En el marco de la 22ª Semana de la Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó 60 propuestas para el desarrollo sostenible, inclusivo y descentralizado de Chile, las cuales fueron entregadas a seis candidatos presidenciales durante el encuentro “Chile posible. El país que podemos construir a 2030”, realizado el pasado martes 14 de mayo en el centro de eventos Metropolitan Santiago.

El evento, que reunió a representantes del mundo político, académico, gremial, empresarial y de la sociedad civil, tuvo como eje principal la discusión de estas propuestas, que buscan aportar de manera técnica y transversal a los programas de gobierno de quienes aspiran a liderar el país.

60 propuestas, 10 de ellas prioritarias

De las 60 medidas presentadas por la CChC, 10 fueron destacadas como prioritarias, por su potencial impacto inmediato en áreas estructurales como vivienda, infraestructura, desarrollo urbano y descentralización. Estas incluyen, entre otras:

1. Creación de una Agencia Nacional de Infraestructura

La CChC propone una nueva institucionalidad que planifique y ejecute infraestructura pública con visión de largo plazo, superando la lógica de corto plazo que hoy domina la gestión de obras públicas. Esta agencia tendría la misión de anticiparse a desafíos como el cambio climático y el crecimiento urbano, impulsando así el desarrollo territorial equitativo.

2. Gestión Acelerada para Proyectos Críticos

Se plantea establecer una estrategia «fast track» para ejecutar rápidamente proyectos en áreas sensibles como salud, educación, seguridad e infraestructura

hídrica, utilizando alianzas público-privadas para acelerar la respuesta sin sobrecargar el gasto fiscal.

3. IVA Diferenciado para Viviendas

Para facilitar el acceso a la casa propia, la Cámara propone un régimen de IVA diferenciado para la compraventa de viviendas, reconociéndolas como bienes esenciales, tal como sucede en otras áreas como salud y educación. Desde la implementación del IVA, el precio de las viviendas habría subido en torno al 14%.

4. Nuevo Gobierno para las Ciudades

Se plantea un modelo de gobernanza metropolitana que permita tomar decisiones con una mirada integral, sin debilitar la autonomía municipal, pero superando restricciones actuales que afectan planes de densificación y desarrollo urbano coordinado.

5. Política de Suelo para Vivienda y Desarrollo Urbano

Se propone una política de habilitación de suelo con infraestructura básica, regulaciones claras y enfoque en regeneración urbana, incentivando el uso habitacional de suelo público y privado para hacer frente al déficit habitacional.

6. Estándares Urbanos y Territoriales Garantizados

La propuesta busca establecer mínimos obligatorios de infraestructura urbana y rural que todos los municipios deben cumplir, garantizando dignidad y equidad territorial en accesos a servicios básicos, conectividad e infraestructura comunitaria.

7. Combate a la Permisología

Con Chile identificado como el país OCDE con más trabas regulatorias, la CChC plantea un nuevo régimen para permisos y trámites, donde la regla general sea operar con declaraciones juradas y el uso de excepciones solo para valores relevantes a proteger.

8. “Prioridad Presidencial” para Proyectos de Infraestructura

Se sugiere institucionalizar una figura que permita al o la Presidenta otorgar un estatus especial a ciertos proyectos estratégicos, permitiendo una tramitación ambiental y sectorial más ágil y eficaz.

9. Evaluación Integral de Normativas y Políticas Públicas

La CChC propone una institucionalidad que evalúe el impacto real de leyes y regulaciones, asegurando que políticas públicas respondan efectivamente a los desafíos del país. Muchas normas, advierten, han encarecido innecesariamente el costo de la vivienda.

10. Impulso al Desarrollo Regional

Finalmente, se plantea reforzar la descentralización, dotando a las regiones de capacidades reales para ejecutar sus estrategias de desarrollo, priorizando infraestructura en zonas con potencial productivo e inversión

“Estas propuestas buscan generar condiciones para un crecimiento inclusivo, sostenible y descentralizado”, señaló el presidente de la CChC O’Higgins Guillermo Carbacho Becerra destacó que se trata de iniciativas técnicas y de rápida implementación, que pueden ser integradas en los programas de gobierno de quienes aspiran a liderar el país.

La entrega de estas propuestas marca un hito en el diálogo público-privado en plena temporada electoral, apuntando a consensuar políticas de Estado que trasciendan los ciclos políticos y aborden de manera estructural los principales déficits del país.

