En el Gobierno -en líneas generales- miran con buenos ojos la puesta en escena de la última cadena nacional del Presidente Boric. En horario AM y desde un cité, el Mandatario anunció lo que será el nuevo pacto fiscal. «Se buscó sorprender. Fue un riesgo que se tomó y que ha dado resultado», destacan en los pasillos de La Moneda tras la actividad que incluso contó con la colaboración de un alcalde amigo.
Este martes, a eso de las 11:00 de la mañana, el presidente Gabriel Boric dio un paso inédito en su administración: realizó una cadena nacional en horario matinal y desde fuera del Palacio de La Moneda.
El lugar de fondo elegido fue un cité en la comuna de Independencia, lo que generó reacciones y fue comentario obligado tanto en el Gobierno como en redes sociales.
Tras el fracaso inicial de la Reforma Tributaria, los equipos comunicacionales de Presidencia y la Secom tenían este martes el objetivo de mostrar al mandatario en terreno. El asunto incluso se conversó en el último comité político.
Concretamente, confidencian fuentes de Palacio, la intención fue reforzar un estilo cercano del Presidente y con un mensaje dirigido a los sectores populares. La idea era precisamente apuntar al combate a la pobreza y a las ayudas a la clase media. Especialmente tras los resultados positivos de la última Encuesta Casen.
RIESGO CALCULADO
Si bien La Moneda es un lugar protegido, en el Gobierno optaron por asumir el riesgo y desplazarse a un barrio popular. Según dicen en el Ejecutivo, entre los factores que inclinaron la decisión está la falta de restricciones de la normativa para cadenas nacionales y que -en líneas generales- el Presidente es bien recibido en eventos públicos.
Quienes presenciaron la puesta en escena sostienen que al llegar al lugar, Boric se acercó a los vecinos, conversó con ellos e incluso entró a una de las viviendas. A todos ellos, cuentan en el Gobierno, les avisaron de la actividad con antelación.
Lo cerrado del pasaje permitió evitar la mirada de transeúntes curiosos durante la grabación. Eso sí, el propio Presidente habría indicado que se siguiera grabando en caso de que ocurriera cualquier evento no deseado o no planificado.
“Hubo una decisión de que sea en un lugar inesperado y en un horario inesperado, que buscaba públicos distintos. Se buscó sorprender”, dice una fuente de Palacio requerida por Radio Bío Bío.
De acuerdo a fuentes de La Moneda, para elegir el lugar también colaboró Gonzalo Durán, alcalde de Independencia y militante de Convergencia Social, el partido del Presidente.
“Fue un riesgo que se tomó y que ha dado resultado”, admite tras la actividad un personero que siguió de cerca el proceso.
Y es que, en términos generales, al interior de La Moneda la evaluación de la cadena nacional fue positiva. Promediaron 20 puntos de rating y el mensaje tuvo buena llegada. Pero lo toman con mesura, dicen en los pasillos de Palacio.
Un “cuento del tío” habría ocurrido durante la noche del miércoles en un edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en calle Catedral 1575, pleno centro de Santiago.
Según fuentes de Radio Bío Bío, delincuentes habrían sustraído 23 computadores desde las dependencias de la cartera liderada por Giorgio Jackson (RD).
En dicho edificio no opera el gabinete del secretario de Estado, cuyas oficinas se encuentran dentro del palacio de La Moneda.
Personal del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros se encuentra en el lugar indagando lo ocurrido.
Los primeros antecedentes hablan de que todo se debería a un “cuento del tío”, donde un sujeto llamó y habría simulado ser el ministro Jackson para solicitar la entrega de 23 notebooks y una caja de seguridad, esto tras sufrir un accidente de tránsito en San Bernardo.
En el llamado, el sujeto señaló que su sobrino iría a retirar las especies. Sin embargo, finalmente llegaron tres sujetos con overoles blancos para llevarse el botín.
De momento, no existe una versión oficial desde el Ministerio de Desarrollo Social respecto de este ilícito.
Hoy se dio a conocer la tercera encuesta Cadem del mes de julio, donde se destaca una importante caída en la aprobación durante el último mes de los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social), Marco Antonio Ávila (Educación), Camila Vallejo (Segegob), Carlos Montes (Vivienda) y Jeannette Jara (Trabajo).
