inició un proceso de recopilación de antecedentes para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Entre los puntos clave se busca establecer si hubo trato preferencial indebido o uso de influencias para acceder a prestaciones de salud.
El procedimiento fue realizado en horario laboral por el médico Eduardo Núñez Núñez, lo que también forma parte de la revisión en curso.
Caso similar en el sistema de salud
Este episodio guarda similitudes con otro caso ocurrido el 23 de diciembre de 2025, que involucró a la madre de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera. En esa oportunidad, se denunció que habría recibido atención preferente en el Hospital del Salvador tras gestiones internas.
Ambos casos motivaron la apertura de sumarios administrativos por parte de Contraloría, en el marco de eventuales infracciones al principio de igualdad en el acceso a la salud pública.
Cuestionamientos éticos
El caso ha reabierto el debate sobre la equidad en el sistema sanitario y el uso de redes de poder dentro de instituciones públicas. De comprobarse irregularidades, las autoridades involucradas podrían enfrentar sanciones administrativas.
Por ahora, la investigación sigue en curso y se espera que los resultados permitan esclarecer si existió o no un uso indebido de influencias en perjuicio de los pacientes en lista de espera.