El exdiputado José Antonio Kast empató a la exalcaldesa Evelyn Matthei en intención de voto espontáneo en los distintos escenarios de una primera vuelta presidencial.

De acuerdo con la última encuesta Plaza Pública de Cadem, dada a conocer este domingo por la noche, ambos candidatos obtuvieron un 17% de las preferencias entre los 705 encuestados.

El empate se da luego que Kast escalara 3 puntos porcentuales en el sondeo (pasando de 14 a 17), mientras Matthei retrocedió 3 (pasando de 20 a 17) en una semana.

En el tercer lugar de la carrera presidencial se consolida la exministra del Interior, Carolina Tohá, con 10% de las preferencias, relegando al cuarto lugar a los candidatos Johannes Kaiser y Gonzalo Winter con 6% cada uno.

A ellos les sigue la exministra Jeannette Jara con 5%, Franco Parisi con 3% y Michelle Bachelet con 3%.

Distintos escenarios

De acuerdo con Cadem, en un escenario hipotético de primera vuelta donde compitiera Matthei, Kast, Kaiser y Tohá como la candidata oficialista (sin Jara ni Winter), la exalcaldesa de Providencia obtendría el 21% de los votos, seguida de Kast (20%), Tohá (16%), Kaiser (9%), Parisi (7%) y Marco Enríquez-Ominami (5%).

En ese mismo escenario potencial, pero sin el candidato Kaiser, Matthei obtendría el 25%, Kast el 24%, Tohá el 17%, Parisi el 6% y ME-O el 5%.

Mientras, en un escenario de primera vuelta con Kaiser y con Jara como la candidata del oficialismo, Matthei se quedaría con el 21% de los comicios seguida da Kast (20%), Jara (14%), Kaiser (8%) y ME-O con 8%.

Por último, en un supuesto donde Winter fuera el candidato oficialista para la primera vuelta y Kaiser terminara participando de la elección, Matthei alcanzaría el 22% de los votos, Kast el 21%, Winter el 11%, Kaiser el 10%, Parisi el 8% y ME-O el 7%.

Es decir, de acuerdo con el estudio, la opción oficialista que tendría mejor desempeño en la primera vuelta sería Carolina Tohá, quien se consolidó como tercera en la carrera presidencial general, pese a retroceder 2 puntos porcentuales.

El caso ProCultura ha generado diferentes tensiones entre las filas del oficialismo, donde se han adoptado posturas muy distintas para enfrentar las repercusiones de esta investigación. En medio de ese contexto, durante las últimas horas, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana se enfrascaron en un round político por los vínculos de Alberto Larraín, fundador de la cuestionada fundación.

En primer lugar, la presidente del Frente Amplio, Constanza Martínez, apuntó contra los gobiernos regionales, pero fue más lejos aún. En conversación con T13 Radio, sostuvo que “el Caso ProCultura no es un caso del Frente Amplio”, y que se trata “es una fundación con vinculaciones personales, con algunos miembros del Frente Amplio, pero donde los aumentos de montos fueron provocados por gobiernos regionales de las regiones Metropolitana y de Bío Bío, ambos exmilitantes de la Democracia Cristiana”.

También, agregó que “la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es de la Democracia Cristiana”.

n la misma línea, la diputada frenteamplista Gael Yeomans aseguró que “no hay ninguna forma, digamos, institucional, en que responda él (Alberto Larraín) a alguna vinculación con el Frente amplio, eso lo descartamos desde ya”.

“Es una persona que no solamente fue conocida por algunos miembros del Frente Amplio, sino también por una amplia gama de espectro político, inclusive tenía una relación, entiendo, con la Democracia Cristiana bien cercana”, siguió.

DC responde al FA por Alberto Larraín y ProCultura

Ante estas declaraciones, la Democracia Cristiana no se quedó en silencio. El presidente de la colectividad, Alberto Undurraga, a través de sus redes sociales, señaló que los dichos de Martínez “son inaceptables”.

“En caso Pro-Cultura, y en todos los casos, debe investigarse, caiga quien caiga, sin ninguna defensa corporativa”, añadió.

Pero eso no es todo, ya que también apuntó a la idea de “espionaje político” planteada por el Frente Amplio, sosteniendo que “es ridículo, porque no es así, y torpe, porque pone el foco en ellos por atacar al fiscal”.

