Luego de la Cuenta Pública presidencial programada para el próximo 1 de junio, el Gobierno iniciará una nueva etapa legislativa con el ingreso al Senado de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional, conocida también como “Ley Miscelánea” o “megarreforma”. La iniciativa, que ya superó su primer gran escollo en la Cámara de Diputados, enfrentará ahora un escenario político más estrecho y negociaciones que podrían extenderse por varios meses.
El proyecto impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast incluye más de 40 medidas económicas, tributarias, laborales y regulatorias. Entre sus principales ejes destacan la rebaja gradual del impuesto corporativo, incentivos a la inversión, beneficios tributarios para adultos mayores y mecanismos de estímulo al empleo.
En la Cámara Baja, la propuesta fue aprobada por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, resultado que el Ejecutivo celebró como una de sus victorias legislativas más importantes desde el inicio del mandato. Sin embargo, el panorama en el Senado aparece mucho más incierto.
Desde la oposición ya anticipan una discusión extensa y más técnica. Parlamentarios opositores han señalado que el trámite podría prolongarse “por meses”, advirtiendo que el oficialismo llega a la Cámara Alta con una mayoría “al límite” y sin el respaldo del Partido de la Gente (PDG), colectividad que fue clave para destrabar la votación en Diputados.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, adelantó que el objetivo será abrir espacios de diálogo y construir acuerdos transversales antes de avanzar con las votaciones más sensibles del proyecto.
El debate también ha estado marcado por cuestionamientos sobre el impacto fiscal de la reforma. Diversos sectores de oposición y organismos técnicos han advertido que algunas medidas podrían tensionar las finanzas públicas en un contexto de bajo crecimiento económico y estrechez fiscal.
Con este nuevo escenario, el Senado se prepara para convertirse en el principal campo de disputa política del Gobierno durante las próximas semanas, en medio de negociaciones que serán decisivas para el futuro de la mayor reforma económica impulsada por La Moneda en 2026.