En relación a la medición de junio, Jackson cae 5 puntos 31%, Ávila también 5 puntos a 34%, Vallejo 7 puntos a 41%, Montes 10 puntos a 45% y Jara 11 puntos para llegar a 54%. Vallejo, Ávila y Jackson son los peores evaluados de todo el gabinete.
Tanto Montes como Jackson han estado en el ojo del huracán por el Caso Convenios que precisamente comenzó en junio cuando se revelaron millonarios convenios entre el Seremi de Vivienda de Antofagasta, el entonces militante de Revolución Democrática (RD), Carlos Contreras, y la fundación Democracia Viva ligada al también RD Daniel Andrade, pareja en ese momento de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez.
En el otro extremo, se encuentra el Ministro del Deporte Jaime Pizarro, que con 72% de aprobación, se mantiene como el mejor evaluado del gabinete. El subsecretario del Interior Manuel Monsalve se mantiene estable en 57%, al igual que Álvaro Elizalde (Segpres) con 54%, Mario Marcel (Hacienda) con 53% y Carolina Tohá (Interior) con 52%.
Por su parte, un 31% aprueba y un 63% desaprueba la gestión del Presidente Boric, sin cambios importantes con respecto a la semana pasada.
Respecto a la reforma de pensiones presentada por el gobierno, sólo el 18% declara estar muy o bastante informado. En este contexto, un 36% (2 puntos menos que en marzo) se muestra de acuerdo y 49% (6 puntos más que en marzo) en desacuerdo con la reforma.
Las principales razones que explican un rechazo mayoritario de la reforma de pensiones están asociadas a que el 80% quiere libertad de elección entre una AFP o una institución estatal, 90% espera que los fondos sean heredables y sólo 12% quiere que el 6% extra de cotización vaya en su totalidad a un fondo común solidario.
«Es muy impresionante la manera en que se ha perseguido a la familia del ministro», señaló la vicepresidenta Carolina Tohá sobre los dardos apuntados a Giorgio Jackson. De acuerdo a su visión, la oposición «pasó un límite» y no se puede convertir a una persona en un «chivo expiatorio» a raíz del caso Democracia Viva.
La vicepresidenta Carolina Tohá aseguró que se ha cruzado un límite respecto a las críticas que ha sufrido el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
A raíz del caso Democracia Viva, la oposición ha pedido insistentemente la renuncia del secretario de Estado por ser uno de los nombres más reconocidos de Revolución Democracia en La Moneda.
Incluso, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, aseguró que “puede ser el autor intelectual de esta defraudación que hemos visto por parte de las fundaciones”.
Sin embargo, Jackson ha negado rotundamente sus vínculos con alguno de estos actos y llamó a presentar pruebas a quienes lo critican.
El propio titular del Mideso y el GORE descartaron que exista un contrato entre ambas partes. “Nos parece lamentable que se juegue con la credibilidad de autoridades, instituciones del Estado y también de fundaciones de larga trayectoria”, aseguró la repartición de la RM.
El último antecedente es una llamada del ministro Jackson al conductor del programa Sin Filtro, Gonzalo Feito, en donde le habría pedido no hablar de su familia.
Tohá: “Se le ha acusado de ser jefe de una asociación ilícita”
En conversación con Radio Duna, Carolina Tohá dijo desconocer esta llamada, pero reconoció que “muchas veces los ministerios llaman a los medios de comunicación para contarles de un tema, para que se informe y para que se investigue”.
“Es muy impresionante la manera en que se ha perseguido a la familia del ministro Jackson. Creo que se ha pasado un límite, pero no me estoy refiriendo a la llamada”, agregó.
La vicepresidenta -quien asumió este cargo por la gira presidencial de Gabriel Boric- afirmó que las críticas a Jackson han sido “excesivas y reiteradas”.
“En el caso del ministro Jackson, creo que se han cruzado varios límites. Se le ha acusado de ser jefe de una asociación ilícita y se han dicho cosas tremendas”, expresó.
Finalmente, indicó que ella podría “tener muchas razones, más que muchos de los actuales críticos del ministro Jackson, para tener un encono con él”.
“En política se pueden tener críticas, se pueden tener sentimientos complicados, pero no se puede ocupar eso como una excusa para transformar a una persona en un chivo expiatorio de todo”, concluyó.
De acuerdo con el sondeo, la alcaldesa de Providencia obtuvo el 20% de respaldo, los que representa un aumento de cinco puntos respecto de la medición anterior.
