Categoría: Reportaje

  • Gobierno de Frei ayudó a Pinochet a fingir enfermedad mental en Londres, según alto funcionario

    Gobierno de Frei ayudó a Pinochet a fingir enfermedad mental en Londres, según alto funcionario

    El Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle ayudó al exdictador Augusto Pinochet Ugarte a fingir una enfermedad mental para así zafar de ser extraditado a España y poner fin a su arresto en Londres, según atestiguó un alto funcionario de aquella administración.

    Así consta en el testimonio que Cristián Toloza Castillo, en ese entonces asesor de Frei y que formó parte del grupo encargado de que Pinochet volviera a Chile, entregó al investigador británico Philippe Sands.

    Pinochet era senador vitalicio cuando fue detenido en la capital inglesa el 16 de octubre de 1998. El motivo de su arresto fue una orden de captura internacional decretada por el juez español Baltasar Garzón, que pedía su extradición a España para ser juzgado por crímenes contra la humanidad.

    Sin embargo, el 2 de marzo del 2000 el ministro del Interior británico, Jack Straw, anunció que finalmente no lo enviaría a la nación ibérica por “razones humanitarias”, argumentando que sufría de demencia senil.

    Al día siguiente, tras aterrizar su avión en el Grupo Nº10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Pinochet fue sacado de la aeronave en una silla de ruedas por una rampa. Apenas alcanzó la losa del aeropuerto, se levantó a abrazar al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta.

    “Tenía que decir que había pensado suicidarse y cosas irracionales y absurdas”

    “Creo que la cuestión médica la plantearon los británicos. Sabían que, legalmente, podían abortar el proceso de extradición por cuestiones de salud”, asevera Cristián Toloza en el nuevo libro de Sands, Calle Londres 38.

    El gobierno laborista de Tony Blair quería deshacerse del general en retiro, pero no había muchas alternativas legales a mediados de 1999, después de la tercera sentencia de la Cámara de los Lores y la segunda autorización del ministro Straw a la extradición a España.

    Así, se negoció un acuerdo en el que los problemas de salud de Pinochet impedirían la extradición, por lo que regresaría a Chile, donde perdería su fuero y sería juzgado, según rememora Toloza. No obstante, Straw pidió que se lo sometiera a un reconocimiento médico independiente.

    De acuerdo con Toloza, el Gobierno de Eduardo Frei elaboró un documento para que Pinochet pudiera simular los síntomas, el que fue entregado a Izurieta.

    “Se indicaba cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimido”, declara el asesor.

    Según detalla, el dossier tenía cerca de diez páginas y “describía cómo debía ‘actuar’ Pinochet: tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas”.

    Consultado por Sands sobre si el informe había llegado a manos de Pinochet, Toloza dijo que suponía que sí: “Izurieta fue a Londres y se vieron”, contestó.

    El viaje con evidencia de la Caravana de La Muerte

    De acuerdo con el libro, el presidente Eduardo Frei temía un nuevo golpe de Estado, o que la detención de Pinochet derivara en violencia y muertes. Y es que tras la aprehensión del dictador se produjeron múltiples protestas en Chile y en Reino Unido.

    “(Si Pinochet muere en Gran Bretaña), lo convertirán ustedes en un mártir y en un santo. ¿Es lo que quieren?”, recuerda Toloza que manifestó a Jonathan Powell, jefe de gabinete de Tony Blair, en una reunión en junio de 1999.

    Pero los británicos querían una garantía de que Pinochet sería procesado en Chile. Por ello, Toloza viajó a Londres con un registro secreto por encargo del ministro del Interior Raúl Troncoso, quien lideraba el grupo que buscaba el regreso al país del exdictador.

    Se trataba de la fotocopia de un documento que habría sido facilitado por el mismo Ejército, que mostraba que Pinochet dio la autorización para la Operación Caravana de La Muerte los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado.

    Con aquel papel en mano, Toloza le dijo a Powell que tenían la “base legal para juzgarlo en Chile”. Asimismo, le aseguró que el Gobierno había comunicado “al Poder Judicial que tiene luz verde para proceder contra Pinochet”.

    “No recuerdo los detalles, pero no tengo motivos para dudar de que ocurriera así”, comentó por su parte Jonathan Powell a Philippe Sands.

