Han pasado 26 días desde que un ataque de ransomware paralizó el corazón digital del Instituto de Salud Pública (ISP), sustrayendo varios terabytes de información. Aunque el organismo asegura que la totalidad de los datos fue recuperada y que no hay indicios de filtración, la industria farmacéutica y cosmética no baja la guardia. Las críticas arrecian por la falta de transparencia y la incertidumbre que persiste sobre la eventual exposición de datos sensibles.
«La información de los servidores y bases de datos del ISPCH no se ha visto expuesta. A la fecha no existe exposición ni filtración de datos, de acuerdo al monitoreo de la Agencia de Ciberseguridad del Gobierno», señaló el ISP en un instructivo emitido este martes, intentando poner paños fríos a la crisis.
Sin embargo, desde el sector privado el mensaje no convence.
Un ataque con consecuencias aún activas
Fue el pasado 27 de junio cuando las alarmas se encendieron en la sede del ISP. Según fuentes del organismo, un sofisticado ciberataque con origen en Reino Unido dejó fuera de servicio los servidores y dispositivos de almacenamiento del instituto, encargado de autorizar, fiscalizar e investigar la calidad y seguridad de productos sanitarios en Chile.
Desde entonces, y pese a los esfuerzos por normalizar sus plataformas, las consecuencias del ataque siguen sintiéndose con fuerza. Representantes del sector farmacéutico acusan una “migración forzada” hacia sistemas que no están preparados para asumir la carga de trabajo ni las funcionalidades del sistema original.
El talón de Aquiles: GICONA y el salto forzado a SAFIS
Uno de los sistemas más golpeados fue el Gestión de Información y Control de Normas (GICONA), una antigua pero funcional plataforma que permitía a empresas y usuarios realizar trámites clave como registros sanitarios, autorizaciones de importación o el visado de productos.
Ante su inoperancia, el ISP debió activar con urgencia un sistema en desarrollo: el SAFIS. El problema, denuncian desde el sector, es que la nueva plataforma no es capaz de replicar todos los procesos que ofrecía GICONA.
“Avisaron que está todo funcionando y crearon otro sistema, pero nada funciona”, reclama una fuente del rubro en reserva.
La propia web del ISP da cuenta de las limitaciones. Un banner con la leyenda “Próximamente” detalla la lista de trámites que aún no pueden realizarse, dejando en evidencia que la recuperación sigue en proceso.
Transparencia en entredicho
Más allá del restablecimiento técnico, lo que más irrita a la industria es la escasa información entregada por el ISP sobre el alcance real del hackeo. A pesar de que el organismo insiste en que no hay filtraciones, no se ha hecho pública una auditoría técnica independiente ni un informe detallado sobre los datos comprometidos.
El Ministerio Público, por su parte, mantiene abierta una investigación penal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Mientras tanto, las consecuencias operativas y comerciales del ataque siguen acumulándose, con miles de trámites en pausa y una creciente sensación de inseguridad digital que golpea al sector sanitario en su conjunto.
Rancagua, mayo de 2025 — La comuna de Machalí se posicionó como líder regional en calidad de vida urbana, de acuerdo con los resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2024, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) junto al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica (PUC).
El estudio, que ya cumple casi 15 años de aplicación, evaluó cinco comunas de la Región de O’Higgins: Rancagua, Machalí, Rengo, San Fernando y San Vicente de Tagua Tagua. El ICVU considera 36 variables agrupadas en seis dimensiones: Conectividad y Movilidad; Vivienda y Entorno; Condiciones Laborales; Ambiente de Negocios; Salud y Medioambiente; y Condiciones Socioculturales. Las comunas son clasificadas en niveles de calidad de vida urbana: Alto, Medio Alto, Medio Bajo o Bajo.
Machalí destaca a nivel regional
Machalí fue la única comuna de la región en alcanzar el nivel “Alto”, con un puntaje ICVU de 53,2. Destacó especialmente en la dimensión de Salud y Medioambiente, con 69,1 puntos, el más alto de toda la región. También mostró un buen desempeño en Vivienda y Entorno (58,2) y Condiciones Laborales (53,3), consolidando su posición como referente regional.
Rancagua y Rengo muestran desempeño sólido
Las comunas de Rancagua (47,3) y Rengo (47,0) fueron clasificadas en el nivel “Medio Alto”. Aunque no alcanzaron el nivel superior, ambas mostraron avances importantes en conectividad, salud y entorno habitacional, lo que representa una base sólida para su desarrollo futuro.
San Fernando y San Vicente enfrentan desafíos
En contraste, San Fernando (40,9) y San Vicente de Tagua Tagua (39,6) se ubicaron en el nivel “Bajo”. Estas comunas enfrentan importantes brechas, especialmente en las dimensiones de Condiciones Socioculturales y Ambiente de Negocios, donde registraron puntajes inferiores a 35 puntos.
Llamado a políticas públicas y movilidad sostenible
Guillermo Carbacho Becerra, presidente regional de la CChC O’Higgins, destacó la necesidad de impulsar políticas públicas focalizadas y multisectoriales:
“La Región de O’Higgins muestra avances importantes en algunas comunas, pero persisten brechas estructurales que deben abordarse con políticas focalizadas y multisectoriales.”
Además, subrayó la relevancia de transformar los sistemas de transporte urbano:
“Una estrategia clave para mejorar la calidad de vida en una ciudad es transformar su sistema de movilidad urbana hacia uno más sostenible, eficiente y accesible para todos. Invertir en un transporte público moderno, limpio y puntual, junto con infraestructura segura para peatones y ciclistas, permite reducir la contaminación, el estrés y recuperar espacios públicos para las personas.”
Con esta nueva versión del ICVU, se reafirma la importancia de contar con datos actualizados y herramientas objetivas para guiar el desarrollo territorial y mejorar la calidad de vida en todo el país.
Una querella presentada por la Corporación Municipal de Las Condes reveló un esquema de fraude por más de $200 millones encabezado por Natalia Fernández Oyarce, exjefa de Recursos Humanos. Junto a su pareja, Eddy Symmes, director de Finanzas, y familiares cercanos, habrían utilizado contratos falsos, empresas ficticias y servicios no prestados para desviar fondos públicos.
Contrataciones irregulares
Fernández contrató a su madre, Isolda Oyarce, y a una prima, Macarena Oyarce, en el vacunatorio Apoquindo. Ninguna de ellas habría realizado labores reales, pese a lo cual se les pagó más de $13 millones con informes falsificados.
Empresa creada para defraudar
El 1 de marzo de 2024, la corporación firmó un contrato por $190 millones con la empresa Arayán SpA para entregar alimentos en jardines infantiles. La empresa no existía al momento del acuerdo: fue creada cinco días después por Solange Santos, amiga de Fernández. Aunque legalmente Santos figuraba como dueña, en la práctica quien coordinaba y supervisaba era la madre de Fernández.
Pagos inflados y sin respaldo
Los precios cobrados por Arayán superaron en $28 millones lo que la misma empresa cotizó semanas después. Además, se descubrió que los alimentos eran de mala calidad y que la fiscalización del contrato la realizaba la propia Fernández, en beneficio directo de su madre.