Por su parte, el líder del Partido Republicano tuvo un descenso en su apoyo, alcanzando el 16% de las preferencias.
Entre los posibles candidatos presidenciales del oficialismo, el primer lugar lo tiene la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con un 7%. Le siguen la ex presidenta Michelle Bachelet y la ministra del Interior, Carolina Tohá, con un 5% de apoyo cada una.
Boric mantuvo su desaprobación
La encuesta Criteria también reveló que junto al aumento de dos puntos en un mes registrado en la aprobación a la gestión de Gabriel Boric, la desaprobación a su figura cayó un 51%.
Respecto de la labor del gobierno, el 36% dijo aprobarla, mientras que los que la desaprueban se mantuvieron en el mismo 56% de la edición anterior.
En ese mismo ámbito, el estudio estableció que los ministros más reconocidos por la ciudadanía están encabezados por Camila Vallejo (87%), Carolina Tohá (85%) y Giorgio Jackson (84%). Más atrás se encuentran Mario Marcel (68%) y Álvaro Elizalde (65%).
Proceso constituyente
Por otra parte, la encuesta Criteria también reveló que menos de un tercio de los que se sometieron a la medición está realmente interesado en el trabajo que desarrolla el Consejo Constitucional.
Solamente un 32% de los encuestados se mostró “bastante o muy interesado” del proceso, ocho puntos menos que en el mes pasado.
Y sólo un 33% estima que “es probable que el texto esté en sintonía con los intereses de la ciudadanía”, mientras que un 67% lo considera “poco probable”.
Con el objetivo de recuperar fachadas de inmuebles con alto valor patrimonial en la zona, el Gobierno Regional de Antofagasta asignó 630 millones de pesos a la Fundación ProCultura en octubre del año pasado. El convenio fue cuestionado por diputados de Renovación Nacional, quienes acusan que esta última no cuenta con el giro respectivo para llevar a cabo las labores que el programa en cuestión requiere.
Casi 630 millones de pesos fueron asignados por el Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta a la Fundación ProCultura, por medio de un convenio, para la recuperación de fachadas en inmuebles con valor patrimonial en la zona.
Eso sí, diputados de Renovación Nacional acusan que la fundación en cuestión no cuenta con el giro para realizar las labores por las cuales recibieron los recursos respectivos.
De acuerdo a información de Radio Bío Bío, el convenio con ProCultura fue suscrito por el gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, el 26 de octubre del año pasado.
Ante ello, se concretó la transferencia de $629.815.000, destinados para la ejecución del programa “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica, Antofagasta”.
Posteriormente, el 22 de noviembre de 2022, la contralora Regional de Antofagasta, Claudia Neira, tomó razón de la resolución que aprobó el convenio ya señalado.
Diputados cuestionan giro de Fundación ProCultura tras traspaso de dineros del GORE
Tras conocer el traspaso de recursos desde el Gobierno Regional de Antofagasta a ProCultura, los diputados de Renovación Nacional José Miguel Castro, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, cuestionaron que la fundación no cuenta con el giro para realizar las labores que contempla el programa mencionado.
Al respecto, los parlamentarios afirman las actividades económicas vigentes de la fundación corresponden a: Venta al por menor de libros en comercios especializados; Edición de libros; Otro tipos de enseñanza N.C.P y Fundaciones y Corporaciones: Asociaciones que promueven actividades culturales.
Por ello, cuestionan que ProCultura pueda cumplir “de manera oportuna y eficaz” las labores suscritas en el convenio.
Piden pronunciamiento de Contraloría
Debido a los antecedentes conocidos, los diputados de oposición solicitaron al contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que disponga una investigación.
Ello, con el objetivo de “determinar eventuales responsabilidades disciplinarias” en los hechos ya expuestos.
Al respecto, José Miguel Castro indicó que el contralor General de la República “debe pronunciarse con respecto al porqué visaron un trato directo a una fundación que pretendía arreglar y mejorar fachadas de mi región, si es que no tenía un giro para eso”.
“Es sumamente grave, porque si no confiamos en el buen quehacer de la propia Contraloría, estamos en el peor de los mundos”, agregó.
El parlamentario de RN no se detuvo allí, afirmando que “me pregunto, no será entonces por eso que quizás se han dado noventa días parando todas las transferencias de dinero o las visaciones con respecto a las fundaciones. ¿Han hecho bien la pega o no?.
