Hasta 39°C se esperan para los próximos días, según informó la Dirección Meteorológica de Chile, que emitió una alerta por este evento de Altas Temperaturas Extremas para seis regiones.
FUENTE: BIO BIO LA RADIO
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por un evento de Altas Temperaturas Extremas que se esperan para los próximos días en un importante sector del país.
Este evento comenzará la mañana del martes y culminará la tarde del jueves, abarcando desde la región de Coquimbo hasta el Ñuble.
Por ejemplo, en la región de Coquimbo se esperan hasta 35°C en la cordillera de la Costa y 36°C en precordillera.
Para la región de O’Higgins, en el litoral se esperan hasta 30°C, mientras que en el valle y la precordillera el pronóstico es de hasta 37°C.
La región del Maule espera hasta 38°C para el valle y la precordillera, mientras que para el litoral se esperan hasta 30°C.
Finalmente, para el Ñuble se esperan hasta 37°C en el valle y la precordillera.
En la última encuesta Plaza Pública de Cadem se consultó por crisis de seguridad que enfrenta Chile, la valoración que hay de lo que han hecho las autoridades y qué medidas podrían servir para contener la delincuencia.
Un 83% de los encuestados para la última entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, dada a conocer este domingo, cree que la delincuencia aumentó durante los últimos tres meses.
En esa línea, un 70% indicó que combatir la delincuencia debe ser la principal prioridad del Gobierno que lidera el presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien subió tres puntos porcentuales en su aprobación (pasó de 29% a 32% en una semana).
Ante la consulta sobre cómo ha variado la delincuencia en el último trimestre, un 13% aseguró que “está igual”, mientras que sólo un 3% cree que “ha disminuido”.
Sobre cuánta preocupación se tiene a ser víctima de un delito, un 73% de quienes participaron del estudio respondió que “mucha o bastante”, un 15% dijo tener “algo” de temor y un 12% manifestó que tiene “poca o nada” preocupación por eso.
En ese contexto, se le pidió a los encuestados hacer una evaluación de las instituciones y/o autoridades que intervienen en el combate de la delincuencia.
En ese listado, la PDI consiguió un 84% de aprobación de la labor que realizan, seguida por Carabineros que llegó valorado por un 74%. El ranking lo completan Gendarmería un 63% de aprobación, los alcaldes con un 39%, el Gobierno con un 25%, los jueces con un 12% y el Congreso que alcanzó sólo un 10%.
Cómo enfrentar crisis de seguridad
En medio de la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país, Cadem consultó sobre medidas que podrían llevarse a cabo para frenar la delincuencia.
Así, un 85% se mostró de acuerdo con “construir zanjas en zonas limítrofes para impedir el paso de contrabando como autos”, mientras un 80% dijo estar a favor de que “militares puedan proteger infraestructura crítica para el funcionamiento de la ciudad sin necesidad de declarar Estado de Emergencia”.
En la misma dirección, un 74% piensa que sería una buena opción “construir zanjas en zonas limítrofes para impedir el paso de inmigrantes en situación ilegal”, un 70% que “militares puedan proteger puntos estratégicos de la ciudad” y un 80% se mostró a favor de “convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena)”.
Con todo, un 64% de los 703 encuestados ―repartidos en 188 comunas diferentes― cree que el Ejecutivo ha hecho “poco o nada” por contener la crisis de delincuencia, mientras un 22% piensa que se ha hecho “algo” y un 14% asegura que La Moneda ha hecho “mucho o bastante”.
La FAMAE se quedó sin la posibilidad de comercializar material bélico a Ucrania. Todo como consecuencia de un oficio reservado en el que el Ministerio de Defensa se encargó de remarcar la postura del Gobierno de Chile sobre no entrometerse más allá en el conflicto bélico que se originó con la invasión de Rusia en febrero de 2021.
El Ministerio de Defensa de Chile le bajó el pulgar a la venta de armas y municiones a Ucrania.