Investigación en curso
La querella, presentada el 8 de abril de 2025, acusa a Fernández de fraude al fisco y negociación incompatible. Su abogado asegura que hay “errores e imprecisiones” en la denuncia, mientras que ni Symmes ni Isolda Oyarce han respondido públicamente.
A pocos días que se cumpla un año exacto de la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera Echenique en un accidente en helicóptero, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio a conocer un informe preliminar del fatal suceso.
El documento de nueve páginas al que accedió BioBioChile, proporciona detalles técnicos y administrativos del fatal accidente ocurrido en el sector Ilihue del lago Ranco en la región de Los Ríos.
El informe en cuestión, citando a un testigo, señala que a eso de las 14:40 horas del 6 de febrero de 2024 el exmandatario y tres acompañantes decidieron regresar hacia el sector Coique, ubicado en el otro extremo del lago.
“Mientras el piloto al mando y los tres pasajeros se desplazaban desde la casa hacia el helicóptero, a fin de abordar la aeronave, comenzó a precipitar una llovizna, resultando las cuatro personas con sus vestimentas humedecidas”, detalla el referido informe.
Luego, se agrega que “el piloto al mando procedió a encender el motor de la aeronave, sin embargo, no pudo lograrlo en primera instancia, ante lo cual procedió a esperar 5 minutos antes del segundo intento de arranque, período durante el cual, el piloto y los 3 ocupantes permanecieron al interior del helicóptero”.
El mismo testigo afirma que, en un segundo intento, Piñera logró hacer arrancar el motor de la aeronave e inició el vuelo que desencadenó en tragedia.
“Transcurridos unos metros, la aeronave inició un viraje hacia la izquierda, descendiendo hasta impactar contra la superficie del Lago Ranco, aproximadamente a 172 metros desde punto de despegue. En el sitio del suceso los 3 ocupantes abandonaron la aeronave, mientras que el piloto al mando se hundió junto al helicóptero”, se lee en el documento.
Como consecuencia, tal como se supo desde el inicio, Sebastián Piñera perdió la vida producto de una asfixia por inmersión al hundirse unos 28 metros con la aeronave. Los otros tres ocupantes del helicóptero resultaron ilesos.
Otros aspectos técnicos
Asimismo, en su entrega la DGAC detalla la experiencia que tenía Piñera pilotando. En efecto, se señala que a la fecha del accidente había acumulado 569 horas y 18 minutos de vuelo.
Respecto al estado de la aeronave, el informe firmado por el director de Prevención de Accidentes Claudio Pandolfi Garrido es categórico al señalar que “el operador cumplía con el mantenimiento obligatorio (Inspección Anual), establecido en la norma DAN 92 Volumen III, en un CMA aprobado por la DGAC y con habilitaciones en el modelo y tipo de aeronave y con capacidad para efectuar Inspecciones Anuales”.
En la misma línea, la DGAC detalla que en base a los antecedentes revisados durante el proceso investigatorio, relacionados con el peso de la aeronave el día del accidente, se logró establecer que “al momento del último despegue, se habría encontrado dentro de los parámetros de peso y C.G. (centro de gravedad) requeridos para el vuelo”.
Negativo a sustancias o alcohol
Con todo, en el informe preliminar se descarta tajantemente que el expresidente Piñera hubiera estado ese día pilotando el helicóptero con alguna sustancia que pudiese haber sido factor:
Y es que el informe de alcoholemia arrojó “un resultado de 0,00 g/L (0.00 gramos de alcohol por litro de sangre), sin observaciones”.
Lo propio ocurrió con el informe toxicológico, que fue “negativo, sin observaciones”.
Sobre las condiciones meteorológicas, la DGAC señala que de acuerdo con la versión de un testigo “las condiciones de visibilidad al momento del despegue permitían vuelo sin observaciones”.
En todo caso, añade la institución, el detalle de la información meteorológica se incorporará en el informe final de la investigación que todavía se encuentra en proceso de recopilación y análisis de los antecedentes por parte del equipo investigador.
La empresa del famoso periodista Nicolás Copano cobró $62 millones por la elaboración de la campaña «Hablemos de Frente», del Frente Amplio. El comunicador dirigió la propaganda digital centrada en contrastar el actuar de los políticos de oposición versus los oficialistas. Consultado sobre un posible conflicto de interés como dueño de un medio de comunicación, Copano se limitó a decir que su compañía presta servicios a «distintos clientes». «Entiendo que quedaron muy satisfechos», aseveró el presentador.
Más de $62 millones pagó el Frente Amplio a una empresa propiedad del periodista Nicolás Copano, para desarrollar la campaña digital del partido durante las últimas elecciones de 2024.
Según una revisión de BBCL Investiga a las rendiciones de gastos de las campañas políticas, los dineros fueron entregados por la tienda oficialista a la sociedad del comunicador, Producciones y Asesorías Gou Infotaiment SpA.
Con las encuestas en contra, el Frente Amplio debía idear una fórmula para revertir las cifras de cara a las elecciones municipales y regionales celebradas durante octubre del año pasado. Para ello, el partido recurrió a Copano.
¿El resultado? “Hablemos de Frente”, una agresiva apuesta digital que incluyó ácidas críticas a figuras de la derecha como Evelyn Matthei, Luis Hermosilla y Cathy Barriga.
La “Estrategia Copano”
En el video de lanzamiento, publicado el 7 de octubre, se muestra el titular de una nota sobre la exalcaldesa de Providencia justificando el salario de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. La voz en off dice: “Mientras otros creen que es normal sueldos de 17 millones por no trabajar, seguimos trabajando por un sueldo vital y tiempo para vivir bien”.
“Donde había (…) plata mal gastada en peluches, trabajamos por ordenar”, añade la misma voz en alusión a Cathy Barriga. Su imagen, bailando en el matinal “Maipú Kids”, contrasta con la posterior aparición del actual jefe comunal Tomás Vodanovic.
Al lanzamiento del video, le siguieron publicaciones en Instagram que incluían declaraciones de sus candidatos. Allí, se mantuvo el mismo tono de denuncia: “Luis Penchuleo, nuestro candidato a Gobernador Regional por La Araucanía, tendrá la importante misión de sanear un espacio corrompido por la maquinaria desfalcadora de la derecha. #HablardeFrente”, se lee en un post el 14 de octubre.
Trabajo de marca
A cambio de estos servicios, el Frente Amplio le pagó $62.642.464, bajo la glosa de branding.
Según explican desde el Frente Amplio, esto último corresponde al trabajo de marca y la elaboración de algunos de los productos de la campaña, tales como kit gráfico y la guía de estilos para los diseñadores internos del partido.
“También consideró la realización de algunas piezas audiovisuales como el podcast de presentación de candidaturas, que incluyó la creación de una identidad visual propia, preproducción, guion, dirección y postproducción”, detalla el secretario general del partido, Andrés Couble.
El directivo añadió que la campaña fue dirigida por el mismo Copano y que las piezas “tanto gráficas como audiovisuales, circularon en las redes sociales del partido y en las de las candidaturas”.
Copano: “Prestamos servicios a distintos clientes”
Requerido por este medio sobre un posible conflicto de interés al asesorar comunicacionalmente a un partido político y ser dueño de una página de noticias, Nicolás Copano se limitó a responder que dirige “una empresa con 15 años de trayectoria que presta servicios a diversos clientes”.
