La licitación de más de 98 millones de dólares para renovar la flota de camiones del Ejército quedó bajo sospecha tras acusaciones de presiones internas para favorecer a Kaufmann y sus vehículos Mercedes-Benz. Las empresas Tata y Salfa, que argumentan haber ofrecido mejores condiciones, fueron descalificadas por tecnicismos administrativos y presentaron recursos de reposición ante la institución. Fuentes comentan que la tensión interna ha provocado salidas de funcionarios, y la situación ha abierto la puerta a posibles acciones penales, mientras el Ejército anunció una auditoría para revisar el proceso.

FUENTE: BIO BIO LA RADIO

Un pequeño silencio se sintió a principios de diciembre en la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro cuando el camión militar marca Mercedes-Benz –favorito en la contienda en la que competía en una millonaria licitación del Ejército – no logró subir una colina con el peso mínimo requerido, prueba excluyente para participar de la compra.

El fracaso pareció ser una sorpresa para todos los ahí presentes: una desagradable para el Ejército, según cuentan, que ha expresado una preferencia por aquella marca de vehículos ofrecidos por el grupo chileno Kaufmann; y una agradable para Tata Advanced System Limited, empresa india con la que competía ese camión. Al haber superado todas las pruebas, Tata ya pensaba en destapar las champañas por la millonaria licitación.

Sin embargo, esto no fue así, y el pasado 25 de marzo recibieron una resolución del comandante de la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE) en la que se comunicó que se declaró inadmisible la oferta de Tata por haberse evidenciado “una situación particular”: uno de los antecedentes presentados y que ya había pasado el chequeo administrativo, se encontraba sin su traducción al español. Un error fácilmente subsanable y no excluyente, de acuerdo a las bases, pero que sin embargo se utilizó para dejar fuera de competencia a Tata. Al mismo tiempo que llegaba esa resolución, Gabriel Boric se encontraba en India reunido con altos ejecutivos de Tata, invitándolos a invertir y participar en negocios en Chile.

Situación similar le ocurrió a la empresa automotriz chilena Salinas y Fabres S.A. (Salfa) que competía en otra línea de la misma licitación. En la misma resolución, también se declaró inadmisible su oferta por un documento faltante a pesar que este no era excluyente y que ya había aprobado la fase de revisión administrativa, sin oportunidad de solucionarlo.

A raíz de esto ambas empresas presentaron recursos de reposición en contra de la resolución que los dejó afuera de la competencia afirmando que no se les debió excluir del proceso por aquella falencia y que en su lugar se debió solicitar una aclaración de los supuestos defectos.

En el documento presentado por Tata, se acusó que la decisión atentaba contra la razonabilidad, la objetividad y la confianza legítima: “Perder una licitación por las reglas es parte del juego. Descalificar infundadamente a un oferente, definitivamente no es parte de la regulación”, apuntó.

Según fuentes internas que hablaron con reserva a Radio Bío Bío, la explicación es clara: desde lo más alto de la cúpula de la institución vendría la orden de que las licitaciones las debe ganar Kaufmann con los camiones Mercedes-Benz, a pesar de otras compañías presentar ofertas más baratas y superar todos los requerimientos, abriendo dudas sobre a qué responde la obstinación.

La presión interna ha sido tal que diversos funcionarios de la comisión evaluadora–quienes serían los legalmente responsables en caso de detectarse una irregularidad– han salido con licencia psiquiátrica o directamente se han retirado de la institución a consecuencia de esta situación, según se comenta internamente.

Esta preferencia por Kaufmann ya había sido criticada por la Contraloría en 2019 cuando le ordenó al Ejército dejar de comprar aquellos vehículos por trato directo y abrir las hoy cuestionadas licitaciones.

Consultados, desde el Ejército afirmaron que se encuentran evaluando los recursos de reposición enviados por ambas compañías, proceso que finalizará la primera quincena de mayo y donde se resolverá si serán acogidos o no.

“Paralelamente y como una forma de transparentar la ejecución de las licitaciones antes señaladas, el Ministerio de Defensa estableció con el Ejército, efectuar una auditoría al proceso de licitación (…)”, afirmaron.

En caso de rechazarse los recursos de ambas empresas estas incluso podrían ejercer acciones penales por sospechas habladas sobre presunto fraude al fisco, prevaricación administrativa, cohecho, etc.

Los signos del problema

Durante décadas el Ejército ha mantenido una relación con Kaufmann y sus vehículos Mercedes-Benz, realizando compras directamente con ellos. Sin embargo, el 27 de marzo de 2019 la Contraloría de la República le puso una pausa a esto y determinó que la adquisición de camiones por trato directo no se ajustaba a derecho y que compras futuras del proyecto Alfil –iniciativa del Ejército para renovar su flota– debía ser a través de licitaciones públicas.

Así, para la segunda etapa de aquel proyecto se abrió en 2022 una licitación para la adquisición de tres tipos distintos de camiones en la cual ingresaron para competir Kaufmann con vehículos Mercedes-Benz, Salfa con Renault y Tata con sus propios camiones. Sin embargo, esta fue declarada desierta por problemas con las tres postulaciones.

Para renovar los vehículos, en 2024 se reabrió esta licitación con algunas variaciones en las bases y un presupuesto de $98.204.274 dólares. La primera línea buscaba comprar 164 vehículos de campaña medianos, en la que participó Kaufmann y Tata. En la segunda, 173 vehículos de campaña pesados tipo A, en que compitieron Kaufmann y Salva. Y en la tercera, 36 vehículos de campaña pesados tipo B, en donde solo participó y se la adjudicó Kaufmann.