    Toloza: “Todo está en el libro”

    La Unidad de Investigación de BioBioChile se comunicó con Toloza, quien actualmente es el jefe del Departamento de Europa, África y Medio Oriente de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Al respecto, el funcionario dijo que no tenía más que agregar.

    “Entiendo que todo está en el libro”, se limitó a comentar Toloza, quien también se ha desempeñado en el directorio de la Fundación Frei.

    Por otro lado, BBCL Investiga consultó al ministro de Defensa de la época, Edmundo Pérez Yoma, si había tenido noticias del informe entregado a Izurieta.

    El exsecretario de Estado explicó que cuando él asumió en junio de 1999, “ya estaba empezando la Mesa de Diálogo” por las desapariciones forzadas durante la dictadura, a lo que se vio abocado. “No conozco ni conocí ese documento”, aseveró.

    Augusto Pinochet fue procesado en 2001 por el magistrado Juan Guzmán por el Caso Caravana de La Muerte. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no estaba en condiciones mentales para ser juzgado por aquella causa.

    La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó conversar con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero desde su entorno explicaron que se encuentra fuera del país y que, además, no está concediendo entrevistas.

  • Encontré un cadáver en la calle: las otras víctimas del crimen organizado en Chile

    Encontré un cadáver en la calle: las otras víctimas del crimen organizado en Chile

    Según información del propio Ministerio Público, los hallazgos de cadáveres con signos de extrema violencia -algunos desmembrados- son los que más alerta generan en la ciudadanía. En esta materia, expertos advierten sobre el impacto físico y psicológico de estos descubrimientos inesperados en las personas, entre ellos el estrés postraumático. Hoy BBCL aborda la realidad de quienes son considerados las «víctimas silenciosas» del crimen organizado. Al menos, 35 casos en lo que va del año.

    Fuente: Bio Bio Chile

    Era el último domingo de enero de este año cuando, en la localidad de Las Ánimas de Ovalle, un transeúnte interrumpió su recorrido para llamar de urgencia a Carabineros. El motivo era totalmente fuera de lo habitual… En el lugar divisó un cráneo humano, abandonado en medio de la Ruta 43 de la región de Coquimbo.

    Semanas después, otro caso ocurrió en la comuna de Maipú, cuando un grupo de trabajadores alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo desmembrado en su lugar de trabajo: el Fundo El Bosque.

    Los restos del cadáver estaban al interior de un canal de regadío ubicado -específicamente- en la intersección de Camino El Bosque con René Olivares.

    El sur de Chile tampoco es ajeno a este tipo de situaciones.

    A mitad de año, uno de los habitantes de la pequeña comuna de Llanquihue, en la región de Los Lagos -mientras caminaba por el sector Molino Viejo- divisó lo que más tarde se confirmaría que eran osamentas humanas.

    Lo detallado anteriormente, según expertos, podría afectar de distintas formas, tanto física como psicológicamente, a quien -de manera inesperada y sin quererlo- participa del descubrimiento. Incluso, en la forma de relacionarse con los demás.

    Homicidios y hallazgo de cuerpos en vía pública

    El último informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, evidenció una baja de -9,4 de la tasa de homicidios consumados cada 100 habitantes durante el primer semestre de 2024.

    Esto, respecto al mismo periodo de 2023. Aun así, el mismo documento revela que el 48% de este tipo de crímenes fueron realizados con arma de fuego, seguida por las armas cortopunzantes con 35,6%. En tanto, la vía pública fue el lugar más frecuente de agresión, con un 58,7% de los casos.

    Considerando esta última variante, ante la falta de antecedentes oficiales, una revisión periodística de BioBioChile da cuenta que desde enero hasta el pasado mes de octubre se registraron, al menos, 35 casos en que transeúntes se vieron expuestos a este tipo de hallazgos, personas que impensadamente se transformaron en víctimas indirectas de un crimen. ¿Qué pasa con ellos?

    En los primeros diez meses del año han aparecido cuerpos golpeados, amarrados, maniatados y amordazados. A la vez, con impactos de balas y también calcinados. A esto se suma el descubrimiento de cráneos, piernas, brazos, manos y torsos.