“Tuvimos un contrato con el FA en el segundo semestre en el marco de la campaña municipal, con cuyos productos entiendo los clientes quedaron muy satisfechos”, aseveró el presentador.
Según dijeron desde la empresa, la operación de la campaña “Hablemos de Frente” en sí la llevó más bien Sebastián Flores, director del canal de streaming Turno, fundado por él en conjunto con Copano.
Aparte de las tareas de branding, el Frente Amplio informó al Servel de otra factura de Producciones y Asesorías Gou Infotaiment SpA, esta por $14 millones debido a publicación de propaganda.
Según el ente fiscalizador, esta acción infringe lo dispuesto en el decreto número 854 del Ministerio de Hacienda, ya que este tipo de gasto no corresponde a la naturaleza de dicha cuenta.
Un informe de la Contraloría detectó que durante la administración de Rodolfo Carter en la Municipalidad de La Florida se destinaron más de 600 millones, originalmente asignados a obras civiles, al pago de remuneraciones. Hasta la fecha, esos montos no han sido reembolsados.
El organismo fiscalizador identificó irregularidades en la clasificación de partidas contables, señalando que gastos millonarios fueron imputados a la cuenta presupuestaria de Obras Civiles. Esto, para Contraloría, infringe lo dispuesto en el decreto número 854 del Ministerio de Hacienda, ya que este tipo de gasto no corresponde a la naturaleza de dicha cuenta.
Según el informe, al que tuvo acceso Radio ADN y que fue publicado el 30 de diciembre de 2024, se inspeccionaron los contratos gestionados por la Dirección de Obras Municipales entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2024, periodo en que Rodolfo Carter ocupaba el cargo de alcalde y donde se descubrió la asignación errónea.
En concreto, el documento detalla que el municipio de La Florida asignó gastos por contrataciones honorarias y remuneraciones bajo el Código del Trabajo a la cuenta presupuestaria de Obras Civiles, sumando un total de $674.513.385. En otras palabras, dichos montos fueron destinados al pago de sueldos en lugar del propósito originalmente previsto.
Ante esta situación, la Contraloría solicitó al municipio realizar los ajustes contables pertinentes y transferir los montos a las cuentas correspondientes dentro de un plazo de 60 días hábiles, medida que hasta el cierre de esta edición no se ha cumplido.
“Partir con las cuentas claras”
La concejala de La Florida, Lía Gálvez (FA), aseguró que le “parece fundamental partir una nueva gestión con la casa ordenada y con la transparencia y la probidad como puntapié de todo lo que venga”.
Además, aseguró que propusieron al actual alcalde, Daniel Reyes, llevar a cabo una auditoría de la administración anterior. Según Gálvez, Reyes aceptó la propuesta.
“Esperamos que los concejales de derecha también se sumen a esto, que solo presenta oportunidades para partir con las cuentas claras, nuestro objetivo es que cada peso de las y los floridanos se ocupen en mejorar la comuna”, cerró.
Según el medio digital CIPER, el Ministerio Público habría confirmado que el empresario Eduardo Macaya, padre del senador por O’Higgins y ex presidente de la UDI, Javier Macaya, enfrenta una nueva acusación.
El medio digital CIPER Chile asegura que una nueva acusación por abuso sexual de menores habría sido interpuesta ante el Ministerio Público en contra de Eduardo Macaya Zanelli. Según información que habría sido confirmada por el departamento de comunicaciones de la Fiscalía Regional de O’Higgins, la denuncia habría sido presentada por representantes del establecimiento educacional en que la víctima sería alumna regular.
El medio investigativo capitalino habría recopilado antecedentes recopilados, que darían cuenta de que tras hacerse público que Macaya estaba siendo investigado por delitos sexuales en contra de menores, educadores de la menor se dieron cuenta que ella también podría haber sido abusada. Así fue como, tras realizar evaluaciones internas y acorde a protocolos determinados por la Superintendencia de Educación, el colegio habría decidido interponer la denuncia.
Fuentes citadas en la investigación de CIPER habrían indicado que la acusación fue ingresada hace varios meses atrás. De hecho, según el medio digital, se esperaba que la menor entregara su testimonio ante el Ministerio Público una vez que terminara el periodo de clases, sin embargo, ello no habría ocurrido aún. En su publicación, CIPER señala que “no revelará ni la identidad ni el tipo de vínculo entre la menor y Macaya Zanelli, para no dar indicios que permitan individualizar a la denunciante. Tampoco los antecedentes sobre el establecimiento educacional que resolvió presentar el caso a la justicia”. Según el medio capitalino, desde la Fiscalía Regional de O´Higgins se habría confirmado que la denuncia contra Macaya se encuentra bajo reserva, y se estarían desarrollando diligencias en la investigación.
La condena de Eduardo Macaya
El empresario y padre del senador Javier Macaya ya está condenado a seis años de presidio efectivo como autor de cuatro delitos de abuso sexual contra víctimas que tenían menos de 14 años de edad.
El veredicto condenatorio se conoció el 10 de julio y la sentencia el 19 de julio. Desde entonces, el caso precipitó una serie de hechos políticos y judiciales: entre ellos, la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI tras reconocer que cometió un error al criticar públicamente, en televisión, algunas de las pruebas aceptadas por el tribunal.
Además, se abrió un sumario en Gendarmería y una investigación de la Fiscalía para determinar si, en medio de la primera prisión preventiva que se le decretó -tras la lectura de la sentencia-, y en la que estuvo apenas tres días, el empresario agrícola recibió o no un «trato privilegiado», debido a que estuvo recluido en una unidad médica del penal de Rancagua.
La Segunda Sala de la Corte Suprema desestimó las siete causales de nulidad alegadas por la defensa, en un recurso ulterior dando cuenta que no se advirtió «en ello algún vicio de los que invoca el recurrente» y agregó que «se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado Eduardo Juan Macaya Zentelli, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veinticuatro».
La “Ley Macaya”
El revuelo del caso fue tal que diputadas oficialistas ingresaron a la Cámara Baja un proyecto para eliminar la posibilidad de que un juez conceda la libertad bajo fianza a imputados por abusos sexualescontra menores de edad, estimando que ello beneficia sólo a quienes tienen el capital para eludir la cárcel.
La parlamentaria impulsora y representante del distrito 15 de la Región de O’Higgins, Marcela Riquelme, denominó la propuesta como «Ley Macaya» a propósito del caso de Eduardo Macaya Zentilli. Después de pasar poco más de un mes en prisión preventiva, Macaya fue excarcelado en julio del año 2024, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó aplicarle la cautelar de arresto domiciliario total, previo pago de una caución de 150 millones de pesos.
Tras las solicitudes de la Comisión Investigadora de la Cámara por el Caso Monsalve, la PDI entregó a dicha instancia parlamentaria las bitácoras de los escoltas que acompañaban al entonces Subsecretario del Interior. De los registros, revisados por BBCL Investiga, se desprende que la exautoridad les mintió en al menos dos ocasiones. Los liberó de sus tareas señalándoles que no saldría del hotel, pero en realidad sí lo hizo. Los documentos también dan cuenta del cuestionado viaje que realizó a Concepción, con recursos públicos, supuestamente para informar a su familia de la denuncia por violación en su contra. Una vez en la capital del Bío Bío, saltan dudas respecto a un traslado de más de 150 kilómetros -al interior de la región- a un destino desconocido.