El organismo habría asignado $160 millones a Fundación Visible en el marco del programa «Noche digna». Una organización «familiar y sin experiencia», según la senadora.
El Caso Convenios salpica al ministerio de Desarrollo Social, liderado por Giorgio Jackson. Específicamente, se acusa a la seremi de la Región de Atacama, encabezada por Yosselin Moyano (ligada a la Federación Regionalista Verde Social) de posibles irregularidades.
Este lunes, la senadora Yasna Provoste (DC) ingresó una denuncia a la Contraloría por la asignación de recursos desde la seremi de Desarrollo Social de la Región de Atacama a la Fundación Visible en el marco del programa «Noche digna», en su componente «Albergue protege Copiapó».
La parlamentaria señaló que la seremi asignó $160 millones a la Fundación Visible, con domicilio en la comuna de Antofagasta, organización creada en agosto del 2021 por una persona natural y sus dos hijas. «Una fundación familiar y sin experiencia», según la senadora.
Provoste indicó que «esta fundación se inscribió en el registro de colaboradores del Estado en marzo de este año, misma fecha en que se publicaron las bases y se llamó a concurso por el programa ‘Noche digna’ en Atacama. Según dicho registro, nunca había ejecutado programas públicos». Además, en la denuncia, la senadora explicó que la Fundación Visible no tenía una experiencia mayor a dos años en apoyo a personas en situación de calle. «Sin infraestructura, ni oficinas en Atacama, ni redes en la región», acusó Provoste.
A pesar de las carencias identificadas por la legisladora, la seremi de Atacama calificó a la fundación con una nota de 5,3 y le asignó $160 millones para gestionar un albergue, que según Provoste ya estaba en funcionamiento. Por lo anterior, “acudimos a la Contraloría para que se realice una auditoría en la entrega delos recursos del plan Noche digna para la Región de Atacama. Ya van varios casos en la región que debe ser identificados”, señaló la senadora DC.
En medio del escándalo que sacude al partido Revolución Democrática, luego de revelarse el contrato vía trato directo entre la Seremi Minvu de la región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío descubrió que hay una serie de otras fundaciones u organizaciones sin fines de lucro que han recibido recursos de la misma seremi y que tienen algo en común: son pro Gobierno. De hecho, sus líderes hicieron campaña por el hoy Presidente Boric y en otros casos por el Apruebo. Contratos que solamente en esa región totalizan más de $3 mil millones. Incluso, en una de las fundaciones trabajó Irina Karamanos.
El escándalo que protagoniza por estos días la fundación Democracia Viva, ligada al entorno de la diputada del partido Revolución Democrática, Catalina Pérez, ha abierto una verdadera caja de pandora sobre la asignación de recursos de forma directa a fundaciones en la región de Antofagasta para el trabajo en campamentos de la zona.
El caso, dado a conocer por el medio local Timeline, reveló la molestia de los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta por la asignación de recursos de forma directa a al menos siete fundaciones bajo el contexto de “habitabilidad primaria” para campamentos. La situación escaló a tal nivel que hoy la Fiscalía Regional está investigando el caso.
Si bien hasta ahora solo se sabía del millonario traspaso a la fundación Democracia Viva, no deja de llamar la atención las cuantiosas sumas que la misma seremi ha transferido a instituciones que no persiguen como fin erradicar los campamentos, sino que entregar medidas transitorias a lugares usurpados.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío descubrió que hay una serie de otras fundaciones que han recibido recursos públicos de la misma Seremi Minvu de Antofagasta y que tienen algo en común: son pro Gobierno y sus líderes son cercanos al oficialismo.
La lista la encabeza la Asociación Campamento de Ideas, que según los registros ha recibido nueve asignaciones directas por un monto de $797.593.752. El presidente y socio fundador de la organización es Ernesto Espinoza Illanes, quien en sus redes sociales compartió imágenes apoyando al entonces candidato Gabriel Boric. Sin ir más lejos, en su perfil de Instagram colgó el 19 de diciembre de 2021 una fotografía con la opción “1”, la misma que ocupaba en la papeleta Boric.
Su directora ejecutiva es Karen Christie, exfuncionaria del Gobierno Regional de Antofagasta y cercana al exsenador por esa región Alejandro Guillier Álvarez. Hasta ahora públicamente se desconocen las rendiciones de gasto, pese a que las transferencias son millonarias.
