Arturo Correa Cuevas, el abogado que en medio de una negociación “secreta” con la Compañía General de Electricidad (CGE) se terminó embolsando $2.870 millones, es hoy blanco de una investigación por delitos tributarios. Fruto de denuncias de exclientes suyos en el marco de una investigación penal por delitos de corrupción, el Servicio de Impuestos Internos (SII) auditó sus ingresos durante el ejercicio comercial de 2019 y 2020, descubriendo que no declaró la totalidad de sus ingresos.
En concreto, según plantea el órgano fiscalizador, el jurista omitió maliciosamente información que provocó un perjuicio fiscal de más de $1.367 millones. El profesional, a juicio del libelo, no traspasó a las arcas fiscales el dinero correspondiente al Impuesto Global Complementario, como consecuencia de las grandes sumas recibidas durante ese tiempo.
En total, de los $2.870 millones recibidos por correa Cuevas como consecuencia del acuerdo que pactó “a espaldas” de sus clientes, $2.500 millones corresponden a su porcentaje (50%) por honorarios y $370 millones por su representación en las demandas ambientales que iniciaron los municipios de Marchigüe y Paredones. Ambas contrataron al mismo abogado.
El acuerdo en cuestión, que fue factor en la presentación de la querella del SII, fue revelado en diciembre del año 2024 por la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Los hechos
De acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por BBCL Investiga, consecuencia de una revisión de sus antecedentes tributarios, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ingresó el 25 de abril recién pasado una querella en contra del abogado.
En el libelo, firmado por el director del SII, Javier Etcheberry Celhay, se enumeran dos hechos constitutivos de delitos tributarios que fueron detectados por la repartición.
En concreto, se sostiene en la querella que el abogado hizo una presentación del Formulario 22 “maliciosamente incompleta” durante la Operación Renta 2020: dejó fuera de su declaración los $2.500 millones que recibió como parte de sus honorarios por los servicios prestados a privados afectados por los incendios.
“Ocultó parte de los ingresos que obtuvo durante el ejercicio comercial 2019, puesto que se evidenció que en ese año, durante el mes de julio específicamente, percibió indemnizaciones pagadas por la CGE, que fueron pagadas a través de cheques a nombre de Arturo Cristian Correa Cuevas, sin nominar ni cruzar, y fueron depositados en la cuenta corriente del Banco Bice del hermano del contribuyente auditado, don Cristian Correa Cuevas”, reza el escrito.
En consecuencia, el jurista consiguió disminuir “maliciosamente” la base imponible que sirvió para calcular el Impuesto Global Complementario que debía pagar durante el año tributario 2020, provocando un perjuicio fiscal que, a marzo de 2025, se calculó en poco más de $1.204 millones.
Como si no fuera suficiente, en la Operación Renta de 2021 tampoco incluyó los $370 millones que le pagó la CGE por concepto de sus honorarios por los servicios prestados a los municipios.
“Los alcaldes de ambos municipios celebraron una transacción con la empresa CGE S.A., en la que se acordó que cada entidad edilicia recibiría la suma de $500.000.000, y que los honorarios del abogado patrocinante de los municipios, Arturo Correa Cuevas, por el monto $370.000.000 serían pagados por CGE, el que fue pagado a través de un vale vista a nombre del Correa Cuevas con fecha 3 de julio del 2020”, sostiene la presentación en tribunales.
Al no incluir ese monto en el Formulario 22, provocó un perjuicio fiscal de casi $164 millones correspondientes al dinero que no pagó por concepto de Impuesto Global Complementario.
Ambas conductas son constitutivas de delito tributario, según consta en el artículo 97 Nº5 del Código Tributario.
Intento fallido
Para intentar ocultar sus movimientos y defraudar al fisco, según el SII, Correa Cuevas emitió durante 2019 un total de 11 facturas por $2.400 millones desde la Sociedad de Inversiones y Asesorías San Agustín Limitada, de la que es representante legal y participa con el 1% de las acciones. El porcentaje restante se lo reparten sus cuatro hijos: el corredor de seguros Arturo Correa Guzmán (25%), la abogada María Paz Correa Guzmán (25%), el ingeniero comercial Agustín Correa Guzmán (25%) y el egresado de Derecho Clemente Correa Guzmán (1%).
Según planteó el SII, ese dinero “correspondería a parte de los servicios” que “fueron prestados personalmente por Correa Cueva”, sumándose a eso que “dicha sociedad no tiene el giro ni actividades económicas relacionadas a servicios de asesoría jurídica o relacionados”.
“(…) al ser un contribuyente gravado con impuesto de Primera Categoría, correspondió aplicarle una tasa de 27%, todo lo anterior con el claro fin de no realizar el pago del Impuesto Global Complementario que le compete a un sujeto afecto a impuesto de Segunda Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no obstante que fue Correa Cuevas, quien prestó los servicios profesionales directamente, ejerciendo su profesión de abogado”, detallan.
Con todo, el SII solicitó en el libelo que la fiscalía asigne la investigación a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI con la finalidad de que se tome declaración a Correa Cuevas y sus clientes en la causa contra CGE. En el listado de potenciales declarantes se incluyó también a quienes ejercían como alcaldes de Marchigüe y Paredones durante el periodo en que el jurista representó a los municipios en las demandas ambientales contra la compañía eléctrica.
Este medio intentó obtener un pronunciamiento de Arturo Correa Cuevas. Sin embargo, uno de sus abogados informó que no haría ningún comentario al respecto.