Las bitácoras de los escoltas del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien renunció a su cargo después que se conociera públicamente una denuncia por violación, revelan detalles hasta ahora desconocidos de los movimientos que hizo la autoridad antes, durante y posterior a los hechos denunciados.
De los documentos —escritos de puño y letra por los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que estaban a cargo de la seguridad del entonces funcionario de gobierno— se desprende que éste les mintió. No una, sino al menos en dos oportunidades: en ambas los liberó de sus tareas señalándoles que no saldría del hotel. Todo resultó ser falso.
Dichas bitácoras llegaron a la Comisión Investigadora de la Cámara por el Caso Monsalve en respuesta a los oficios presentados por la diputada Carla Morales (RN), quien destacó algunos puntos de la respuesta. “El día que viaja el exsecretario a la región del Bío Bío va con los escoltas de la PDI y también estos son pagados con viático. Y el día 1 y el 22 de septiembre, la PDI informa que el exsecretario estuvo sin escoltas”, remarcó.
La primera situación de la que quedó registro en los archivos —tenidos a la vista por BBCL Investiga— ocurrió el 31 de agosto de 2024. A eso de las 22:00 horas, su equipo de seguridad lo dejó en el Hotel Panamericano, el mismo que él utilizaba como residencia y donde ocurrieron los hechos que hoy lo tienen en prisión preventiva.
Una vez en Teatinos 320, el ex subsecretario del Interior les manifestó que tenía planeado permanecer todo el día al interior del recinto, por lo que los citó para el 2 de septiembre a las 07:00 horas. Sin embargo, Monsalve sí salió: imágenes de cámaras de seguridad lo sitúan recorriendo el mall Costanera Center y sus alrededores en compañía de una funcionaria de la repartición estatal que él encabezaba.
La misma excusa dio en la madrugada del domingo 22 de septiembre, cuando a las 05:00 de la mañana su escolta lo dejó en el mencionado hotel. Le manifestó a una funcionaria que no “requería de su escolta de seguridad, ya que permanecería en dependencias del hotel”. Y agregó que “durante la tarde informaría el horario de citación para el lunes 23 de septiembre”. Tal como se conocería más tarde, ese mismo domingo Monsalve volvió a reunirse con la misma mujer. Esta vez, en el restaurant Ají Seco Místico. Tras esta cita fue denunciado.
Destino desconocido
Los archivos de la PDI también arrojan luces del cuestionado viaje, con recursos fiscales, que Monsalve realizó a la región del Bío Bío después de reunirse con el presidente Boric en La Moneda. Según se lee en sus páginas, una vez en Concepción, recorrió más de 150 kilómetros a un destino desconocido.
Como han señalado distintas autoridades de gobierno, y el propio presidente Gabriel Boric, la tarde del martes 16 de octubre Monsalve se reunió con el Jefe de Estado. A esa hora el Mandatario ya estaba enterado de la denuncia por violación que había presentado una funcionaria de la Subsecretaría del Interior.
En efecto, el encuentro se dio después de un trayecto desde Valparaíso a La Moneda que finalizó, según la bitácora de viaje de ese martes 15 de octubre, a las 18:45 horas en el palacio presidencial.
Casi ocho horas después comenzó el cuestionado viaje del entonces subsecretario del Interior hacia Concepción. De ese recorrido —que inició a las 02:00 de la madrugada del miércoles 16 de octubre— poco y nada se sabe. Los libros no aportan destinos específicos a dónde se dirigió el vehículo de Monsalve ni si salió o no de la Provincia de Concepción.
Lo que sí se sabe es que a primera hora del jueves 17, a las 06:00 horas, el vehículo inició un trayecto de unos 150 kilómetros que duró dos horas. Ese viaje es el que terminó, presumiblemente, con la autoridad en el Aeropuerto Carriel Sur del Gran Concepción. Fue allí donde abordó una aeronave de Carabineros que lo trasladó de vuelta a Santiago.
Según se desprende de los escritos, mientras el entonces subsecretario del Interior retornó por aire, sus escoltas lo hicieron por vía terrestre. De esta forma, se constata en la bitácora que pasadas las 15:00 horas ellos recién llegaron a la capital. A esa hora, Monsalve ya había presentado su renuncia tras conocerse públicamente la denuncia por violación en su contra.
Por todo ese periplo, los dos funcionarios de la escolta de Monsalve que lo acompañaron recibieron en total $171 mil de viático por los 1,4 días que duró dicha comisión de servicio.
Las Fiestas Patrias de Monsalve
Las bitácoras aportadas por la PDI también detallan qué hizo Manuel Monsalve durante las Fiestas Patrias, en los días previos al domingo 22 de septiembre, día que la denunciante acusa que fue objeto de una violación de parte de la hoy exautoridad.
De acuerdo a los registros, la tarde del martes 17 de septiembre se trasladó hasta la región de Valparaíso. El 18 permaneció en esa zona. En tanto, el jueves 19 por la mañana volvió a la capital brevemente y a las 11:00 enfiló hacia la región del Bío Bío.
El viernes 20 no registró movimientos, mientras el sábado volvió a marcar un desplazamiento de 130 kilómetros al interior del Bío Bío y por la noche retornó por tierra a Santiago, donde llegó el domingo en la madrugada. Ahí fue cuando señaló que no tenía planes de salir hasta el lunes. Lo que a todas luces fue mentira, pues existen una serie de registros de cámaras de seguridad que lo sitúan la noche del 22 en el Ají Seco y caminando por la calle con la denunciante.
De acuerdo al oficio de respuesta de la PDI, Monsalve quedó de avisar durante la tarde del domingo a qué hora necesitaba que fueran a buscarlo el día lunes 22. La escolta le consultó a las 18:00 horas las instrucciones para el lunes, pero no obtuvo respuesta. A las 21:08 volvió a ser consultado, pero tampoco respondió. Según ha establecido la investigación, por esas horas él y la denunciante estaban en el citado restaurante.
Así las cosas, de todas formas el personal de escolta acudió al hotel a las 06:40 horas del lunes, pero una vez en el lugar “el ex subsecretario le informó a la oficial a cargo del servicio —mediante mensajería WhatsApp— que se encontraba con jaqueca, que no iría durante la mañana (a trabajar) y que le avisaría novedades”. De acuerdo a lo señalado por la PDI en el oficio, se devolvieron al Palacio y quedaron a la espera de instrucciones.
Durante esa mañana, Monsalve —en ese momento ejerciendo como ministro del Interior subrogante— se restó del tradicional balance post Fiestas Patrias que realizan las autoridades, en el que se detallan los accidentes de tránsito y fallecidos del feriado. En su lugar debió asumir la vocería el entonces subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.
Recién a las 13:30 horas de ese lunes Monsalve pidió a su escolta que lo fueran a buscar al hotel “para trasladarse de forma directa a la ciudad de Viña del Mar”. A eso de las 17:30 horas, la escolta lo dejó en su departamento del sector Agua Santa de la ciudad jardín.
Peleas en la Comisión Investigadora
Al margen, en la sesión de este lunes poco se habló de las bitácoras que llegaron a la Comisión Investigadora.
Por el contrario, la instancia tuvo un friccionado desarrollo, con la presencia de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien admitió que la salida de Monsalve “pudo haber sido más rápida”.