Desde el principio, hubo puntos en la licitación que llamaron la atención de los competidores. Lo primero fue un cambio en los criterios según los cuales se evaluaban las ofertas. A pesar de que en la licitación desierta se le otorgaba un 55% a los aspectos técnicos y operacionales, un 30% a lo económico y un 15% a lo administrativo –una división ajustada a lo común– en la nueva licitación lo administrativo se convirtió en la principal prioridad con un 45%, lo técnico bajó a 40% y lo económico a 15%, repartición considerada extraña por el alto puntaje que se le otorgó a lo administrativo, y el bajo que se le dio al económico.

Para la prueba operacional a finales del año pasado, las empresas llevaron sus camiones a la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro en Colina para participar en la evaluación. Tata, tenía sus vehículos en India, por lo que trajo el camión por avión privado para alcanzar el plazo establecido por el Ejército, inversión que tenía sentido por las posibilidades de adjudicarse la licitación: ya había pasado todas las revisiones y su oferta era $7 millones de dólares más barata que la de Kaufmann.

En el momento en el que se estaba probando la capacidad de los vehículos de subir pendientes con la carga útil mínima requerida, el Mercedes-Benz que competía con Tata en la línea n°1 no logró subir la colina, a vista de funcionarios del Ejército y miembros de las tres empresas participantes. Con ese suceso, la victoria de Tata ya era prácticamente segura.

Sin embargo, el 24 de marzo la DIVAE envió una carta a Tata y a Salfa, que hoy es el principal sustento de los recursos de reposición interpuestos por las empresas. En esta se indicaba que a pesar de que las ofertas habían cumplido con todos los parámetros y requerimientos administrativos, económicos y técnicos establecidos, un informe jurídico posterior había invalidado sus ofertas.

Específicamente, el documento firmado por Luis Pugin Jara, comandante de la DIVAE, indicaba que al examinar el acta de evaluación “evidenció que en ella se daba cuenta de una situación particular” sobre los antecedentes presentados por ambas empresas. A raíz de esto, el Ejército ordenó un análisis y pronunciamiento del Asesor Jurídico de la Jefatura de Compras de la DIVAE, figura que no aparecía en las bases administrativas ya que el organismo encargado de revisar los documentos era la comisión evaluadora que ya había aprobado las ofertas en la fase administrativa.

En el caso de Tata, se indicó que uno de los documentos de personería se encontraba en inglés sin traducción y se había omitido el certificado de vigencia de poder de quien presentó la oferta. Sobre Salfa, se informó que había presentado un certificado de vigencia de poderes que no tiene relación con la escritura pública del poder del representante que formula la respuesta.

“Es completamente irracional haber avanzado en el proceso de licitación después de que la resolución de fecha 23 de octubre de 2024 señalara que TATA ya cumplía a esa fecha con la totalidad de los requerimientos administrativos, económicos y técnicos de carácter excluyente de las Bases de Licitación, y que su oferta sería evaluada en las ‘Pruebas Operacionales’, para luego, en la resolución final, intentar descalificarla por una mera formalidad que se podría haber subsanado rápida y sencillamente”, indica el recurso de reposición ingresado por la compañía india.

Estos requerimientos administrativos, a pesar de no aparecer como excluyentes en las bases de la licitación, fueron tomados como argumentos para invalidar ambas ofertas, sin otorgarles la oportunidad de subsanar aquellas faltas administrativas. La situación llamó la atención, más aún teniendo en cuenta que en la fase de preguntas y respuestas se informó que en caso de faltar algún documento del contenido de la oferta esta solo será desestimada si es un trámite excluyente.

Presiones internas en el Ejército

De acuerdo a distintas fuentes que conversaron con Radio Bío Bío, la orden internamente era que debía ganar Kaufmann, y que habría que hacer lo que fuese posible para desechar las otras ofertas.

Las instrucciones, acusaron, estarían viniendo desde el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, a través de presiones al general Pugin y a los funcionarios de la división de adquisiciones.

El ambiente dentro de la DIVAE, es tenso, indicaron, y es que en caso de identificarse un delito en esta compra, los penalmente responsables serían quienes firman los documentos, o sea, los miembros de la comisión evaluadora.

Las presiones, relataron, han llevado a que cuatro miembros de aquel comité hayan salido desde que iniciaron los procesos de la licitación. Dos de ellos con licencia psiquiátrica, y otros dos retirándose oficialmente de la institución.

Una invitación en vano

Las acusaciones sobre irregularidades en la licitación adquieren mayor gravedad al poner en duda la legitimidad de las compras públicas chilenas, y arriesgar la salida de posibles inversionistas extranjeros, temen algunos.

Y es que al mismo tiempo que llegaba la carta con la resolución que dejaba afuera a la compañía india Tata, el presidente Gabriel Boric se encontraba reuniéndose con altos ejecutivos de la misma empresa en el sur de Asia. En aquella reunión, Boric invitó a la empresa a considerar futuras inversiones en el país y generar un lazo comercial más estrecho.

Posterior a aquella reunión el CEO de Tata, Seshadri Srinivasan, planificó concurrir a Chile para realizar distintas diligencias en el marco del ofrecimiento para atraer inversiones al país. Sin embargo a pesar de solicitar audiencia con miembros del ejército, la Contraloría y el Ministerio y Subsecretaría de Defensa, estas fueron denegadas. Por la falta de recibimiento, el viaje fue cancelado.

Por el momento los recursos de ambas empresas siguen pendientes y a la espera de resolución, que debiese resolverse máximo el 15 de mayo, asimismo, la institución abrió una auditoría para investigar qué es lo que está ocurriendo en la interna del Ejército y la DIVAE, y si hay irregularidades o no.