Según información recopilada por BBCL Investiga, fue a través de un oficio reservado ―firmado por el subsecretario Ricardo Montero Allende― que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric impidió a la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE) comercializar material bélico al país presidido por Volodímir Zelenski.
Y es que en medio de la invasión de Rusia, lanzada en febrero de 2021, que Kiev inició una búsqueda de nuevos proveedores para hacer frente al conflicto. En ese contexto, este año los sondeos ucranianos ―apuntan fuentes de este medio― incluyeron a Chile.
La FAMAE se quedó sin la posibilidad de comercializar material bélico a Ucrania. Todo como consecuencia de un oficio reservado en el que el Ministerio de Defensa se encargó de remarcar la postura del Gobierno de Chile sobre no entrometerse más allá en el conflicto bélico que se originó con la invasión de Rusia en febrero de 2021.
El Ministerio de Defensa de Chile le bajó el pulgar a la venta de armas y municiones a Ucrania.
Según información recopilada por BBCL Investiga, fue a través de un oficio reservado ―firmado por el subsecretario Ricardo Montero Allende― que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric impidió a la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE) comercializar material bélico al país presidido por Volodímir Zelenski.
Y es que en medio de la invasión de Rusia, lanzada en febrero de 2021, que Kiev inició una búsqueda de nuevos proveedores para hacer frente al conflicto. En ese contexto, este año los sondeos ucranianos ―apuntan fuentes de este medio― incluyeron a Chile.
LA CONSULTA
De acuerdo a conocedores de la materia, intermediarios consultaron directamente a la FAMAE —con sede en Talagante— sobre la posibilidad de que le vendieran material bélico al país de Europa Oriental.
En consecuencia, a mediados de este año el organismo elevó la solicitud al Ministerio de Defensa Nacional. Así,el que se encargó de reflejar la postura del Ejecutivo fue el propio subsecretario de Defensa, Ricardo Montero Allende. Lo hizo mediante un oficio reservado fechado el 1 de diciembre de este año.
En el documento le manifestó a la FAMAE que no procediera con la venta de insumos de guerra a Ucrania. Lo anterior, argumentando que el Gobierno de Chile prefería mantenerse al margen en esta materia.
En todo caso, la respuesta del subsecretario va en línea con la postura de Cancillería que en marzo de este año explicitaron en Interferencia.
En la oportunidad, al ser consultados sobre si Zelenski había solicitado colaboración de armas a Boric en una reunión telemática que había sostenido ambos mandatarios el 21 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que “la posición de Chile ha sido promover la solución pacífica de este conflicto, posición que se ha manifestado en las múltiples votaciones de resoluciones en espacios multilaterales que han condenado la invasión de Rusia y apelado al cese de las hostilidades”.
Así, agregaron que Chile “además ha hecho aportes financieros para ayuda humanitaria. Por lo mismo, cabe recalcar que el Gobierno de Chile no tiene intención de aportar o donar armas o municiones a ninguna de las partes de este conflicto”.
Aunque nada dice sobre vender, queda claro que con la decisión comunicada a la FAMAE tampoco hay intención de comercializar. Esto, aun cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, ha mostrado un grado de cercanía con su par ucraniano, con quien mantuvo una reunión bilateral durante septiembre recién pasado en Nueva York en el marco de la 78º Asamblea General de Naciones Unidas.
NO A INSUMOS MILITARES
Fuentes de BBCL Investiga apuntan que en la FAMAE miraban a Europa como un mercado atractivo, pero que de ningún modo cuentan con la capacidad operativa para transformarse en una cadena de suministro en un conflicto de esta envergadura.
Requeridos, desde el Ministerio de Defensa Nacional confirmaron que la FAMAE realizó una consulta “respecto del establecimiento de una relación comercial con la República de Ucrania”. Así, indicaron que han transmitido “la posición que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado acerca del relacionamiento con dicho Estado”.