Asimismo, durante el transcurso del encuentro hubo varios desencuentros entre los parlamentarios. Sobre todo luego que el presidente de la comisión, Miguel Mellado, en un momento le dijera al ministro Álvaro Elizalde —que estuvo acompañando a Vallejo— que “no tiene vela en este entierro”.
Aquello motivó la indignación de los diputados oficialistas, quienes le exigieron que pidiera disculpas al secretario de Estado.
Más aún, luego indicaron que pedirán la censura de Mellado como líder de la instancia, pues consideran que ha tenido un manejo “vulgar” de la comisión.
Con todo, Mellado se tomó la situación con liviandad y dijo que “a lo mejor ellos quieren colocar un presidente que sea afín al gobierno para manejarlo como quieran”.
Como sea, el oficialismo concretará la solicitud en la sesión de mañana martes, que por primera vez se realizará en el Congreso en Valparaíso y contempla la participación del jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Carlos Durán; la jefa de gabinete de Interior, Pía Mundaca; y la periodista de Ciberseguridad de Interior, Ilse Sepúlveda.
El gobierno sumó un nuevo flanco este lunes luego que la CUT y la ANEF lanzaran una ofensiva tras la muerte del gásfiter Hugo Morales. Todo ello, mientras la fiscalía ya inició diligencias para esclarecer si hubo delitos en el deceso del trabajador. Mientras La Moneda insiste en desoír las demandas, los sindicatos evalúan llevar el caso hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pese a las reiteradas presiones de los sindicatos, La Moneda sigue manteniendo en sus cargos a los funcionarios de la Presidencia relacionados al caso de la muerte de Hugo Morales, gásfiter que —tras una jornada de 18 horas— falleció de un paro cardiaco en el Palacio el pasado 28 de septiembre. Todo ello mientras la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ya inició diligencias tras la apertura de una causa penal originada tras el deceso.
De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, la indagatoria se originó luego de que Carabineros tomara conocimiento del fallecimiento del trabajador en la ex Posta Central. Efectivos de la institución verde oliva dieron aviso al turno de Flagrancia del ente persecutor, desde donde se ordenaron las primeras diligencias.
Según fuentes de este medio, uno de los hijos de Hugo ya fue citado a declarar para el próximo lunes 18 de noviembre, en calidad de “víctima indirecta”.
La causa penal -liderada por la fiscal Liliana Machuca- se da justo en medio de la ofensiva de la ANEF y la CUT. A primera hora de este lunes, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (Anfupres), respaldada por los presidentes de las multisindicales, endurecieron el tono y volvieron a pedir la salida de Antonia Rozas, directora administrativa de La Moneda y asesora de confianza del Presidente Gabriel Boric.
Este vez el requerimiento fue categórico. Ya habían solicitado lo mismo el pasado 3 de octubre, a una semana del deceso de Morales, pero mostrando apertura al diálogo. Lo hicieron desde el Patio de Los Naranjos, al interior de la casa de gobierno. Hoy lunes fue distinto, pues se pararon frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución, reprochando la actitud del ejecutivo frente a los abusos laborales.
“El gobierno protrabajador y feminista vulnera a las y los trabajadores del Estado y sus dirigentes ¡Exigimos justicia!”, rezaba el cartel con sus demandas.
Pese a los rumores que han surgido durante el transcurso del sumario, tampoco existen novedades respecto de Noé Marinao, jefe del Subdepartamento de Mantención Técnica; y Fernando Tobar, jefe del Departamento de Logística, los superiores directos de Hugo Morales. En principio, aunque de forma extraoficial, varios trabajadores escucharon versiones de que ambos iban a ser reubicados durante la investigación del caso, aunque en la práctica no ha ocurrido. De hecho, la propia Presidencia de La República, consultada por BBCL Investiga el jueves pasado, negó “que haya habido modificaciones”. Una postura silenciosa que, al menos hasta el cierre de este artículo, decidieron mantener tras la nueva arremetida de los funcionarios.
En esta ocasión, a diferencia de la manifestación de octubre pasado, los sindicatos estuvieron acompañados en sus demandas por Maritza Soto, viuda de Hugo Morales. Su muerte “se produce a causa del exceso laboral, a causa del acoso laboral. No fue un accidente por causa común, sino que fue un accidente laboral”, enfatizó delante de la casa de gobierno.
De paso, ANEF y CUT aprovecharon la instancia para volver a arremeter contra el primer dictamen de Dorothy Pérez como contralora titular, que dejó a los tribunales el debate respecto de la “confianza legítima” de los empleados públicos a contrata. También culpan a La Moneda, pues este gobierno fue quien impulsó su nombramiento definitivo.
“No es un capricho”
El primero en tomar el micrófono fue el presidente de la ANEF, José Pérez. “No podemos permitir que la muerte de nuestro compañero Hugo Morales quede en la impunidad, y lo reforzamos hoy día por segunda vez. El Presidente de la República tiene que tomar una medida rápida y que la asesora también le diga la verdad. No es un capricho, no es un gallito, es la memoria del trabajador que ya no está con nosotros. Hay más trabajadores, personas que han trabajado por muchos años, y que están en condiciones precarias hasta altas horas de la madrugada”, afirmó.
“No hay más tiempo, tiene que haber también una señal clara para las familias, para los hijos, para los amigos, también para los compañeros de trabajo y la dirigencia sindical a nivel nacional”, insistió.
Lo secundó el presidente de la CUT, David Acuña, quien apuntó directamente contra el gobierno: “Estamos luchando por los derechos de un trabajador que fue vulnerado en el centro del poder, en La Moneda. El Presidente tiene un discurso protrabajador, pero lamentablemente no se cumplen esos discursos”, arremetió
“Hugo no fallece por un accidente de muerte natural, él fallece por un accidente del trabajo. Tiene que quedar muy claro. Las condiciones previas al fallecimiento de Hugo conllevan a que sea un accidente del trabajo. La presión laboral, el despido de un compañero y el maltrato a una de sus compañeras”, enfatizó.
Acto seguido, presentaron un detallado petitorio en la oficina de partes del Palacio, al margen de la salida de Rozas, apuntando al bienestar de todos los trabajadores de Presidencia. Partiendo por el aumento de la disponibilidad presupuestaria para la contratación de personal estable, revisión de la planta de personal y modalidades contractuales, establecimiento de una mesa de trabajo permanente, planificación eficiente del trabajo por competencias y pensión de gracia vitalicia para la familia de Hugo Morales.
Las asociaciones de trabajadores de Segpres y la Subsecretaría de Hacienda, en tanto, pidieron investigación externa en casos de violencia de género, eliminación de prácticas antisindicales, protocolo contra la violencia y acoso en el trabajo, y también para la protección de la salud mental de los funcionarios.
Evalúan acudir a la OIT
Por una lado, la familia de Hugo Morales sigue en la búsqueda de respuestas. Tras el encuentro de la semana pasada con la ministra del trabajo, Jeanette Jara, señalaron que mañana martes tendrán una nueva reunión con dicha autoridad. En particular, por estos días intentan obtener el informe del SAPU, pues consideran que hubo una demora significativa en los tiempos de atención tras el paro cardiaco.