“Enlodar a otros partidos que no tienen nada que ver es la gota que rebalsó el vaso. Estuvo bien no ir a primarias con ellos”, concluyó.

Por su parte, el diputado Héctor Barría (DC) argumentó que “no puede ser que aún no dejen la casa. Piensan que aún están bajo el tutelaje de algunos padres y madres, porque se comportan, y perdón a los niños y niñas, como verdaderos infantes en política. Ya dejaron esa tierna edad de la adolescencia, de la juventud”.

“Tienen que entender que son gobierno, y no puede ser que cada vez que ocurra un problema, ellos eludan su responsabilidad”, agregó.

La explicación de Constanza Martínez (FA)

Frente a la polémica desatada, la timonel frenteamplista, Constanza Martínez, utilizó sus redes sociales para explicar que “ni como partido, ni yo como presidenta, buscamos endosar responsabilidad a ningún sector sobre las acciones presuntamente ilícitas del señor Larraín mediante su fundación Procultura, y esperamos que estas se investiguen con rigurosidad y celeridad”.

“Con ese mismo objetivo hemos señalado que ni él ni su fundación tienen vínculos financieros con el Frente Amplio”, añadió.

Posteriormente, en conversación con La Radio, Martínez sostuvo que “Alberto Larraín tiene vínculo con distintos actores políticos, y di un ejemplo sobre su militancia. Eso no quiere decir que yo esté planteando que acá hay una vinculación con la Democracia Cristiana, de ninguna manera”.

“Lo que estoy planteando es que es el señor Alberto Larraín el que ha desadeudado distintas cercanías personales con respecto a un asunto que tiene que investigarse, y que no es una fundación del Frente Amplio”, siguió explicando.

FUENTE: BIO BIO LA RADIO

El fundador de la polémica fundación ProCultura, Alberto Larraín, desmintió un posible financiamiento político a través de la organización que lideró a la campaña del presidente Gabriel Boric, y que está bajo investigación por parte de la Fiscalía.

Así lo aseguró este martes a través de una declaración pública a la que accedió Radio Bío Bío, donde enfatiza que “no hubo financiamiento político desde ProCultura”.

“Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”, señala Alberto Larraín.

“La Fundación ProCultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables”, añade.

Asimismo, resalta que los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior del expresidente Sebastián Piñera.

“Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del ex Pdte. Sebastián Piñera”, asevera.

“Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor”, apunta Larraín.

Así también, aseguró que las transacciones en dinero a su pareja, Sebastián Balbontín, candidato a alcalde de Revolución Democrática para Limache, fueron aportes personales.

“Sobre las transferencias a Sebastián Balbontín (mi pareja hace más de 5 años). Éstas no provinieron desde ProCultura, sino de mi cuenta personal, consistentes en gastos
cotidianos y domésticos”, dice Alberto Larraín.

Además, señala que “no existió jamás una votación ni acción de su parte, como consejero regional, que beneficiara a la Fundación”.

Por último, el fundador de Procultura descarta un supuesto enriquecimiento a través de la organización.

“No me he enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra”, concluyó.

“En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones. Incluso, en lo personal, destiné importantes recursos propios y familiares en apoyar a la organización e intentar la subsistencia de la misma, a fin de cumplir con las obligaciones que tenía pendientes a la fecha”, añade.

“En 14 años de trabajo la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos
o ejecución de proyectos. Estuvo presente en varias regiones del país y contó con decenas de
trabajadores”, sostiene Alberto Larraín.

“Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la ex pareja del Pdte. de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la Fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público”, afirma.

“De manera similar, se intentó cuestionar mi vínculo como asesor ad honorem del entonces diputado Gabriel Boric en materias de salud mental, a pesar de que ese trabajo incluyó a parlamentarios de diversas tendencias políticas y fue siempre de carácter voluntario”, criticó.

“Espero que las opiniones sean más informadas, menos descontextualizadas, y así quienes
tienen la misión de informar casos complejos a la ciudadanía respeten principios básicos de
nuestro ordenamiento jurídico, cómo son, entre otros, el principio de inocencia”, concluyó el fundador de Procultura.

La propuesta busca castigar imputaciones maliciosas, salvaguardar a víctimas reales y reforzar la confianza en el sistema judicial chileno.

