El expresidente declaró por escrito en una investigación judicial por presunto encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Rechazó categóricamente que durante su administración se hubiese elaborado un documento con instrucciones para que Augusto Pinochet fingiera problemas de salud mental y pudiera regresar a Chile tras su detención en Reino Unido en 1998.
Una nueva arista judicial vinculada a uno de los episodios más controvertidos de la historia política reciente de Chile involucra al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien negó cualquier participación de su gobierno en una eventual maniobra para facilitar la liberación del exdictador Augusto Pinochet, detenido en Londres en octubre de 1998.
La controversia se relaciona con una investigación por presunto encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, en la que se busca esclarecer si durante la administración de Frei existieron gestiones o instrucciones destinadas a conseguir que Pinochet aparentara padecer una enfermedad mental, argumento que eventualmente habría permitido a las autoridades británicas autorizar su salida del país.
En el marco de esta causa, el exmandatario prestó declaración por escrito en enero de este año, respondiendo las consultas formuladas por la investigación que entonces encabezaba la ministra en visita Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En sus respuestas, Frei fue enfático en descartar la existencia de cualquier documento oficial que contuviera instrucciones para simular una condición psiquiátrica del excomandante en jefe del Ejército.
«Es falso que en mi gobierno se elaborara o solicitara crear un documento en el que se dieran instrucciones sobre cómo el señor Pinochet debía simular una enfermedad mental. Yo jamás me habría prestado para un hecho de esa naturaleza», sostuvo el expresidente en su declaración judicial.
La defensa de Frei y las gestiones para traer a Pinochet a Chile
Durante su testimonio, Eduardo Frei también abordó el contexto político y diplomático que enfrentó su administración después de la detención de Augusto Pinochet en territorio británico.
El exdictador había sido arrestado en Londres en octubre de 1998, luego de una orden internacional impulsada desde España por el entonces juez Baltasar Garzón, en el marco de investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar chilena.
El arresto generó una compleja situación diplomática para Chile, debido a que Pinochet se encontraba fuera del país y enfrentaba solicitudes de extradición para ser juzgado por delitos vinculados a crímenes de lesa humanidad.
En ese escenario, el gobierno de Eduardo Frei impulsó gestiones para conseguir su regreso a Chile, argumentando razones relacionadas con la soberanía nacional y la jurisdicción de los tribunales chilenos.
Según explicó el exmandatario, las actuaciones de su administración estuvieron orientadas a defender esos principios y no a desarrollar mecanismos destinados a engañar a las autoridades británicas.
De esta manera, Frei buscó establecer una clara diferencia entre las gestiones diplomáticas realizadas para conseguir el retorno de Pinochet y la supuesta elaboración de un documento que habría establecido instrucciones para simular una enfermedad mental.
El origen de la investigación: un libro y las declaraciones de un exasesor
La causa judicial tuvo su origen en una querella presentada en mayo de 2025 por familiares de víctimas de la denominada Caravana de la Muerte, representados por la abogada Karinna Fernández.
La acción judicial se produjo después de la publicación del libro Calle Londres 38, del abogado y escritor Philippe Sands, editado por Anagrama en 2025.
En esa publicación se recoge un antecedente que generó especial controversia: el testimonio de Cristián Toloza Castillo, quien se desempeñó como asesor del expresidente Eduardo Frei.
Según lo señalado por Toloza en el libro, habría existido un documento de aproximadamente diez páginas que contenía indicaciones sobre cómo Augusto Pinochet debía aparentar un deterioro de su salud mental.
La supuesta existencia de este material abrió interrogantes respecto de las eventuales gestiones realizadas durante aquellos años y sobre el conocimiento que podrían haber tenido distintas autoridades de la época.
La querella presentada por los familiares de las víctimas buscó que estos antecedentes fueran investigados judicialmente, considerando la gravedad de los hechos que se estarían denunciando y su eventual relación con la búsqueda de mecanismos para evitar que Pinochet enfrentara la justicia internacional.
Cristián Toloza se desdijo ante el tribunal
Uno de los elementos relevantes de la investigación corresponde a la posterior declaración judicial de Cristián Toloza Castillo.
En marzo de este año, el exasesor compareció ante el tribunal y modificó los antecedentes que habían sido atribuidos a su testimonio en el libro de Philippe Sands.
En esa oportunidad, Toloza afirmó que solamente había conocido la existencia de una especie de guion a través de informaciones difundidas por la prensa.
Esta declaración introdujo un nuevo elemento en la investigación, debido a que debilitó la afirmación sobre su conocimiento directo de la existencia del supuesto documento de diez páginas.
Así, mientras el libro recoge una versión que apunta a la eventual existencia de instrucciones para que Pinochet fingiera una enfermedad mental, el propio Toloza aclaró posteriormente ante la justicia que su conocimiento provenía de publicaciones periodísticas.
La diferencia entre ambas versiones constituye uno de los aspectos que deberán ser considerados al momento de evaluar los antecedentes reunidos en la causa.
Un episodio que vuelve a generar debate sobre el caso Pinochet
La detención de Augusto Pinochet en Londres fue uno de los acontecimientos políticos y judiciales más importantes de fines de la década de 1990.
El arresto abrió un intenso debate internacional sobre la posibilidad de juzgar a un exjefe de Estado por delitos cometidos fuera de su territorio y sobre los alcances de la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos.
Después de permanecer cerca de 17 meses en Reino Unido, Pinochet fue liberado por razones humanitarias, luego de que el entonces ministro del Interior británico, Jack Straw, determinara que no se encontraba en condiciones de enfrentar un juicio debido a su estado de salud.
Finalmente, el exdictador regresó a Chile en marzo de 2000, durante el último periodo de la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Sin embargo, su retorno no significó el cierre de las investigaciones judiciales relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Por el contrario, los antecedentes sobre las circunstancias de su liberación y las gestiones que se habrían desarrollado para conseguirla continúan generando interrogantes.
En este contexto, la declaración de Eduardo Frei adquiere especial relevancia, ya que representa su respuesta directa frente a una de las acusaciones más delicadas surgidas a partir de las revelaciones recogidas en el libro de Philippe Sands.
Por ahora, el exmandatario ha rechazado categóricamente haber participado en la elaboración o solicitud de un documento destinado a instruir una simulación de enfermedad mental por parte de Pinochet.
La investigación busca esclarecer el origen de los antecedentes denunciados, determinar si efectivamente existió el supuesto documento y establecer eventuales responsabilidades, considerando siempre las distintas declaraciones y antecedentes incorporados al proceso judicial.
Nota: La existencia del supuesto documento y las eventuales responsabilidades que se investigan corresponden a antecedentes denunciados y no deben presentarse como hechos judicialmente acreditados.
