El jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre los efectos que podrían tener las modificaciones presupuestarias y legales en el funcionamiento del organismo, sus atribuciones y su capacidad para desarrollar labores en la Región de O’Higgins.
La continuidad de las operaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la Región de O’Higgins genera preocupación ante las proyecciones de un eventual cierre de su sede regional, en medio de cambios presupuestarios y legales que podrían afectar el trabajo de la institución.
La alerta fue planteada por el jefe regional del organismo, quien advirtió que las modificaciones podrían limitar tanto las atribuciones del instituto como su capacidad operativa para cumplir con sus funciones en el territorio.
El escenario abre interrogantes sobre la continuidad de las labores de promoción y protección de los derechos humanos en la región, así como sobre la capacidad de respuesta institucional frente a situaciones que requieran seguimiento, orientación o intervención dentro de sus competencias.
Reforma contempla cambios en la estructura y presencia regional
Entre las medidas contempladas en la propuesta de reforma del Ejecutivo para 2027 se encuentran la reducción del Consejo Directivo de 11 a cinco integrantes, la eliminación de la facultad de presentar querellas criminales y cambios en la organización territorial del organismo.
Según los antecedentes del proyecto, el informe financiero estima una reducción del 50% de la dotación regional y del 70% de los abogados de la unidad de protección. Estas medidas podrían afectar la capacidad del INDH para mantener su presencia fuera de Santiago.
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Impacto en la protección de los derechos humanos
El jefe regional, David Bahamondes, planteó que el trabajo del INDH cumple una función específica en la fiscalización de posibles abusos o vulneraciones cometidas por agentes del Estado.
En la Región de O’Higgins, el organismo ha intervenido en causas vinculadas con trata de personas, explotación sexual y trabajo forzado, además de mantener acciones judiciales por presuntos apremios ilegítimos y realizar fiscalizaciones en establecimientos de larga estadía para adultos mayores.
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La eventual reducción de sus capacidades regionales abre el debate sobre cómo se garantizará la continuidad de estas labores y qué mecanismos permitirán mantener la protección de los derechos fundamentales en las distintas comunas.
Por ahora, el eventual cierre de la sede de O’Higgins se plantea como una proyección asociada a los cambios presupuestarios y legales en discusión, y no como una medida de cierre ya confirmada.
Fuente: El Tipógrafo. Leer noticia original