Las diputadas María Luisa Cordero, Sofía Cid y Carla Morales, están impulsando un proyecto de ley que endurece las penas para quienes formulen denuncias falsas en casos de delitos sexuales. La iniciativa surge en un contexto donde las acusaciones de este tipo han aumentado un 5%, según datos de la Fiscalía, aunque muchas terminan en sobreseimientos o absoluciones.

En este marco, la diputada Cordero destacó la importancia de legislar para evitar abusos en el sistema penal. “Las denuncias falsas no solo destruyen la vida de personas inocentes, sino que también sobrecargan un sistema judicial ya colapsado, desviando recursos y tiempo que deberían estar destinados a las víctimas reales de estos delitos. Es hora de que el ordenamiento jurídico chileno contemple sanciones acordes con la gravedad del daño que generan estas acusaciones”, señaló.

Por su parte, la legisladora Carla Morales enfatizó el impacto social de estas denuncias en la vida de los afectados. “El daño reputacional que sufre alguien acusado injustamente de un delito sexual es irreparable. Aunque la justicia dicte una absolución, el estigma persiste. Este proyecto busca proteger la integridad del sistema penal y devolver la confianza a las víctimas legítimas de estos delitos”, explicó.

A su vez, la parlamentaria Sofía Cid subrayó las repercusiones negativas que las acusaciones infundadas generan en el acceso a la justicia. “Cuando se realizan denuncias falsas, se mina la confianza en las instituciones y se deslegitima el sufrimiento de quienes realmente han sido víctimas. Este proyecto busca ser un freno a esas prácticas maliciosas y un apoyo para quienes acuden al sistema judicial en busca de reparación y protección”, indicó.

El proyecto propone incorporar al Código Penal el delito de denuncia falsa en materia sexual, con penas que podrían oscilar entre el presidio menor en grado medio y máximo, alcanzando presidio mayor en los casos más graves.

“Este cambio es esencial para garantizar que el sistema penal cumpla su propósito: proteger a los inocentes y castigar a los verdaderos culpables. No podemos permitir que una herramienta diseñada para defender se utilice como arma para destruir”, concluyó la diputada Morales.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a su relación afectiva con la exministra del Interior y carta presidencial del PPD, Carolina Tohá.

Recordemos que en las últimas horas han surgido críticas respecto a si existiría un conflicto de interés, e incluso algunos han apuntado a que el líder de la billetera fiscal debería renunciar al cargo.

Al preguntarle si se va a abstener de pronunciarse sobre el debate de las candidaturas presidenciales, Marcel dijo que “el Presidente, en primer lugar, ha sido muy claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral. Como ustedes bien saben, yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración a favor de ningún candidato o candidata, y en lo que resta de todo el proceso electoral, pretendo seguirlo haciendo de la misma manera”.

“En general, cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos, yo he tratado de referirme más bien al tema de fondo más que a lo que un candidato en particular o a la persona de un candidato o candidata. Y, por supuesto, que seré muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene”, comentó el secretario de Estado.

Sin embargo, Marcel recalcó que él tiene que hablar por “la conducción económica y los planteamientos que se hagan respecto de la conducción económica, como siempre, en distintas circunstancias, distintos contextos, siempre he respondido a las preguntas que me hacen los periodistas”.

Ante la consulta sobre si descarta que le haya respondido negativamente a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por su relación con la exministra Tohá, el ministro dijo que “la última vez que yo me referí a alguna declaración de Evelyn Matthei, cité a una clasificadora de riesgo. Entonces, uno trata de apoyarse en elementos que son visibles… y habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura”.

Marcel y relación con Tohá

Teniendo en consideración que este es un año electoral, se le preguntó a Marcel si es que él esperaría que esto no perjudique su relación con el Congreso y la tramitación del Presupuesto que se viene para fin de año.

En este sentido, el ministro enumeró 10 proyectos que tienen en tabla para discutir esta semana en el Congreso, que se encuentran en sus últimas etapas de tramitación. “Yo siempre confío en que los parlamentarios van a participar en la discusión y van a votar de acuerdo al interés de Chile… yo creo que es lo que todos esperamos”, manifestó el secretario de Estado.

“También todo lo que esperan de mí como ministro, que me dedique 100% a las tareas de mi cargo. Los otros temas son personales, de la vida privada, pero en lo que se refiere a la vida pública, mi dedicación a las tareas del Ministerio de Hacienda es plena y así lo ha sido hasta ahora”, afirmó Marcel.