Asimismo, sigue su curso la solicitud que realizaron a fines de octubre ante la Contraloría General de la República para que dicha entidad realice las investigaciones pertinentes sobre el caso. La entidad acusó recibo de la petición y ya consultó a Presidencia, que aún está dentro de los plazos para responder.
Más allá, si siguen sin respuestas, desde el mundo sindical evalúan realizar una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Fin al pacto de no agresión
En la misma instancia de esta mañana, también reprocharon directamente al Presidente Boric por la polémica determinación de la nueva contralora Dorothy Pérez respecto al debate sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos a contrata. Una mención que incluso generó pifias entre los presentes.
Si bien se trata de una determinación autónoma del ente fiscalizador, cuestionaron que fue el Mandatario quien empujó su nombramiento como titular del organismo, cuya decisión fue ratificada por el Senado hace una semana.
Sumando las dos pugnas, tanto por la muerte de Hugo Morales como por la “confianza legítima”, el presidente de la ANEF también abordó lo que podría calificarse como el término de un implícito pacto de no agresión entre el gobierno y los sindicatos de funcionarios públicos. “Más que pacto de no agresión es un rol de contraparte, en eso no nos perdemos. Conocemos al Presidente, no somos amigos ni enemigos, pero entendemos que nos eligen los trabajadores”, explicó.
“Nos parece que la indiferencia no puede instalarse como un mecanismo de diálogo”, añadió.
Con todo, afirmó que los sindicalistas intentarán hacer que la contralora recapacite mediante la presentación de un documento al organismo, probablemente mañana martes, y también a través de una sesión ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, agendada para el próximo lunes 18 de noviembre.
Una vez más las listas de esperas marcaron un nuevo récord con casi 3 millones de personas. La mayoría aguarda por una consulta de especialidad, otro tanto por una cirugía. El último informe del Minsal expone que los retrasos también afectan a los menores del Sename y Mejor Niñez, donde hay más de 1.600 casos sin atender. Las mujeres con cáncer de mama es otro ítem que enciende las alertas: el tiempo promedio de espera para esta enfermedad es de 94,1 días. Las cifras hablan por sí solas: 19.771 personas que murieron estaban en una lista GES y No GES. Según el Minsal, la falta de historia clínica de cada paciente no permite establecer causal directa entre su muerte y el no haber sido atendido.
Anamaría se atendía en el Hospital San José, en Independencia, desde 2011. Tiene artritis reumatoide generalizada, fibrosis y efisema pulmonar. Sin embargo, tras más de una década, debió ser derivada al Hospital del Tórax porque necesitaba un medicamento que nunca le entregaron en el San José. Sólo se atiende una vez al año. A veces, como en pandemia, pueden pasar periodos más prolongados sin tratarse su enfermedad. No porque no quiera, sino porque no la llaman.
—Hay que esperar a que avancen las listas de espera. En ocasiones, para lograr atención hay que estar insistiendo, porque ellos muchas veces no llaman —dice resignada.
En su caso necesita a dos especialistas que la controlen: un broncopulmonar y reumatólogo. Según ella, el primero avanza más rápido. El segundo, experto en articulaciones y huesos, aparece tarde, mal y nunca.
—Me atiendo una vez al año y con diferentes médicos. Sólo revisan la ficha y te ven. Las atenciones duran entre 10 y 15 minutos.
Su enfermedad la cubre el GES (o AUGE). Eso significa que su caso engrosa las 85.923 garantías de oportunidad retrasadas que marcaron este año las listas de espera a nivel nacional. Y peor aún, el Hospital San José, donde se atiende, integra el Servicio de Salud Metropolitano Norte, el que suma más demoras.
Pero en total, este año las listas de espera marcaron un nuevo récord. La cifra a junio de este año —que incluye la lista No GES— llegó a casi 3 millones de casos. De ese total, un 87,5% corresponde a consultas para una nueva especialidad: personas que necesitan que un doctor especialista las revise. El 12,5% restante es gente aguardando alguna intervención quirúrgica.
En otras palabras, de los 29 Servicios de Salud que existen a nivel país, 24 de ellos empeoraron sus cifras. Eso al menos en la lista No GES. En simple, pacientes que en su mayoría esperan por operaciones en traumatología, digestiva o dermatológica. ¿Los sectores más afectados? El Servicio Metropolitano Sur Oriente, O’Higgins, Maule y Araucanía Sur lideran con los peores registros.
El informe oficial de la Subsecretaria de Redes Asistenciales ―al que accedió BBCL Investiga― también detalla que durante 2023 murieron 17.022 personas que estaban en lista de espera No GES. El 93,34% esperaba ser atendido por un médico especialista y el 6,66% para una intervención quirúrgica. La mayoría eran adultos sobre 64 años.
Garantías a la lista
Anamaría dice que las atenciones broncopulmonares son un poco más expeditas. Le aplican exámenes de sangre y radiografías. Lo compara con los especialistas de reumatología, donde sólo se resigna a que avancen las listas de espera. Fácilmente puede —y lo ha hecho— quedarse esperando meses y meses que se mueva algún nombre de la nómina hasta que sea su turno.
Explica que en el Hospital San José abren las horas la última semana del mes anterior, y si no alcanzas, te quedas sin nada. Aunque a veces, se puede insistir mucho y conseguir algo por agotamiento.
—En reumatología siempre te piden exámenes de sangre y generalmente te dicen que está todo bien. Pero el deterioro de mis manos, pies y mis articulaciones en general es muy notorio —afirma.
Por la artrosis que tenía en 2011 la derivaron al Hospital San José. Entre los medicamentos que le recetaron estaba el metrotexato. A los años de consumirlo dice que comenzó con ahogos y cansancio. Fue a un broncopulmonar particular y le confirmó que tenía fibrosis, la que había sido provocada por el consumo del fármaco.
—Esa es otra de las problemáticas que existen. Que los médicos de distintas áreas no tienen comunicación. Yo una vez que fui informada por la broncopulmonar particular, avisé a un médico reumatólogo del San José y me dijo que eso era imposible.
Ahora es dependiente de oxígeno 24/7. Cada uno de sus pulmones tiene 70% de daño. Aunque a veces no la atiendan, sí le renuevan su receta cada seis meses. Lo único que sabe es que cada día que pasa y no la atienden, está peor. Siente que va muriendo de a poco. Y su realidad se suma a los 85.923 casos tardíos que existen en Chile.
Esto se traduce en que las garantías de oportunidad han aumentado en los últimos cinco años en un 11,1%. Según cifras del Ministerio de Salud, hay 2,4 millones de garantías en total. El 95% se cumplió, lo que deja un 3,58% de retrasos. O sea, los 85.923 casos. Y todos esos, tienen un promedio de 140 días de espera (ver imagen).
Dentro de ese porcentaje que ellos llaman “cumplimiento” también están las atenciones exceptuadas (no se pudieron entregar), las incumplidas atendidas (se entregó fuera del plazo) e incumplidas no atendidas (no se hicieron).
Adultos mayores a la cola
Al 30 de junio de 2024 existen 16 Servicios de Salud que aumentaron sus prestaciones retrasadas, sobre todo el Metropolitano Norte (10.546), O’Higgins (9.239), Araucanía Sur (6.630) y Viña del Mar-Quillota (6.610).
