El Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició el análisis de posibles acciones judiciales contra la senadora Camila Flores, en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco que actualmente lidera la Fiscalía Regional de Valparaíso.
La revisión se da luego de que el organismo recibiera los antecedentes recopilados por el Ministerio Público de Chile, los que están siendo evaluados para determinar si corresponde presentar una querella en defensa de los intereses del Estado.
De acuerdo con los antecedentes preliminares conocidos públicamente, la investigación se originó a partir de una denuncia anónima ingresada en 2025. Esta apunta a la posible existencia de un mecanismo irregular durante el periodo en que Flores se desempeñaba como diputada, entre 2018 y 2025.
Las indagatorias apuntan a un eventual esquema en el que asesores parlamentarios habrían sido obligados a devolver parte de sus remuneraciones, práctica que —de comprobarse— podría configurar delitos de fraude al fisco y eventuales ilícitos asociados a corrupción. El monto del perjuicio fiscal estimado alcanzaría cifras cercanas a los $300 millones.
Desde la Fiscalía, el caso se encuentra actualmente en etapa investigativa y bajo reserva, mientras se realizan diligencias como toma de declaraciones, revisión de contratos y levantamiento de información financiera para esclarecer los hechos.
En paralelo, el CDE mantiene coordinación con los fiscales a cargo para evaluar el mérito jurídico de los antecedentes, lo que podría derivar en la presentación de una acción judicial autónoma, como una querella criminal, en caso de acreditarse daño al patrimonio público.
Por su parte, la senadora ha rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas, y ha señalado que colaborará con la investigación. Asimismo, desde su entorno se ha indicado que no existe ningún mecanismo irregular y que los pagos a asesores se han realizado conforme a la normativa vigente del Congreso.
Este caso se suma a otras investigaciones recientes relacionadas con el uso de asignaciones parlamentarias en Chile, reabriendo el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en el uso de recursos públicos por parte de autoridades electas.
La evolución de la causa y la eventual decisión del CDE serán claves para definir el curso judicial del caso en las próximas semanas.