En cuanto a si existiría conflicto de interés o si esto lo deja en una posición incómoda esta revelación, Marcel dijo que “no me deja incómodo porque en realidad nunca he sentido que exista ese conflicto de interés”.

“Si, por ejemplo, lo quisiéramos ligar a los temas de asignación de recursos, todos sabemos que la seguridad pública es la prioridad número 1 de los chilenos. Y el compromiso de recursos para ese efecto lo puso el propio Presidente de la República cuando, en el 2023, estableció esta meta de incrementar el presupuesto en 1.500 millones de dólares”, sostuvo Marcel.

Por ende, el ministro se pregunta “cuál sería el contrafactual, o sea, qué es lo que habría tenido que hacer, restarle recursos a Seguridad Ciudadana por una relación sentimental. Imagínense lo que eso le diría al país, entonces los chilenos y chilenas no tienen dudas respecto de cuáles son las prioridades en los recursos públicos (…)”.

Marcel dijo además que no quiso calificar de “injustas” las críticas, puesto que “han sido muy diversas. Hay mucha gente de distintas partes del espectro político que entienden que esta es una situación que concierne a la vida privada, por lo tanto, no debería ser un tema político”.

Finalmente, al preguntarle si sabía que esto se iba a revelar, Marce dijo lo supo más o menos en la época en que se hizo la entrevista.

Los ex funcionarios de la Municipalidad de Vitacura -a través de sendas declaraciones ante el Ministerio Público- develaron cómo se desviaron millonarios recursos fiscales bajo la administración del entonces alcalde Raúl Torrealba. El esquema incluía de todo: retiros de los dineros desde una caja fuerte, sobres especiales con efectivo entregados detrás de «pilares» para evitar ser vistos y hasta préstamos personales. «(La plata) debía ser entregada envuelta por una hoja blanca y al interior de un sobre de papel, con la finalidad de que no se trasluciera», desclasificó uno de los dos contadores que participaron del modus operandi y que hoy se alistan para un juicio abreviado.

FUENTE: BIO BIO

Augusto Silva Silva y Arnaldo Cañas González, ex contadores de la Municipalidad de Vitacura, pactaron un acuerdo con la fiscalía para llegar a un procedimiento abreviado en la investigación por delitos de corrupción, ocurridos bajo la administración del entonces alcalde, Raúl Torrealba (RN hasta 2021).

Se trata de dos profesionales que, luego de que explotara el caso, decidieron hablar y delatar el “modus operandi” del jefe comunal, en el que —de acuerdo a la investigación— también participó la cúpula de la casa edilicia. Es decir, el entonces encargado de los programas Vita, Domingo Prieto Urrejola; la directora de Desarrollo Comunitario de la época, Antonia Larraín Prieto; y el brazo derecho del alcalde, Renato Sepúlveda Nebel.

En sendas declaraciones ante el Ministerio Público, develaron cómo se instauró el fraude al interior del municipio. Un mecanismo que incluyó sobres con dinero en efectivo para el propio Torrealba, boletas de honorarios extendidas a tíos, primos y parejas, además de préstamos personales con los que se buscaba tapar el descalabro financiero.

Los “favores”

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, César Silva Silva y Arnaldo Cañas González declararon entre agosto y octubre de 2021 ante el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. En sus alocuciones dijeron haber sido contratos en la municipalidad por Domingo Prieto. Este último corresponde a uno de los colaboradores del círculo de hierro del exalcalde, quien terminaría destapando el fraude.

Según contó Cañas, su participación en los hechos comenzó en 2016, luego de que por su desempeño le asignaran nuevas funciones que implicaban trabajar en el programa Vitaemprende. Fue a partir de entonces que funcionarios de alto rango comenzaron a pedirle “favores” bajo la amenaza de perder su trabajo.

Los favores fueron varios.

A su juicio, “uno de los más raros y abusivos” fue que debió conseguir préstamos a título personal para tapar el déficit financiero que se generó en la Municipalidad bajo la gestión de Torrealba.

En total, entre 2016 y 2020, debió solicitar casi una decena de préstamos y refinanciamientos.