La segunda de la lista es la Fundación ProCultura. Esta fundación es muy conocida por el presidente Boric, puesto que su pareja Irina Karamanos trabajó por cerca de un año en esta institución. Incluso, explicaron desde la propia entidad, Karamanos estuvo encargada del Área Educación, específicamente, de un proyecto que desarrollaron en Rapa Nui.
ProCultura, que fue contactada por la Seremi Minvu de Antofagasta, recibió en el mismo periodo que Democracia Viva la asignación de $500 millones de pesos. Al igual que en los otros casos, el objetivo del contrato fue para “la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”, consigna el documento.
Su director ejecutivo y socio fundador es Alberto Larraín Salas. Este, de profesión médico psiquiatra, colaboró con la campaña del actual mandatario e incluso ha participado en mesas convocadas por el Ejecutivo (vea entrevista a Larraín al final del artículo).
A ProCultura y a la Asociación Campamento de Ideas, se suma la Fundación Urbanismo Social, quien es otra de las organizaciones que ha recibido financiamiento. En el último trimestre de 2022, a Urbanismo Social se le transfirió la suma de $577 millones desde la Seremi Minvu de Antofagasta.
Esta fundación la dirige una persona que es conocida por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Se trata de Pilar Goycoolea Ferrer, quien es consejera del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del Gobierno.
Las actividades que Urbanismo Social desarrolla tienen buena convocatoria de políticos. Si Democracia Viva atraía a militantes del Frente Amplio, esta organización ha contado con la asistencia a sus eventos del ministro Carlos Montes, del Gobernador de Santiago, Claudio Orrego; la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, entre otros actores que alguna vez se identificaron con la Concertación.
Goycoolea dejó rastros en redes sociales sobre su posición en favor del “Apruebo”. De hecho, defendió, junto a una serie de profesionales, la definición sobre acceso a la vivienda del texto que presentó la extinta Convención Constitucional.
Incluso, dentro de las redes sociales de la citada fundación, el 20 de diciembre de 2021, un día después del triunfo de Boric, Urbanismo Social publicó que “el resultado de ayer nos obliga a seguir aportando para avanzar en cambios profundos que fortalezcan la cohesión social y se reduzcan las desigualdades”, temáticas que formaban parte del programa del hoy Presidente de la República.
Otra de los contratos que también se firmaron en el último trimestre del año pasado fue con Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra. Esta organización recibió $430 millones con el mismo fin: trabajar en mejorar de forma transitoria la vida en campamentos de la región de Antofagasta.
Movimiento Fibra la preside su socia fundadora que es Mery Ortiz Donoso, también cercana al Gobierno, como muestran sus redes sociales. Esta organización fue promotora del Apruebo y del candidato Gabriel Boric. Pero hay un dato más. En una página web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se presenta al Movimiento Fibra como una “red de profesionales de diversas disciplinas que genera espacios de colaboración en torno a temáticas del arte-educación”. Sin embargo, esta vez los dineros no vienen de Cultura, sino de la Seremi Minvu de Antofagasta.
CONTRALORÍA
Luego que el medio electrónico Timeline de Antofagasta hiciera público los alcances del millonario contrato de Democracia Viva, fundación que tenía menos de un año desde su creación, la Contraloría General de la República (CGR) de la zona inició el análisis de los antecedentes.
El conducto regular en estos casos es que el ente fiscalizador oficie en las próximas horas a la Seremi Minvu de Antofagasta pidiendo al “convenio de transferencia de recursos para la ejecución de diagnósticos socio territoriales” con la Fundación Democracia Viva.
Sin embargo, fuentes que conocen sobre estos procesos explicaron que lo que debería ocurrir es establecer un tiempo específico a indagar para levantar por medio de oficios todos los documentos que se firmaron con fundaciones en dicha repartición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Todo esto con la finalidad de revisar los “convenios” directos sin concurso y verificar que se cumplan las reglas establecidas.
Frente a este escenario, sería factible que no solamente se indague a Democracia Viva, sino que se revisen las firmas de al menos 6 documentos que totalizan $3 mil millones públicos entregados en un corto plazo.
