La discusión sobre las plataformas de apuestas online que operan en Chile volvió a instalarse en la agenda pública tras la publicación de una nueva resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), que establece mecanismos para que empresas extranjeras dedicadas a apuestas deportivas, casinos virtuales y juegos de azar cumplan con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los servicios prestados a usuarios nacionales.
Desde el organismo encabezado por Jorge Trujillo precisaron que la medida tiene un carácter exclusivamente tributario y que no implica una autorización ni un pronunciamiento respecto de la legalidad de estas plataformas en el país.
Según explicaron, la resolución busca fortalecer la fiscalización y mejorar la recaudación de impuestos asociados a servicios digitales prestados desde el extranjero, en línea con las facultades que posee el servicio en materia tributaria.
Cuestionamientos desde la industria
La iniciativa surge en un contexto marcado por los fallos de la Corte Suprema que han determinado la ilegalidad de diversas plataformas de apuestas online y ordenado el bloqueo de múltiples sitios que operaban en territorio nacional.
En ese escenario, la resolución del SII generó críticas por parte de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Su directora ejecutiva, Cecilia Valdés, cuestionó el alcance de la medida y advirtió que podría interpretarse como una forma de regularización indirecta para operadores que actualmente no cuentan con un marco legal que autorice su funcionamiento en Chile.
“Esta resolución desconoce años de discusión legislativa sobre la materia y opera como una regularización encubierta de plataformas que hoy se encuentran al margen de la normativa vigente”, señaló la representante gremial.
Debate abierto
La controversia se suma a la discusión que desde hace varios años se desarrolla en el Congreso respecto de la regulación de las apuestas online, industria que ha experimentado un importante crecimiento en el país, pero que aún carece de una legislación específica que establezca reglas claras para su operación.
Mientras el SII insiste en que su resolución se limita a aspectos tributarios y de recaudación fiscal, los actores de la industria sostienen que cualquier medida relacionada con estas plataformas debe considerar el debate sobre su legalidad y el marco regulatorio que actualmente se encuentra pendiente de definición.
De esta forma, la resolución vuelve a poner en el centro de la discusión la necesidad de avanzar en una normativa que otorgue certeza jurídica tanto a los operadores como a los usuarios, en un mercado que continúa creciendo pese a las controversias regulatorias.