    ¿El factor común? Todos encontrados en la calle y, muchos de estos, con violenta intervención de terceros: Abandonados en la vía pública, dentro de basureros, tambores y también envueltos en sábanas.

    De hecho, el reciente informe de Crimen Organizado en Chile, publicado por la Fiscalía Nacional, reveló un aumento de homicidios cada 100 mil habitantes (entre los años 2015-2023) y, de esos, el que más alarma pública provoca es el registrado en la calle.

    Lo anterior, “como por la forma de ejecución de algunos de ellos, en los que se aprecia un aumento del uso de armas de fuego, una ejecución en plena vía pública, hallazgos de cadáveres con signos de extrema violencia y algunos desmembrados”.

    La contención estatal

    Destacando el principio de voluntariedad, al ser consultados por este medio, desde el Ministerio Público no se especificó la cantidad de personas que han estado bajo la atención de las Unidades Regionales de Atención a las Víctimas y Testigos (URAVIT) durante lo que va de 2024. Tampoco los detalles de cómo trabajan junto a este tipo de testigos.

    Cabe precisar que dicho programa de la Fiscalía Nacional tiene por objetivo brindar apoyo, contención y primeros auxilios psicológicos al momento del hecho. Así lo explicó -en términos generales- la gerenta de la División de Víctimas y Testigos (DAVT), Alicia Díaz Nilo.

    “Luego (de ocurrido el hecho) el fiscal a cargo del caso indica las acciones a seguir y se dispone de medidas de protección según el riesgo, las que se coordinan con los profesionales de las URAVIT”, dijo.

    Respecto al tiempo de apoyo, Díaz sostuvo que se determina según las necesidades de cada víctima y/testigo. En cuanto a cómo se materializa la ayuda, explicó que a través de contactos y seguimientos posteriores.

    “De ser necesario se realiza derivación de atención al Centro de Apoyo a Víctimas de delitos (CAVD), para evaluar su posible necesidad de atención terapéutica reparatoria y asesoría jurídica o a psicólogos y psiquiatras calificados según lo que requiera el caso”, respondió.

    El efecto postraumático y una eventual normalización

    Desde el área de la salud mental, los psicólogos coinciden en que este tipo de experiencias inesperadas y sobrecogedoras podrían dar paso a un trastorno de estrés post traumático (TEPT).

    Según explica la psicóloga y académica de la Universidad Finis Terrae, Catalina Cubillos, el trauma se genera a partir de una experiencia tan impactante, que sobrepasa la capacidad del sistema nervioso para procesar adecuadamente la información.

    “Por lo tanto, esa experiencia se queda como “bloqueada” o “atascada” en la memoria. Para la persona resulta tan amenazante revivirla, que va a tender a evitar todo lo que pueda recordársela”, explicó.

    Igualmente, aclaró que “no todos los que vivan una experiencia así desarrollarán necesariamente un trastorno de estrés postraumático. Eso tiene que ver con otros factores, como la historia de cada persona”.

    Sobre la misma materia, la directora del Magíster en Intervención Psicológica Infantojuvenil de la Universidad del Desarrollo, Ximena Pereira, describió que estas experiencias pueden estar relacionadas con emociones como miedo, angustia, sentirse desamparado y también asco. Todo dependiendo de qué y cómo se encontró.

    “Ya pasado el tiempo, y dependiendo de la ayuda o si se puede sentir propiamente amparado después de haber encontrado el hallazgo, podría desarrollarse un trastorno de estrés postraumático que tiene síntomas que son recuerdos muy vívidos de la situación”, señaló la profesional.

    Para el académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, Cristian Rodríguez, “encontrar un cuerpo en general, asumo, claro, es una experiencia potencialmente traumática”.

    “O sea en los casos que uno encuentra un familiar muerto, o alguien conocido muerto es muy probable que eso sea traumático, pero también el hecho de encontrar un desconocido”. Esto, explica, “especialmente si es un desconocido que tiene ciertas características o rasgos que con los que uno se puede sentir identificado, por ejemplo, si un joven se encuentra un joven muerto, eso es más posible que tenga unas consecuencias traumáticas para esa persona”.