El director de este último servicio, doctor Antonio Infante Barros, explica a BBCL Investiga que existen múltiples factores por las cuales tienen una de las tasas más abultadas de retrasos. Principalmente, la alta rotación de directivos, tanto en el Servicio de Salud, como en el Hospital San José, que pertenece a esta red y donde se atendía Anamaría.
—Eso lleva a una atomización de equipos. A falta de colaboración. A una desvinculación entre la red de atención primaria y el hospital. Y si uno se fija, los principales crecimientos o los principales atrasos están justamente en áreas en que la conversación entre el nivel primario y el hospital es fundamental, como es otorrino, oftalmología, ginecología y traumatología— detalla.
Si bien esos cuatro servicios acumulan la mayor cantidad de retrasos en la lista GES, son otros los que tardan más días en atender. Por ejemplo, Aconcagua tiene un promedio de demora de 269 días. Arauco de 221 días y Chiloé de 193.
Sólo la región Metropolitana concentra el 33,7% de las garantías de oportunidad GES retrasadas. Y el 61% son mujeres. La población más afectada son los mayores de 80 años. Y las prestaciones que más requieren —y por la que deben esperar más de 145 días— son diabetes tipo 2 y cataratas. Así también los vicios de refracción, la retinopatía diabética y la hipoacusia bilateral.
Mendigar por una atención
Arturo Matamala fue al Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco un lunes de octubre por la mañana. Tenía una hora con el traumatólogo porque le duelen las piernas. A veces no puede ni caminar. El médico le dijo que no podía hacer mucho, que tenía que revisarlo un cardiólogo porque lo suyo era un problema vascular.
Arturo lo sabe. Lleva dos años esperando que lo revise un cardiólogo en el mismo hospital.
—No sé qué hacer, estoy desesperado porque no puedo caminar y estoy propenso de que me puede pasar algo —expresa.
Supone que a lo mejor tiene las arterias tapadas. Todavía no pasa de la interconsulta para saber con claridad por qué le duele el pecho y las piernas.
—¡Es terrible! ¡Terrible! Tener que estar aquí mendigando para que lo vean a uno, porque la medicina es muy cara… ¡Y yo con 75 años! Si no puedo ni caminar a veces.
Arturo engrosa la lista No GES, donde también la tendencia solo es al alza. A junio de 2024, las personas que requieren a un especialista alcanzaron los más de 2,5 millones de casos, con un promedio de tardanza de 360 días. En otras palabras, la gente espera un año completo para ser llamado para una revisión médica. En algunos casos mucho más. En el Metropolitano Norte, que una vez más encabeza la lista, tiene un promedio de espera que bordea los 699 días. En Araucanía Sur —donde se atiende Arturo— 519. Y en Arauco, 429.
—Son cifras extraordinariamente doloras. Pensar que una persona va a estar esperando casi dos años para conseguir una consulta nueva de especialidad, es doloroso —asume el propio director del Servicio de Salud Metropolitano Norte.
Dicho de otra forma, existe un incremento de 11,1% a nivel nacional que se traduce en que 368 mil personas necesitan de un oftalmólogo; 260 mil de un otorrinolaringólogo; y 176 mil mujeres de un ginecólogo, casi la misma cantidad de quienes requieren de un traumatólogo. Otro de los especialistas que más buscan es urología, cardiología y cirugía general.
A esto se suman las atenciones odontológicas que ya acumulan más 490 mil. Rehabilitación oral y ortodoncia lideran esa lista. Más atrás viene endodoncia.
Vladimir Yáñez Méndez, director del Servicio de Salud Araucanía Sur, argumenta en conversación con este medio que si bien tienen una de las más altas listas de espera, también es uno de los servicios más grandes del país. A su vez, están dentro de los que más han aumentado su capacidad productiva que llegó a un 30%.
—Nosotros como Servicio de Salud tenemos un solo hospital de alta complejidad que se hace cargo también de la demanda y la necesidad que tiene Araucanía Norte y la provincia de Malleco. Y es también necesario decir que nos hacemos cargo en algunas especialidades de lo que ocurre en la macrozona sur de nuestro país.
Para él, esto requiere de una mirada más integral, sobre todo considerando que siete comunas de la región tienen más del 40% de pobreza multidimensional.
Operaciones que no llegan
El caso es similar para las más de 365 mil personas que urgen de una intervención quirúrgica. El 58,8% son mujeres.
O’Higgins lidera el ranking con 35.008 operaciones dilatadas. Le sigue el Maule (27.097), Araucanía Sur (21.417) y Metropolitano Sur Oriente. Aquí es donde en 24 de los 29 Servicios de Salud experimentaron aumentos. Un incremento del 15,9%.
Son las operaciones traumatológicas las que tienen mayor volumen. Después la cirugía digestiva, dermatología y ginecología.
El director del Servicio de Salud O’Higgins, Jaime Gutiérrez, aclara que las principales falencias que influyen en que tengan las tasas más altas de demora son la falta de especialista en la región, la dispersión geográfica y la alta demanda, sobre todo en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino que concentra las atenciones de mayor complejidad y tiempos de espera.
En este mismo servicio, la mayor cantidad de intervenciones quirúrgicas en espera, al mes de junio, se concentra en traumatología (9,657), cirugía digestiva (5,247) y dermatología (4,127).
—En traumatología el promedio de espera se incrementa debido a procedimientos complejos, como las prótesis de rodilla, que no están incluidas en el GES. En el último tiempo se han resuelto quirúrgicamente casos de larga data, logrando reducir la mediana de espera de 588 días en junio a 438 en julio. Además, los hospitales de mayor complejidad han implementado iniciativas en horario inhábil para operar otras patologías traumatológicas, como manguito rotador y túnel carpiano, lo que contribuye a reducir la lista de espera —manifiesta Gutiérrez.
Dice que crearon un convenio con la Universidad de Santiago de Chile (USACH) para que becarios puedan ayudar en el área de dermatología. Según sus cifras, sus pabellones aumentaron su productividad en un 11% que se traduce en 450 operaciones. Su director lo precisa:
—El Gobierno Regional de O’Higgins ha destinado recursos para reducir las listas de espera quirúrgicas no GES en las especialidades de Neurocirugía y Traumatología. Esta inversión, superior a dos mil doscientos millones de pesos, busca resolver cirugías de alta complejidad que afectan a pacientes con patologías específicas.
Morir esperando
María Cristina Iturra sufre de crisis de pánico. Tiene 62 años y lleva seis meses esperando que le den una hora psiquiátrica en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco. También tiene artrosis.
Sus síntomas empezaron después de tener que cuidar a dos personas con cáncer que murieron. Llegó a urgencias con diferentes patologías sin saber bien qué era. La iban a operar por una hernia. Luego del apéndice. Finalmente detectaron que todo era mental.
—Ahora estoy esperando la hora psiquiátrica. ¡El día de la corneta me va a llegar! He venido para acá y me dicen que tengo que seguir esperando —manifiesta molesta.
Conoce de cerca lo que son las listas de espera. Aparte de vivirlo en carne y hueso, su cuñado, que también se atendía en Temuco, murió de un cáncer de próstata. Se quedó esperando una operación en el hospital por más de un año.
—Lo llamaron cuando el caballero había fallecido. ¿Se da cuenta la burla? Recién ahí dijeron que había una operación para él.
María a veces va al hospital a retirar medicamentos y pasa a la ventanilla para insistir o preguntar por su hora médica. Le responden que tiene que esperar porque están viendo temas de urgencias.
