Una intensa controversia política se desató luego de que se conociera el plan de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, el cual podría alcanzar los $5,4 billones hacia 2027 e impactar a 142 programas estatales, en el marco de la planificación presupuestaria de los próximos años.
Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa como parte de una estrategia orientada a recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos por el eventual efecto que podrían tener los recortes en políticas sociales consideradas clave.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las críticas y descartó que medidas como becas estudiantiles o beneficios de alimentación escolar se vean afectados. Según explicó, los ajustes estarían enfocados en programas que han recibido evaluaciones deficientes por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Pese a ello, sectores opositores advirtieron que será complejo implementar una reducción de esta magnitud sin consecuencias sociales relevantes.
En esa línea, la exministra del Trabajo y excandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, calificó la propuesta como “irresponsable”, cuestionando la forma en que se ha comunicado la medida y el manejo político del proceso.
Desde el oficialismo, en tanto, respaldaron la iniciativa. La diputada Chiara Barchiesi sostuvo que el ajuste responde a la necesidad de ordenar las finanzas públicas y aseguró que los eventuales recortes apuntarían a programas que no han mostrado resultados satisfactorios.
El debate continúa abierto en el ámbito político, mientras la oposición mantiene estado de alerta frente al avance de una medida que promete marcar la discusión económica y social de los próximos años.