    Por último, el sociólogo e investigador académico del Centro de Investigación en Complejidad Social de la UDD, Jorge Fábrega, sostiene que la normalización de la violencia extrema -como la indiferencia ante el hallazgo de cuerpos en la vía pública- se da cuando actos violentos dejan de generar alarma y se ven como respuestas aceptables.

    “La exposición constante a estas situaciones no solo reduce la sensibilidad emocional y cognitiva, sino que instala la habituación, transformando lo excepcional en rutina. Si a esto se suma la impunidad y la ausencia de sanciones, tanto legales como sociales, el proceso se acelera vertiginosamente”, analiza.

    Fábrega señala que “la violencia deja de ser solo un hecho y se convierte en un símbolo, plasmándose en formas culturales como la música o el arte, que integran estos actos a una identidad colectiva del barrio o la ciudad”.

    “Estos factores se refuerzan mutuamente, alterando la forma en que las personas ocupan los espacios públicos y se relacionan con los demás. El resultado no es caos ni anomia, sino un nuevo orden donde los conflictos se resuelven de manera más agresiva, dominado por quienes tienen la capacidad emocional y cognitiva para imponer su fuerza”, concluye.

  • De perseguir criminales a abogado de narcos: la metamorfosis del reconocido fiscal del caso Nibaldo

    De perseguir criminales a abogado de narcos: la metamorfosis del reconocido fiscal del caso Nibaldo

    Chilenos condenados por tráfico de cocaína y parte de una banda de colombianos sentenciados por internar éxtasis en nuestro país son parte de la cartera de clientes del exfiscal José Miguel Subiabre. El persecutor alcanzó su prime en 2018, mismo año en que —intentando capitalizar su figuración en el caso Nibaldo— se postuló como candidato a fiscal regional de Valparaíso. No tuvo éxito.

    El reconocido fiscal de Valparaíso, José Miguel Subiabre, casi de la noche a la mañana pasó de meter criminales en la cárcel, a librarlos de prisión. Se trata del mismo persecutor que alcanzó notoriedad en todo Chile en 2018, al liderar la investigación por el crimen del profesor Nibaldo Villegas.

    Ahora, se dedica de lleno a la defensa de narcotraficantes.

    Su abrupta salida de la Fiscalía de Valparaíso, donde era fiscal adjunto, y su casi inmediata figuración en distintas causas narco encendió las alertas en el Ministerio Público. Y es que más allá de reproches morales, los personeros sospechan de Subiabre y la misma pregunta se repite en privado: ¿Accedió a información reservada de investigaciones en las que ahora figura como defensor privado de narco-imputados?

    Subiabre se defiende. A su juicio, la interrogante por sí sola “podría ser considerada desde ya injuriosa”. Afirma que su salida de la fiscalía se debió a problemas de salud y que así se lo manifestó a su superior, Claudia Perivancich.

    Cambio de vereda

    “Después de casi 20 años, uno ya cumplió un ciclo”.

    La misma semana que renunció a su cargo, Subiabre apareció dando una entrevista a El Mercurio de Valparaíso. En la oportunidad, explicó públicamente su dimisión, apuntando a que —después de dos décadas— ya había cumplido “un ciclo” en el Ministerio Público. A esa altura, advirtió, se le hacía “necesario encontrar nuevos desafíos”.

    Lo que Subiabre Tapia no dijo al matutino en aquella entrevista del 7 de octubre de 2023, fue que se cambiaría de vereda. Sin ir más lejos, sólo semanas después de dejar oficialmente la fiscalía, ya comenzaba a litigar a favor de narcos. Lo hizo, por ejemplo, para intentar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso anulara el juicio de un grupo de chilenos condenados por tráfico de cocaína desde Bolivia a Viña del Mar.

    El otrora agente de la ley actualmente no actúa solo. ¿Su socio? Un reconocido abogado de narcos de la plaza porteña que, de hecho, figura en el listado de Contraloría donde se anota a los juristas que tienen impedido ejercer en servicios públicos por estar dedicados a defender imputados por Ley 20.000.

    El fichaje

    Hasta ahora, en prácticamente un año de ejercicio libre de la profesión, una de las causas más relevantes en las que Subiabre actuó como narco-abogado fue la que involucra a un grupo de colombianos. Los extranjeros fueron sorprendidos por la Armada traficando drogas sintéticas al interior de electrodomésticos traídos desde Países Bajos a Chile por vía marítima, directo desde Rotterdam.