—Si uno no tiene un pituto… ¡Olvídese! Se muere esperando.
Uno de los apartados que tiene el último informe del Ministerio de Salud son los fallecidos en lista de espera, que en la nómina No GES, llegó a 17.022 personas.
En la lista GES los fallecidos con causas pendientes ascienden a 2.749, en las que el 89,5% se concentra en adultos mayores de 60 años. La mayoría de ellos eran de la región Metropolitana y otro tanto de Viña del Mar-Quillota. De esta cifra, al menos el 20,11% se catalogó como “posiblemente asociada” su enfermedad con la demora y posterior muerte. O sea, 616 pacientes murieron —”posiblemente”— por falta de una atención.
El otro resto que murió sin recibir atención solicitaba, en su mayoría, ayudas técnicas u órtesis (dispositivo externo de apoyo). 9,4% tenía cataratas y el 9,92% hipoacusia. También eran pacientes que esperaban por atenciones para tratar sus cánceres gástricos, de pulmón y colorectal.
En este caso las causas de muerte son tumores, enfermedades al sistema circulatorio, respiratorio y digestivo.
El documento del Minsal, en términos de mortalidad y morbilidad, “muestra una población con una carga de enfermedad asociada principalmente a enfermedades crónicas no transmisibles, que se asocian directamente al envejecimiento poblacional sostenido”. En este caso, dichas personas de la lista murieron por tumores (neoplasias), enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio o digestivo.
Pese a todo, la institución expone en el documento que no se puede establecer una relación entre su muerte y el no haber sido atendido, porque les falta la historia clínica completa de cada paciente. “La mayor parte de las personas se encontraban esperando por causas que, muy probablemente, no tienen relación directa con el fallecimiento”, argumentan.
Desde el Ministerio de Salud, en voz del auditor ministerial Guillermo Saffie, aclara a BBCL Investiga que cada Servicio de Salud es quien realiza una auditoría de quienes mueren. Luego, elaboran un documento técnico que considera plazos y antecedentes médicos. La finalidad es verificar si los fallecidos por la causa de muerte se encontraban en lista de espera por esa misma causal u otra.
—La metodología utilizada considera la determinación de una muestra que, para el presente año, corresponde a pacientes fallecidos por causa oncológica, que hayan sido atendidas por su problema de salud en la Red Asistencial —plantea.
Mujeres en espera
Estos retrasos de salud también afectan a los menores vinculados al Sename y Mejor Niñez. En la lista GES hay 58 atenciones retrasadas. La mayoría de 0 a 5 años. En la otra, la No GES, hay 1.603 casos. El mayor volumen espera una atención de especialidad, 193 una revisión odontológica y 119 una operación. Estos números son solo de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Estado.
Pese a lo negativo que resulta el escenario, este año hubo una reducción de 9,8%. Pero, con un promedio de 277 días de retraso.
La jefa de División de Gestión de la Red Asistencial del Minsal, Andrea Solís, subraya que este ítem es una priorización, por lo mismo se ha establecido una metodología de trabajo para reducir los tiempos de espera y la pérdida de horas.
—Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se identifican activa y específicamente los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en Sename y se realizan gestiones intra e intersectoriales para promover la priorización, atención, seguimiento y egreso de la lista de espera. Cada Servicio de Salud, como parte de sus compromisos de gestión, debe realizar monitoreo y resolución de casos y egresos de este grupo objetivo desde la lista de espera No GES.
El acento de la subsecretaría es reducir los tiempos de espera, antes que el número de personas. Y ese foco también se extiende, por ejemplo, en la prevención y chequeo médico para el cáncer de mamas, el que además de estar dentro de la cobertura del GES (o AUGE) es una de las campañas más fuertes que tiene el Gobierno. La propia página de la Subsecretaria de Salud estipula que el tiempo máximo de espera para un diagnóstico son 45 días.
Eso, sólo en el papel. Según las propias cifras del Ministerio de Salud, el tiempo promedio de espera para el cáncer de mama son 94,1 días. Es decir, hay una mediana de 52 días de tardanza.
En total, hay 4.098 casos de mujeres en la lista del GES. 170 de ellas llevan más de 365 días esperando. 403, más de 180 días y 713, más de 90 días. Un panorama similar que viven quienes sufren cáncer cervicouterino. Al 30 de junio de 2024 hay 2.690 retrasos con un promedio es de 83 días.
Solís clarifica que los 45 días son entre la sospecha y la confirmación diagnóstica. Cuando el plazo no se cumple se genera un retraso en el cumplimiento de la garantía, lo que incluso, podría reclamarse ante la Superintendencia de Salud y exigir un cumplimiento. Según sus cifras, el retraso de garantías GES de problemas de salud oncológicas es menor a un 3% del total de garantías.
Desde enero hasta septiembre de 2024 se han registrado 38.315 garantías por cáncer de mama, lo que representa un incremento del 49% de la demanda respecto de lo que se recibía en 2019 (25.657) y un 8% más de lo recibido en 2023. Y durante el 2024 se ha resuelto un 34% más de garantías que en 2019 y un 8% más que el 2023.
—En la red pública de salud la reducción del retraso en la etapa diagnóstica de cáncer de mama se está abordando mediante monitoreo permanente de su cumplimiento en los hospitales y con mejoras del proceso de atención, principalmente, lo relacionado con tiempos de respuesta de resultados de exámenes de apoyo diagnóstico, tales como exámenes de imagenología y anatomía patológica —puntualiza la jefa de la División de Gestión.
La doctora Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, clarifica lo siguiente: “La lista de espera no se elimina, siempre hay pacientes que se agregan a la fila”.
Pero en ese contexto es que desde 2022 han invertido cerca de 200 millones de pesos en las listas de espera. Esto se traduce en aumento de productividad de los pabellones, énfasis en atención primaria y mejorar el acompañamiento a los pacientes que engrosan la lista. Con eso, explica Arriagada, se ha logrado reducir los tiempos de espera en un 24% para consultas de nueva especialidad y un 38% para las cirugías.
Pero todavía están lejos de conseguir la meta autoimpuesta por este Gobierno, que debería cerrar en 200 días de espera.
Un problema grande es el sistema de contratación que tiene el sistema público, en que las leyes, además de ser rígidas y obsoletas, están limitadas a un marco presupuestario que no permite contratar a más profesionales.
—Y por eso surgen estas figuras de pagar a honorarios, que es una forma bastante frágil (…) No se puede aumentar la contratación a veces para dar cuenta de un mayor requerimiento de un hospital. Tenemos además temas como el ausentismo y por eso los hospitales tienen que estar permanentemente renovando sus contratos, mejorando las asignaciones. Esto siempre produce desequilibrios entre un estamento y otro porque ¿a quién le va a mejorar usted las asignaciones?
Su propuesta para hacer un contrapeso a esta problemática es destinar más dinero del comprometido por el Ministerio de Salud, en un periodo de tres años.
En medio de la crisis de la salud pública, el Colmed endureció el tono contra el Ejecutivo esta semana y sus representantes llegaron frente a La Moneda para manifestar su descontento por la falta de recursos y el oscuro panorama que enfrenta la red asistencial.
“Los hospitales agonizan”, rezaban las pancartas desplegadas frente al palacio.
