La acción judicial apunta a una presunta falsificación de firmas para gestionar el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. El tribunal rechazó los argumentos de la defensa del parlamentario y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Una nueva controversia judicial y política enfrenta el senador socialista Juan Luis Castro, luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso resolviera declarar admisible la querella presentada en su contra por el denominado caso firmas, una polémica que ha generado repercusiones al interior del Senado y del Partido Socialista.
La resolución judicial, conocida este sábado 21 de noviembre, representa un nuevo capítulo en la investigación por la presunta utilización de firmas sin autorización para gestionar el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes se encontraban fuera del país participando en una gira presidencial por Asia.
La querella fue presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana contra Juan Luis Castro y todos quienes resulten responsables, apuntando a eventuales delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso, además de falsificación y utilización de instrumento privado.
La defensa de Castro buscaba frenar la querella
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el tribunal rechazó los argumentos presentados por la defensa del senador, que había solicitado declarar inadmisible la acción judicial.
Entre sus fundamentos, la representación legal del parlamentario sostuvo que la Fundación Fuerza Ciudadana no tendría la calidad de víctima directa de los hechos denunciados y, por lo tanto, no cumpliría con los requisitos legales para presentar una querella de estas características.
Asimismo, la defensa argumentó que la condición de senador de Juan Luis Castro no significaba, por sí sola, que hubiese existido un abuso de sus funciones parlamentarias, cuestionando que la presentación judicial no especificara qué atribuciones propias del cargo habrían sido utilizadas de manera indebida.
Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Valparaíso consideró que los antecedentes expuestos podrían tener relevancia desde el punto de vista de la probidad pública.
En ese sentido, el tribunal estableció que la referencia a los delitos contra la probidad pública, contemplada en el artículo 111 del Código Procesal Penal, no se limita exclusivamente a los delitos funcionarios establecidos en el Código Penal.
La resolución también consideró el principio constitucional de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución, permitiendo que la acción ciudadana pudiera avanzar.
De esta manera, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para los fines correspondientes. BioBioChile+1
¿Cómo comenzó el denominado caso firmas?
La controversia se originó durante la discusión del Presupuesto 2027, en medio de una serie de movimientos parlamentarios relacionados con los quórums necesarios para determinadas votaciones.
En ese contexto, se gestionó el retiro de los permisos constitucionales que habían sido concedidos a los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza para ausentarse del país y participar en la gira presidencial por Vietnam, Japón y China.
La situación generó cuestionamientos luego de que ambos parlamentarios manifestaran que no habían autorizado dicha gestión.
Uno de los antecedentes más delicados corresponde a la denuncia de la senadora Ximena Órdenes, quien aseguró que no había solicitado retirar su permiso constitucional, que tampoco había firmado ningún documento con ese propósito y que no había autorizado a terceros para utilizar su firma o actuar en su representación.
Por su parte, Fidel Espinoza manifestó su molestia por lo sucedido, aunque sostuvo que, en su caso, se trataría de una desprolijidad administrativa y descartó que se hubiese falsificado su firma.
La situación terminó generando una fuerte controversia política y motivó que los antecedentes fueran puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes. BioBioChile+2
Juan Luis Castro apuntó a Paulina Vodanovic
En medio de las repercusiones del caso, el senador Juan Luis Castro entregó su versión de los acontecimientos y vinculó directamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, con las instrucciones iniciales para gestionar el procedimiento.
En una entrevista con La Tercera, el parlamentario sostuvo que fue Vodanovic quien le habría advertido sobre una modificación en el orden de las votaciones y los problemas de quórum que se estaban produciendo durante la discusión presupuestaria.
Según el relato de Castro, la dirigenta socialista habría solicitado al coordinador administrativo de la bancada gestionar la revocación de los permisos de los senadores que se encontraban fuera del país.
El parlamentario afirmó que su participación consistió en reiterar esa instrucción al coordinador, bajo la condición de que se consultara previamente a los legisladores involucrados.
Castro también explicó que dentro del Senado existiría una práctica administrativa mediante la cual los comités cuentan con firmas digitales de sus integrantes para facilitar determinados procedimientos.
Sin embargo, reconoció que en esta oportunidad la comunicación con los parlamentarios afectados se retrasó y que, una vez confirmado que no existía autorización, decidió dejar sin efecto el trámite.
Además, aseguró que posteriormente mantuvo conversaciones con Ximena Órdenes para aclarar lo sucedido.
Las declaraciones abrieron un nuevo frente político, particularmente por la eventual responsabilidad de otras personas en la gestión administrativa cuestionada. BioBioChile+1
Fundación Fuerza Ciudadana busca profundizar las responsabilidades
Tras conocerse las declaraciones del senador Castro, el abogado Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, anunció que solicitará que Paulina Vodanovic sea citada en calidad de imputada, considerando los antecedentes entregados públicamente por el parlamentario.
Esta solicitud se suma a las diligencias que buscan establecer cómo se elaboraron los documentos, quiénes participaron en su tramitación y bajo qué circunstancias se utilizaron las firmas atribuidas a los senadores.
La investigación deberá determinar si existieron responsabilidades individuales y si los hechos denunciados configuran alguno de los delitos señalados en la querella.
Es importante precisar que una solicitud para citar a una persona en calidad de imputada no significa que exista una responsabilidad penal acreditada. Esa determinación corresponde exclusivamente a las instituciones encargadas de la investigación y, posteriormente, a los tribunales de justicia. Meganoticias+1
¿Qué viene ahora en el proceso judicial?
Con la admisibilidad de la querella, los antecedentes deberán continuar su tramitación ante el Ministerio Público, organismo que tendrá que evaluar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Entre los aspectos que deberán ser investigados se encuentran:
- El origen y elaboración de los documentos utilizados para solicitar el retiro de los permisos constitucionales.
- La autenticidad de las firmas incorporadas en las solicitudes.
- La existencia o inexistencia de autorizaciones de los senadores involucrados.
- La participación de Juan Luis Castro y de otras personas en la gestión administrativa.
- Las eventuales consecuencias que el procedimiento pudo tener sobre los quórums parlamentarios durante la discusión del Presupuesto 2027.
La resolución también tuvo presente la solicitud de promover el desafuero del senador, indicando que dicha materia deberá regirse por el procedimiento establecido en el artículo 416 del Código Procesal Penal. BioBioChile+1
Un nuevo foco de tensión política en el Senado
El caso firmas continúa sumando repercusiones y abre interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados al interior del Congreso, el manejo de las autorizaciones parlamentarias y las responsabilidades que podrían derivarse de la utilización de documentos sin consentimiento.
La decisión del Juzgado de Garantía de Valparaíso constituye un avance procesal para quienes impulsaron la querella, luego de que la defensa del senador intentara impedir su tramitación.
Sin embargo, la admisibilidad de una querella no equivale a una condena ni acredita la comisión de los delitos denunciados. Será el desarrollo de la investigación el que permitirá establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si existen responsabilidades penales.
Por ahora, el denominado caso firmas se mantiene como uno de los episodios que ha generado mayor controversia política en el Senado durante la discusión del Presupuesto 2027.
La pregunta que queda abierta es quién tomó las decisiones, cómo se gestionaron los documentos y quién deberá responder si la investigación confirma que se utilizaron firmas parlamentarias sin la debida autorización.