“Chile ha prestado su apoyo a Ucrania en el contexto de las Naciones Unidas, mediante ayuda humanitaria en aportes realizados a través de Cruz Roja, ACNUR y UNICEF, puntualizando que ese respaldo no se extiende a apoyo militar, lo que incluye operaciones de adquisición de municiones o armamento, sea este en forma directa o por intermedio de terceros”, expresaron.
Al respecto, desde la Embajada de Ucrania en Chile descartaron emitir una declaración oficial. Según dijeron, desconocen la solicitud de la compra, así como también el rechazo de parte del Gobierno chileno.
De todos modos, enfatizaron en la importancia de contar con la ayuda de otros países, considerando la situación actual por la que atraviesa el país.
El otro imputado es Schafik Nazal, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINE) del Ejército, también se encuentra bajo la medida cautelar hace seis meses.
Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Juan Antonio Poblete, exjuez de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó.
El exministro enfrenta cargos de interceptación de comunicaciones telefónicas privadas y falsificación de instrumento público, en el contexto del caso de espionaje en el Ejército, conocido como “Operación Topógrafo”.
Formalizado en mayo de este año, Juan Antonio Poblete había sido inicialmente enviado a prisión preventiva. Sin embargo, la Corte Suprema ordenó su liberación inmediata debido a la falta de una querella de capítulos. Posteriormente, una acción judicial fue interpuesta y resuelta, resultando en la nueva orden de la medida cautelar emitida por el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Espionaje en el Ejército
El exjuez Poblete es uno de los acusados en el caso de espionaje en el Ejército.acusado
Desde quitar las manillas de las puertas para evitar la vigilancia de guardias hasta «ingresos a altas horas de la noche de personas de género masculino que visitan al personal residente». Esas son parte de las acusaciones que sustentan una investigación al interior de la Subsecretaría de Obras Públicas. Una indagatoria que busca establecer responsabilidades por el mal uso de una casa fiscal destinada a acoger a sus funcionarios en comisión de servicio a la capital. Por estos hechos, el subsecretario ya debió ofrecer explicaciones ante la Contraloría.
La Subsecretaría de Obras Públicas (SOP) inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades, a raíz de una denuncia de hechos irregulares ocurridos al interior de una de las casas de huéspedes del organismo en Santiago.
Se trata de un inmueble fiscal ubicado a los pies del Cerro Santa Lucía, y que ―en teoría― tiene como único fin el hospedar a funcionarios de regiones que concurren transitoriamente a la capital por motivos laborales o médicos.
Visitas a mitad de noche y la supuesta realización de “fiestas” que incluyen “consumo de alcohol y drogas” son algunas de las situaciones que fueron denunciadas por la empresa de seguridad encargada de la vigilancia.
De acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por BBCL Investiga, todos los dardos apuntan contra la funcionaria encargada del edificio, quien reside en el lugar.
AMBIENTE HOSTIL
A partir del 25 de enero de este año comenzó a prestar servicios en la Casa de Huéspedes la empresa de vigilancia HM Seguridad SpA. Esto, en el marco de un contrato para custodiar distintos edificios del Ministerio de Obras Públicas.
Según documentación revisada por este medio, desde el comienzo la empresa tuvo inconvenientes para llevar a cabo sus servicios. Así queda de manifiesto en un informe reservado que HM Seguridad presentó ante el servicio.
De acuerdo con el escrito de 10 páginas, el servicio de vigilancia que pretendió desarrollar la empresa sufrió desde el inicio “un menoscabo constante en su ejecución”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se mandó un exabrupto en buen chileno contra una concejala de la comuna de Renca, luego que le pidiera aumentar las medidas de seguridad ante la ola de violencia que afecta al país.
Todo ocurrió durante la reinauguración de la Plaza Los Cuncos, tras la demolición de un narco mausoleo, actividad donde acudió la secretaria de Estado.
Sin embargo, no esperaba que recibiría de vuelta un garabato. Expresión por la cual Tohá tuvo que pedir disculpas públicas vía Twitter (ahora X).