    Se trata de una investigación que inició la unidad de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Valparaíso en agosto de 2023, dos meses antes que el exfiscal dejara su cargo en esa misma fiscalía.

    Pese a los esfuerzos de Subiabre y su socio Andrés Roldán Rivera —con quien en conjunto representó a dos de los cinco colombianos que la fiscalía llevó a juicio— sus clientes y el resto de la banda fueron declarados culpables por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso.

    Así, los encargados de la logística para internar y distribuir el éxtasis traído de Europa, Robinson Bermúdez Penilla y Mario Acosta Beltrán, ambos colombianos defendidos por Subiabre y compañía, terminaron condenados a 5 años de cárcel efectiva cada uno, por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita para la comisión de delitos.

    De nada sirvieron los argumentos esgrimidos por ambos abogados, buscando desacreditar las pruebas que presentó la fiscalía y apuntando una supuesta vulneración de garantías en los inmuebles que fueron allanados por efectivos del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar) de la Armada de Chile.

    Este último punto era clave en la estrategia de los defensores para aminorar las penas. Por ello, los abogados contrataron los servicios de un perito criminalístico privado. El nombre escogido no fue al azar.

    Para intentar lograr su objetivo, ficharon a Julio Gordon del Pino, un exprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) que llegó incluso a ser jefe regional de la institución en la región de Coquimbo. Hoy el exoficial se dedica a prestar este tipo de asesorías a diversos estudios jurídicos.

    En el currículo de Gordon, además de la jefatura de la IV Región Policial de La Serena, destaca el haber liderado la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Valparaíso y la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI.

    De todo un poco

    Con todo, además de causas por narcotráfico, el exfiscal Subiabre asumió la representación Renato López Fuentes, condenado como autor intelectual del crimen del empresario de Concón, Alejandro Correa.

    Pese a que se trata de un caso que ya fue zanjado por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, a mediados de este año el expersecutor apareció públicamente en distintos medios de comunicación para desacreditar la labor de la Justicia.

    En efecto, el ahora abogado de López Fuentes apunta a la existencia de un falso testimonio por parte de un funcionario de la PDI que declaró en el proceso, instando al Ministerio Público a apurar las diligencias a partir de una querella que se interpuso en contra del funcionario policial.

    La carrera

    Antes de presentar su renuncia indeclinable y definitiva al cargo, en octubre de 2023, Subiabre alcanzó a estar prácticamente un mes trabajando de manera normal. Conocedores de la interna de la Fiscalía Local de Valparaíso sostienen que, antes de eso, en gran parte de 2023 se había mantenido fuera de su oficina por razones médicas y días de descanso.

    De esa forma terminaron sus casi 20 años como funcionario del Ministerio Público. En 2005, un año después de titularse en la Universidad de Valparaíso, ingresó en calidad de abogado a la Fiscalía Local de La Calera. Al año siguiente fue trasladado a la Fiscalía Local de Valparaíso, lugar donde en 2008, gracias a su buen desempeño, fue nombrado fiscal adjunto.

    En ese puesto se mantuvo Subiabre hasta mediados de 2014, cuando el entonces fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, resolvió designarlo como fiscal jefe de la Fiscalía Local de San Antonio. Sin duda, una repartición clave para perseguir criminales que utilizan el principal puerto industrial del país para sus fechorías.

    Al poco andar, el fiscal comenzó a encabezar importantes investigaciones en la provincia. A saber, una dirigida en contra de detectives de la PDI vinculados a delitos de cohecho y otra que involucraba a funcionarios de Aduanas en una red de contrabando.

    Sin embargo, su estadía en tierras sanantoninas se terminó de golpe. Eso, por decisión del propio Gómez Niada, quien disconforme con algunas actuaciones de Subiabre decidió quitarle la jefatura que ostentaba y llevarlo de vuelta a Valparaíso.

    Sería allí, en la capital regional, donde Subiabre alcanzaría la notoriedad pública. En particular, en agosto de 2018, cuando asumió la investigación por el crimen Nibaldo Villegas que durante meses acaparó portadas de medios de comunicación y horas en matinales. Las entrevistas al fiscal se multiplicaron. En el intertanto, lideró investigaciones contra narcotraficantes.