Respecto a las advertencias que levantaron trabajadores, finalemtne señalar que según datos que se evaluaron regionalmente, en la decisión de otorgar estas multimillonarias asignaciones la decisión pasó por el Seremi Carlos Contreras y no por el Servicio de Vivienda y Urbanismo. De hecho, recién el 7 de febrero pasado el presidente nombró al director regional del Serviu en Antofagasta, tras un largo concurso público.
CIFRAS
Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Antofagasta es la cuarta región con más campamentos del país. El primer lugar lo ocupa Valparaíso con 235 asentamientos irregulares y 18.405 hogares; le sigue la región Metropolitana con 142 campamentos y 13.392 familias; Tarapacá ocupa el tercer lugar con 55 campamentos y 9.300 hogares; y cierra Antofagasta con 85 asentamientos que suman 7.384 familias.
Las mismas cifras del Minvu dan cuenta que en los últimos cinco años los campamentos vienen en aumento. En algunos casos estos se han dado a través de usurpaciones de predios en comunas importantes que han dado vida a focos de delincuencia e incluso aprovechamiento concreto de negocios irregulares. Ejemplo de esto es lo ocurrido con el empresario Alejandro Correa.
ALBERTO LARRAÍN
Desde el momento en que saltó la noticia sobre Democracia Viva, el médico psiquiatra y fundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, endureció el tono contra el partido que creó Giorgio Jackson y que milita la diputada Catalina Pérez.
De hecho, a través de sus redes sociales, Larraín sostuvo que todo lo sucedido le “hacía un daño” a las fundaciones que trabajan ayudando al Estado en el día a día. Mensaje que tuvo respuesta del hermano del Presidente, Simón Boric, el cual lo llamó a no hacer “leña del árbol caído” en referencia a Revolución Democrática.
Larraín accedió a conversar con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. Reconoció de entrada que Irina Karamanos fue funcionaria de su fundación, la cual estuvo encargada de un programa del Área Educación, trabajando directamente con la isla Rapa Nui.
Además, el médico sostiene que “llevan 14 años trabajando”, y que incluso durante la administración de Sebastián Piñera también tuvo relaciones estrechas en el trabajo social.
– Ustedes, al igual que Democracia Viva, recibieron dineros en las mismas fechas desde la Seremi de Antofagasta vía trato directo. ¿Qué pasó con eso?
“Lo primero es que genera una molestia muy grande a raíz de que este es un proceso que uno concurre por solicitud del Ministerio de Vivienda. El Minvu es el que hace el llamado a las distintas fundaciones que están presentes en la región para poder ejercer acciones que el municipio no podía ejercer y se nos solicita participar en una condición donde hay una serie de comunidades bastante vulnerables. Nosotros tenemos un convenio marco con el Ministerio de Vivienda desde la administración pasada, donde habíamos ejercido varias acciones de distintos niveles, en distintas complejidades de proyectos. Entonces, en ese sentido, teniendo el convenio marco nos pareció de suyo que efectivamente uno pudiera contribuir a lo que las comunidades van requiriendo”.
“Ahora, ¿cuál es la molestia? ¿Por qué surge esta molestia? Porque este problema se hubiera evitado plenamente si las condiciones mínimas que se nos exigieron a nosotros para firmar el convenio en el primer momento, que era tener una cierta cantidad de años de existencia, que era tener experiencia demostrable en los trabajos, que era tener una cierta cantidad de rendiciones, una cantidad de recursos mínimos que pudiéramos demostrar en término de espalda financiera, se le hubiera ejecutado a las otras fundaciones. O sea, si en el caso de Democracia Viva se hubiera aplicado solamente el tema del tiempo, de años, que antes era mínimo 5 años, todo este problema se hubiera evitado”.
“Ahora, hoy día no solamente está el manto de duda en nosotros, sino que hay campamentos que son abandonados nuevamente en una condición de extrema vulnerabilidad y termina generando que aquellos que estamos haciendo bien la pega y que nos esforzamos porque las comunidades puedan tener proceso de desarrollo, terminamos siendo cuestionados”.
– Esos $500 millones ustedes los ejecutan. ¿Les revisan eso? ¿Cómo es el mecanismo?