“Le quería pedir especialmente por nuestros vecinos de acá de la comunidad. Hace cinco días hubo una balacera. Niños corriendo con sus papás en brazos…Quiero pedirles que convoquen al concejo de seguridad nacional y si tienen que decretar estado de excepción constitucional, háganlo. Porque todos los días están asaltando a nuestro vecinos”, fue parte del reclamo de la concejala.
Pero, recibió de vuelta una frase que después la ministra se arrepintió.
En la encuesta Plaza Pública Cadem se midió el nivel de confianza que la gente tiene en el presidente de la República, Gabriel Boric Font. De acuerdo con el estudio, un 34% confía en el Mandatario y un 65% no lo hace.
El nivel de confianza en el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó al 34% en el mes de diciembre. Se trata de 1 punto porcentual más que el nivel de confianza que el Jefe de Estado tenía en agosto, cuando Cadem también midió ese ítem.
Por otro lado, un 65% (de las 703 personas que contestaron la encuesta) aseguró que desconfía en el presidente Boric. Es decir, el nivel de desconfianza disminuyó un punto porcentual respecto a agosto (cuando llegó al 66%).
Prioridades y aprobación
Ante la pregunta sobre el área a la que el Gobierno debería dedicar un mayor esfuerzo durante 2024, un 60% respondió que a combatir la delincuencia y el narcotráfico.
Asimismo, un 32% dijo aprobar la gestión del presidente (un punto porcentual menos que la semana pasada), mientras la desaprobación alcanzó el 64% (dos puntos porcentuales más que el domingo anterior).
Las principales razones para aprobar la gestión del Mandatario son sus atributos personales (36%), que defiende la inclusión e igualdad de género (33%) y la aprobación de las 40 horas, el sueldo mínimo y el royalty (32%).
En tanto, las principales razones para desaprobarlo son la delincuencia y el narcotráfico (52%), la falta de experiencia para gobernar junto con los cambios de opinión (34%) y la inmigración (27%)
Dos mujeres murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 68, donde testigos aseguran que el conductor responsable estaba ebrio y quiso darse a la fuga.
Dos mujeres murieron en un accidente de tránsito que se registró en la Ruta 68 a la altura de Curacaví. Testigos del hecho señalaron que el conductor del automóvil involucrado quiso darse a la fuga.
Fue pasada la medianoche cuando un auditor se contactó con La Radio para alertar del hecho.
Al llegar al lugar mencionado, específicamente en el Kilómetro 52,7 de la Ruta 68 en dirección hacia Santiago, Carabineros confirmó que había dos personas fallecidas.
Tras las primeras pericias se logró establecer que eran dos mujeres las que habían perdido la vida. En tanto, otras tres personas fueron trasladadas de urgencia hasta el recinto asistencial más cercano en estado grave.
Al llegar al lugar, personas que iban de camino hacia el santuario de Lo Vásquez y que presenciaron el hecho, relataron lo ocurrido.
El accidente se habría producido cuando el conductor del móvil perdió el control y chocó con una barrera de contención, provocando que las fallecidas salieran eyectadas. Asimismo, enfatizaron que el conductor manejaba en estado de ebriedad y habría querido darse a la fuga.
La SIAT de Carabineros llegó hasta el lugar para trabajar en las pericias que buscarán esclarecer la dinámica del hecho. Así lo señaló el teniente Nicolás Cantillana.
Durante la tarde de este jueves, el tránsito de la Ruta 68 será cortado completamente por la peregrinación hacia Lo Vásquez.
El contralor Jorge Bermúdez afirmó que no existe un marco legal que permita a los municipios decretar “emergencia comunal”, y que los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución; y aclaró que los jefes comunales no tienen atribuciones para impulsar este tipo de medidas. “No existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un ‘estado de emergencia local’ o ‘comunal’ a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad; eso no existe”, afirmó Bermúdez a CNN Chile.