    Los réditos llegaron rápido. Con sendas condenas bajo el brazo obtenidas por Subiabre para los autores del crimen del profesor, Johanna Hernández y Francisco Silva, el entonces fiscal fue enviado en enero de 2020 a Centroamérica.

    El persecutor expuso en representación del Ministerio Público de Chile en un congreso organizado por el Órgano Judicial de Panamá. ¿El foco? Cómo se abordaban hasta entonces en nuestro país las investigaciones complejas.

    “Es un gran honor y una gran responsabilidad representar a los diferentes fiscales que realizan sus labores en el Ministerio Público y entregar en esta capacitación a los diferentes jueces, fiscales, defensores que en ella participan, las herramientas que día a día nosotros utilizamos para la resolución del conflicto penal”, dijo en la oportunidad.

    Las dudas

    Sea como sea, su radical cambio de bando continúa levantando suspicacias al interior de la Fiscalía de Valparaíso. Distintos consultados por BBCL Investiga comentan sobre la sospecha que hay sobre un potencial acceso a información sensible de investigaciones.

    “Fácilmente pudo haber accedido a carpetas de investigaciones durante ese último mes que estuvo en la oficina”, remarca una fuente conocedora de la interna.

    En todo caso, por ahora sólo se trata de un rumor y la fiscalía —según confirmó este medio— no ha resuelto abrir una investigación interna ni penal por esta situación.

    Sobre su inesperada renuncia al Ministerio Público, los mismos consultados apuntan a que pudo ser en represalia por no haber sido considerado para ocupar una vacante que se abrió en la unidad SACFI de la Fiscalía de Valparaíso. Además, creen que el divorcio de su esposa y los consecuentes compromisos monetarios lo habrían empujado a buscar un trabajo mejor remunerado.

    Exfiscal explica su salidaContactado por BBCL Investiga, el exfiscal Subiabre le restó dramatismo a su nuevo rol en causas narcos, afirmando que este tipo de casos representa un porcentaje bajo en su actual carrera.“Estoy construyendo una cartera en diferentes ámbitos del derecho, donde las causas como defensa penal, relacionadas a la Ley 20.000, no representan más de un 20% del total de las causas que actualmente mantengo, donde la representación como querellante, en causas de delitos sexuales y económicas, entre otras, me permiten efectuar una tarea seria y profesional de ayuda a mis excolegas (los fiscales) que mantienen una alta carga de trabajo”, subrayó.Además, el abogado descartó que motivos económicos provocaran su renuncia, detallando que el principal factor fue que su salud se vio deteriorada por el estrés propio del trabajo en el Ministerio Público.“Se debió a temas de salud, específicamente por haber sufrido un accidente cerebro vascular el día 12 de julio del año 2023, por el cual fui tratado en urgencia en la Clínica Ciudad del Mar. Luego de una larga licencia y recuperación, la neuróloga tratante me indicó que este cuadro se debió al exceso de estrés por la alta carga laboral que soportaba a mi cargo”, puntualizóConsultado respecto a las sospechas que surgieron al interior del Ministerio Público cuando se conoció en dónde terminó ejerciendo como abogado, Subiabre apuntó a que la apreciación que envuelve la pregunta la podría considerar injuriosa.“Mi salida del Ministerio Público comunicada personalmente a la fiscal regional, doña Claudia Perivancich, fue en las mejores forma, lamentando ambos que esta situación se deba a problemas de salud, con un agradecimiento a la labor ejemplar efectuada dentro de la fiscalía, con un gran reconocimiento de mis excolegas y sin que exista atisbo alguno de los elementos injuriosos de la consulta”, aclaró.

  • El PDI que se infiltró en Tren de Aragua y develó instalación de «Estado paralelo criminal» en Chile

    El PDI que se infiltró en Tren de Aragua y develó instalación de «Estado paralelo criminal» en Chile

    FUENTE: BIO BIO LA RADIO

    En una peligrosa misión encubierta, el agente D1 de la PDI se infiltró en el Tren de Aragua. No sólo logró engañar a los miembros de la sangrienta banda transnacional, sino también terminó desentrañando un Estado paralelo instaurado, por la vía de la fuerza, en Arica. En su periplo descubrió normas, leyes y hasta un sistema tributario y judicial propios de la célula, con consecuencias fatales para quienes desafiaban su autoridad. D1 logró mapear la organización y revelar sus operaciones que hoy tiene a sus integrantes sometidos al juicio más importante contra el crimen organizado de Chile.