“Lo primero es que efectivamente se transfiere la plata y primero se saca un seguro. Un seguro para que los recursos no puedan ser mal habidos o no se puedan establecer de mala manera. Sean boletas de garantía, o sean póliza. Esos recursos se rinden de manera periódica y hay tanto una supervisión técnica como una financiera. Además está acompañado de un proceso de registro de lo que se está haciendo en el territorio. Hay visitas periódicas de lo que se está haciendo y en el caso de estos proyectos, la fundación subsidia parte del costo porque ninguno de estos proyectos se viabiliza con los dineros entregados por el Minvu”.
– En el caso de ustedes cuando hablamos de materializar ¿eso conlleva algo tangible? No es un seminario…
“Son cosas tangibles. Por ejemplo, hay proyectos que son de habilitación primaria. Entonces pueden ser la habilitación de una sede social, en el caso de otras comunas hemos pavimentado calles o eventualmente haces el tema de electrificación, de saneamiento. En otras regiones estamos con procesos de urbanización”.
– ¿Irina Karamanos cuando trabajó estuvo en desarrollo de proyectos?
“La Irina trabajaba en el área de educación. Específicamente generando material y en vinculación a los temas de lengua que es parte de lo que ella estudió. Trabajó en los proyectos que hacíamos en Rapa Nui”.
Larraín, que reconoce que la polémica tiene un fundamento y que Revolución Democrática debe responder, planteó que es necesario abrir el debate sobre el rol de las fundaciones. De hecho, afirmó creer que “la arista que se abre acá o la pregunta más de fondo es si el Estado quiere o no esta colaboración, donde además nosotros ponemos otros recursos, que son adicionales a los que el Estado pone. Ante eso la pregunta es si Chile cree que el Estado tiene que seguir administrando todo a su ritmo y a su forma”.
Y agregó que otro pilar del debate es que deberían haber más medidas de transparencia y rigurosidad sobre los recursos. Sobre todo porque da más tranquilidad a las fundaciones y al Estado mismo. También explicó que ellos sometieron a la fundación a una auditoría externa el año pasado, específicamente cuando partió el gobierno a raíz de que Irina Karamanos había trabajado con ellos y sabían que eventualmente podía pasar que alguien quisiera auditar la fundación.
Ambos secretarios de Estado tuvieron una fuerte caída en su aprobación. Mientras la de Ávila fue de 17 puntos, la de Aguilera fue de 16.
En ambos casos la desaprobación, incluso, supera la aprobación. Mientras que el titular de Educación cuenta con un 59% y 39%, respectivamente; la titular de Salud logró 50% y 47%.
Con respecto a la crisis sanitaria por los virus respiratorios, un 71% desaprueba la gestión del Gobierno en esta materia. A eso se suma que un 86% cree que el Ministerio de Salud no se preparó adecuadamente.
En relación a los resultados del Simce, un 48% cree que la educación escolar en los últimos 10 años ha empeorado en nuestro país y un 57% apunta a que fue negativo que los colegios se mantuvieron cerrados por más de 100 días durante la pandemia.
Cifras de Gabriel Boric también se vieron afectadas
En esta nueva edición de la Encuesta Cadem, la aprobación del presidente Gabriel Boric también continuó a la baja con respecto a la semana pasada. En esta oportunidad, bajó tres puntos y llegó a un 30%.
En tanto, la desaprobación siguió al alza y subió tres puntos, llegando a un 65%.
Diputados de la UDI pidieron al Ministerio Público que inicie una investigación por los convenios que firmó el ahora exseremi de Vivienda de Antofagasta con una fundación representada por la pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Los legisladores indicaron que este caso puede presentar antecedentes constitutivos de delitos.
El pasado sábado renunció el seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, luego de que se conociera de tres convenios que firmó con la Fundación Democracia Viva, vinculada a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Se trata de Daniel Andrade, quien es el representante legal de la organización que firmó tres convenios que suman $426 millones de pesos y que se orientan a intervenciones para erradicar los campamentos en Antofagasta.
Sumado a lo anterior, también se conoció que el ahora exseremi del Minvu, Carlos Contreras, trabajó como asesor de la legisladora durante el 2020.
El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, si bien apreció la decisión de la vicepresidenta de la Cámara, señaló que espera que la justicia se haga cargo de perseguir a los responsables.
Desde la Directiva de Revolución Democrática, afirmaron que se presentó una solicitud de medida cautelar ante Tribunal Supremo del partido, con el fin de que sus militantes, Daniel Andrade y Catalina Pérez, entreguen todos los antecedentes pertinentes para resolver la investigación.