“Con el tiempo estas exigencias se fueron intensificando. Empezaron mayores presiones por conseguir dineros, en su mayoría para ser llevados al municipio según me señalaban, también para aportar a las cuentas corrientes de los programas Vita (Vitadeportes, Consejo Local de Deportes, Vitaemprende) o para pagar deudas de estas instituciones”, atestiguó Cañas.

Los sobres

De acuerdo a su testimonio, para poder pagar las cuotas de esos préstamos personales, desde la municipalidad le exigieron que buscara a otros profesionales. ¿El objetivo? Que ellos emitieran boletas de honorarios por servicios que nunca fueron prestados y así dar apariencia de legalidad a desembolsos que, en realidad, iban a parar al propio Cañas para que se pudiera poner al día.

“Estas personas fueron mi pareja, desde el 2008 a la fecha, unos amigos y primos, un primo de mi señora; también una prima y una familiar de ella. También mi cuñado, que está casado con mi hermana; y mi hermano, aunque estaba reticente”, detalló.

“Muchas veces quise salir de esta situación, no me gustaba comprometer a terceros que solo buscaban hacerme un favor cuyo detalle ni siquiera entendían, pero necesitaba mis ingresos. Por esos años, a partir del 2018 creo, empecé con desmayos en la calle y empezó a instalarse la idea entre los médicos de que podía tener un tumor cerebral. Estaba muy presionado por los altos montos de los préstamos y por mi enfermedad”, lanzó.

El cuarto piso de Torrealba

Pero, hasta que fue despedido en 2020, Cañas no se salió del entramado. Incluso, dijo ante la fiscalía, entregó mensualmente sobres con dinero en efectivo, de entre $5 y $20 millones a Domingo Prieto o Renato Sepúlveda. Este último, corresponde a uno de los fundadores de Renovación Nacional, quien —tal como reveló este medio— utilizó fondos municipales para viajar junto a Torrealba y otros personeros a actos electorales de candidatos a diputados y senadores de Chile Vamos. Tanto Sepúlveda, como Prieto y Larraín, según la indagatoria, eran los encargados de recibir los sobres con efectivo y entregárselos a Torrealba.

“Don Renato hacía reuniones semanales en Dideco en las que solicitaba que sacáramos más dinero en efectivo de las organizaciones, dineros que eran variables dependiendo de lo que don Renato indicara (…) También nos pedían sacar dinero de las organizaciones para la semana de la chilenidad en septiembre, que correspondían a montos cercanos a los $5 millones, aunque a veces era más, llegando incluso en una ocasión hasta $10 millones. Recuerdo que el año 2016 o 2017 nos pidieron que entregáramos $20 millones para una festividad en diciembre”, prosiguió.

“En una oportunidad, Antonia [Larraín] me dijo que subiera con los sobres al cuarto piso, donde se ubicaba la oficina del alcalde, ya que ella estaba ahí. Nos juntamos en el pasillo, le entregué los sobres y, acto seguido, ella entró a la oficina del alcalde, y luego de tres minutos, vuelve a salir al pasillo, ya sin los sobres en sus manos, agradeciéndome la gestión. De hecho, los sobres se los entregué de una forma disimulada, detrás de un pilar, para que nadie lo viera”, sentenció Cañas.

Sin traslucirse

Augusto Silva contó una historia similar. Su testimonio, eso sí, entrega más detalles respecto de los sobres con dinero en efectivo. El contador develó, por ejemplo, que éstos debían ser especialmente preparados para evitar que se conociera qué contenían.

“(La plata) debía ser entregada envuelta por una hoja blanca y al interior de un sobre de papel, con la finalidad de que no se trasluciera”, afirmó.

Silva atestiguó que como consecuencia de las constantes solicitudes de dinero se generó un “pozo acumulado” (es decir, un déficit) que no se reducía. Por ello, se vio en la obligación de intentar taparlo. Recurrió —al igual que Cañas— a documentación tributaria falsa extendida a nombre de familiares.

“Era mucha la presión, por lo que me vi en la necesidad de (…) emitir boletas de honorarios electrónicas para Vita Deportes de mi pareja Lorena Baeza, desde el año 2019 y 2020, sin su consentimiento. Estas boletas servían para respaldar los retiros históricos de dinero”, lanzó.

Además, reconoció que durante 2011 y 2012 muchas veces le tocó cobrar cheques para posteriormente pasar el dinero en efectivo a Domingo Prieto.

