La red pública de salud de la Región de O’Higgins enfrenta uno de sus escenarios financieros más complejos de los últimos años tras la entrada en vigencia del Decreto Nº333 del Ministerio de Hacienda, medida que modifica la Ley de Presupuestos 2026 y establece un recorte cercano a los $400 mil millones para el sistema sanitario nacional.
Aunque desde el Ejecutivo se ha insistido en que la reducción apunta a mejorar la eficiencia administrativa sin afectar las prestaciones clínicas, dirigentes gremiales, parlamentarios y autoridades del sector advierten que el impacto ya comenzó a sentirse en hospitales y centros de atención primaria de la región.
El caso más significativo corresponde al Hospital Regional Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua, principal recinto asistencial de O’Higgins y centro de derivación de pacientes de toda la región, que sufrirá una disminución cercana a los $1.900 millones en recursos asociados al sistema de Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD), mecanismo que financia gran parte de las atenciones médicas y hospitalarias.
A este escenario se suman rebajas presupuestarias en hospitales provinciales. El Hospital de San Fernando verá reducidos sus recursos en aproximadamente $479 millones, mientras que el Hospital de Santa Cruz enfrentará un ajuste cercano a los $477 millones. Paralelamente, la Atención Primaria de Salud tendrá una reducción del 0,5%, afectando directamente el funcionamiento de CESFAM y postas rurales de las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro.
Gremios alertan impacto en atención y personal
Desde las organizaciones de trabajadores de la salud existe preocupación por las consecuencias operativas que podría generar la medida, especialmente en una red que ya opera con altos niveles de déficit.
Pamela Prieto, directora de Comunicaciones de Asenf O’Higgins y dirigenta de FENASENF, señaló que el recorte “tensiona aún más la situación del Hospital Regional”, explicando que la disminución afecta principalmente áreas sensibles como insumos y contratación de personal.
“La salud pública funciona hoy gracias al esfuerzo permanente de los funcionarios. El presupuesto no alcanza y cada año llegamos a septiembre u octubre prácticamente sin recursos”, sostuvo.
En la misma línea, la presidenta regional del Colegio Médico, doctora Sonia Correa, cuestionó que el ajuste económico termine impactando directamente la operación clínica de los establecimientos.
“La reducción presupuestaria finalmente afecta medicamentos, insumos y funcionarios que atienden a los pacientes más vulnerables. Existe una contradicción entre el discurso de eficiencia y la realidad que viven diariamente hospitales y consultorios”, afirmó.
Senado rechaza recortes y emplaza a Hacienda
La situación fue analizada durante la última sesión de la Comisión de Salud del Senado, instancia en la que participaron representantes gremiales y autoridades sanitarias. Sin embargo, la ausencia de la ministra de Salud y del director de Presupuestos generó fuertes críticas por parte de los parlamentarios.
El presidente de la comisión, senador Juan Luis Castro, calificó como “impropia e inaceptable” la ausencia de la Dirección de Presupuestos, apuntando directamente al Ministerio de Hacienda como impulsor de la medida.
“Chile necesita más Estado y no más mercado en materia de salud”, sostuvo el parlamentario, quien además aseguró que el recorte “deja herida de muerte a la salud pública”.
Tras la sesión, la comisión acordó rechazar formalmente la reducción presupuestaria y volver a citar a los ministros de Salud y Hacienda, además del director de Dipres, para una nueva jornada programada para el próximo 4 de junio.
Diputados solicitan explicaciones al Ministerio
En paralelo, los diputados por el distrito 15, Fernando Zamorano y Raúl Soto, enviaron un oficio al Ministerio de Salud solicitando información detallada sobre los recortes aplicados a los establecimientos del país y particularmente de la Región de O’Higgins.
El requerimiento busca conocer los montos reducidos, los criterios técnicos utilizados y las posibles consecuencias sobre prestaciones médicas, compra de medicamentos, funcionamiento de pabellones, contratación de personal y continuidad de programas sanitarios.
“Es imposible recortar miles de millones sin afectar la salud pública. Esta decisión puede tener consecuencias graves para los pacientes y el ministerio debe transparentar sus efectos”, señaló el diputado Zamorano.
Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud aún no había entregado una respuesta oficial al oficio parlamentario.