En la misma línea, sostuvo sobre estos equipos de seguridad de las municipalidades de La Reina y La Florida, que “la actividad policial y la prevención está concentrada en Carabineros de Chile”, aunque explicó que los municipios si pueden destinar recursos a temas de gestión de seguridad.
“Lo que pueden hacer dentro de este marco de gestión, que autoriza a modificar el presupuesto policial con los resguardos de la ley y pasar recursos públicos de una partida a gestión de seguridad”, añadió.
Sobre una posible investigación, Bermúdez explicó que aún no han revisado los decretos de estas municipalidades, pero que en primera instancia no le parece la medida tomada por los alcaldes José Manuel Palacios y Rodolfo Carter.
“Nosotros no hemos revisado todavía esa ordenanza o ese decreto alcaldicio que debería materializar formalmente esto, pero en principio, y sólo conociendo lo que se ha dicho por la prensa, no nos parece que corresponda”, agregó.
Los jefes comunales de la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron este miércoles a La Moneda, para abordar, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y representantes de Carabineros y la PDI, la denominada “crisis de seguridad” que enfrenta el país.
Luego de culminar el encuentro, gran parte de los alcaldes y alcaldesas se retiraron decepcionados y acusaron que la cita estuvo marcada por los diagnósticos y no en medidas concretas.
El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, indicó que no tuvo una respuesta positiva al momento de proponer un estado de emergencia regional o utilizar la Ley de Protección de Infraestructura Crítica.
Quien valoró la instancia fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, del oficialismo, quien sostuvo que es fundamental reducir el poder de fuego en las calles, ya que esto permite realizar delitos violentos y facilita la pérdida de vidas.
Sobre la posibilidad de decretar “emergencia comunal” en Ñuñoa, tal como se hizo en La Reina y en La Florida, la jefa comunal descartó esta opción.
El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, aseguró que hay municipios que no cuentan con recursos suficientes para implementar iniciativas propias en materia de seguridad; e indicó que se requiere que funcionarios policiales que se desempeñan en el ámbito administrativo, puedan ser destinados a patrullajes en las calles.
Colmena, VidaTres y Banmédica fueron las primeras tres isapres en notificarle a sus afiliados la rebaja de la prima GES, en línea con lo ordenado por la Corte Suprema.
En medio de la crisis que afecta a las isapres, -ante el fallo de la Corte Suprema por la prima de Garantías Explícitas en Salud (GES)- Colmena, Banmédica y VidaTres comenzaron a comunicarle a sus afiliados un ajuste al respecto.
En detalle, Colmena indicó que bajará la prima GES, a partir de este mes de diciembre, de UF 0,93% a UF 0,77 mensuales por beneficiario.
Banmédica, por su parte, ajustará el GES desde UF 0,83 a UF 0,6 mensuales; y Vida Tres desde UF 0,85 UF a UF 0,63.
El resto de las isapres debería pronunciarse al respecto en los próximos días, a más tardar.
A diferencia de las personas en Fonasa, que financian las GES con cargo al 7% de su renta imponible, los afiliados a isapres deben pagar el precio que cada una de ellas establezca.
La Corte Suprema había acogido previamente recursos de protección que solicitaban que las isapres aplicaran una tabla de factores, lo que bloqueó el alza de los planes. Y si bien se cumplió eso, las isapres sí aplicaron aumentos relacionados a las GES en octubre de 2022.
Por ello, el último fallo determinó dejar aquello sin efecto para los afiliados, lo que derivaría -además- en devoluciones.
El 24 de noviembre, la Asociación de Isapres emitió un comunicado en el cual alertó que dichas instituciones se encontraban “en cuenta regresiva” -ante el mencionado fallo- y llamó al Gobierno y Congreso a tomar medidas para “impedir una catástrofe” en materia de salud.
En la declaración, la Asociación señaló que el cumplimiento del fallo, “de no mediar acciones concretas desde la autoridad”, ponía en “cuenta regresiva al sistema de salud privado”.
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