“Se introducía en un sobre y se cerraba con scotch para que nadie más lo abriera. Él lo iba a buscar a la oficina del Consejo Local de Deportes donde se lo entregaba yo y si yo no estaba se lo dejaba en una caja fuerte que estaba en mi oficina del segundo piso”, acotó.

En otras oportunidades, advirtió, Prieto lo llamaba y le pedía que fuera hasta la Municipalidad de Vitacura a dejar el sobre. “Iba al tercer piso, él salía de una oficina, se lo entregaba en el pasillo, él tomaba el sobre y se iba”.

La audiencia

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, la colaboración de ambos exfuncionarios ante la fiscalía les permitió conseguir un procedimiento abreviado, en el que deberán aceptar los cargos que les formulará el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir.

A través de un escrito ingresado por el persecutor, el Ministerio Público solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía capitalino, “previo acuerdo con la defensa”, fijar una audiencia para dicho efecto.

“Después de un largo proceso, nuestros representados han aceptado un procedimiento abreviado. Para ello se ponderaron una serie de circunstancias, fundamentalmente la necesidad de cerrar este amargo capítulo en sus vidas. Mis representados, a diferencia de otros imputados, no se beneficiaron personalmente, no se quedaron con un solo peso. Por el contrario, pusieron dinero de su propio bolsillo para las Vita, dinero que aun se les adeuda”, dice Marcos Contreras Enos, abogado de ambos contadores.

Según cuenta el abogado, ellos eran “los últimos eslabones de la cadena y no pudieron soportar las presiones de sus superiores cuando les pedían dinero bajo distintas excusas”.

“Con su colaboración desde el primer el primer día, fueron quienes permitieron establecer en la investigación los detalles que hoy se conocen”, sentencia.

Así las cosas, el tribunal programó la cita para el próximo 22 de mayo de 2025, a las 11:00 horas.

El libelo, elaborado por diputados UDI, plantea una responsabilidad política del delegado metropolitano en la tragedia afuera del Monumental.

Si bien toda la derecha impulsará la ofensiva, igualmente busca sumar apoyos desde partidos como la DC o Demócratas.

FUENTE: COOPERATIVA

La bancada de diputados de la UDI afina los últimos detalles de su acusación constitucional en contra del delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, antes de presentarla entre el lunes y el martes, con apoyos desde RN, Republicanos, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano.

El libelo plantea que, atendidas las fallas del plan de seguridad para el partido entre Colo Colo y Fortaleza del 10 de abril pasado, la autoridad regional es responsable políticamente de la muerte de dos hinchas del equipo nacional, tragedia ocurrida en las afueras del Estadio Monumental.

Mientras que Durán se ha mostrado confiado de que esta acción no va a prosperar, el jefe de la bancada gremialista, Gustavo Benavente, asegura que han elaborado un buen texto, con argumentos jurídicos que lo respaldan.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara, Andrés Celis (RN), relevó en la antesala que «quienes tenemos el deber de fiscalizar somos los parlamentarios, y no sacamos conclusiones a la ligera, menos cuando hay dos fallecidos«.

«Lo que el delegado expuso ante la comisión la semana pasada fue, sinceramente, más una defensa de su cargo que una autocrítica real: hubo dos personas fallecidas, y una cadena de errores evidentes en la coordinación de seguridad, que le corresponde a él«, reprochó el diputado.

Si bien la derecha completa está a favor de la ofensiva, igualmente busca sumar apoyos desde otros partidos, como la DC o Demócratas, con el fin de evitar un nuevo fracaso en la Sala, cuando el libelo necesita un mínimo de 76 votos para avanzar al Senado.

Bancada PPD: «Será una pérdida de tiempo»

Para el jefe de la bancada PPD-independientes, Héctor Ulloa, la presentación de esta acusación constitucional «sólo va a ser una pérdida de tiempo, ya que no contribuye en solucionar el problema de fondo, que es entregar seguridad a las personas que asisten a los estadios«.

«Debemos tener institucionalidad, inteligencia, control biométrico, que los clubes privados implementen medidas de control de acceso. El plan Estadio Seguro, como política de Estado, ha fallado, y es en esa reestructuración donde debiéramos tener puestas todas nuestras energías«, emplazó el diputado.

En definitiva, coincidió con Durán en cuanto a que «esta acusación constitucional no tiene ningún sustento jurídico«, e incluso añadió que «la oposición sólo busca sacar provecho político en un año electoral».