    —¿Jura o promete decir la verdad?
    —Prometo.

    D1 llevaba 12 años en la PDI y nueve en la Brigada Antinarcóticos cuando le tocó la misión más peligrosa de su vida: infiltrarse en el Tren de Aragua. Con una fachada de transportista no sólo logró pasar desapercibido en las entrañas del Cerro Chuño, en Arica, sino también develó la instalación de un Estado paralelo en tierras criollas por parte de Los Gallegos, la célula más mortífera de la organización transnacional con asiento en la frontera norte chilena.

    Informes y testimonios del agente encubierto revelan la imposición de un nuevo gobierno, con un sistema tributario y financiero propio, además de normas y leyes que debían ser cumplidas a cabalidad por quienes quedaban bajo el control de la banda venezolana. Si se comprobaba que alguien corría con colores propios y atentaba a los intereses de la organización, el destino era uno: morir en la casa de tortura que ellos mismos erigieron en la cúspide del cerro.

    La estela de sangre que dejaron en la ciudad fue evidente: si en 2021 se registraron 26 asesinatos, esa cifra al año siguiente llegó a los 45. Un aumento del 73% que posicionó a Arica como la comuna con peor registro de todo Chile (17,1 homicidios por cada 100 mil habitantes).

    Versátil o te mueres

    D1 fue bautizado como tal a fines de abril de 2022. Para ese entonces, ya era un avezado en el arte del embuste. Había engañado a narcos peruanos, dominicanos y colombianos. Fue a través de un oficio firmado por la fiscalía de Arica que se le encomendó recopilar antecedentes en terreno. Tal como reveló BBCL Investiga, los primeros indicios de la instalación de la banda venezolana la aportaron, sin querer, dealers chilenos. Intervenciones telefónicas desnudaron el miedo que sentían ante la eventualidad de caer en manos de Los Gallegos. “Son como fantasmas”, se escucha decir a uno de los narcos nacionales. De ahí que el oficial y su superior tomaran la decisión: “Necesitamos introducir un agente encubierto”.

    Según develó D1, sus jefes se inclinaron por él por su “capacidad camaleónica” y adaptabilidad. Había que ser versátil, pero también estudiar sociológicamente el entorno para dar con la coartada perfecta.

    —El Cerro Chuño es un sector pobre. La fachada debía ser creíble y necesaria. Creíble porque si me descubrían me iban a matar. Y necesaria, porque en el lugar habían necesidades que debían ser cubiertas. La fachada obedecía a la funcionalidad —desclasificó el espía de la policía en su declaración durante el megajuicio contra Los Gallegos, el proceso judicial más importante contra el crimen organizado que se ha librado en suelo chileno.

    Con reunión y oficio de por medio, D1 llegó al Cerro Chuño con un camión y un cartel: “Fletes”.

    El comedor

    Los primeros días en el corazón del feudo de Los Gallegos, D1 se dedicó a sostener su fachada. Llegó cargado con frutas y verduras para aparentar entregas. Desayunaba y almorzaba en los locales que adornan las calles de tierra del cerro. Cuando podía, aprovechaba la oportunidad para hacer consultas. Al poco andar, el agente ya era una cara conocida. No necesitó llamar mucho la atención para descubrir que el centro de operaciones del grupo se concentraba entre los pasajes 7 y 8, en una casa a la que bautizaron como “el comedor”.

    El domicilio de dos pisos, madera y cielo abierto, cubierto solo con una malla raschel, servía para recibir a los líderes de la banda. Los vio con pistolas al cinto. Las empuñadoras sobresalían como señal del poder.

    —Era un secreto a voces, se jactaban de ser de Los Gallegos del Tren de Aragua —dice D1.

    Precisamente el actuar desenfadado de los integrantes de la banda y la facilidad con la que corrían los chismes en el barrio jugaron a favor del espía. En menos de un mes, ya tenía la estructura jerárquica de la banda prácticamente mapeada en su totalidad. En la cúspide apareció la figura de Félix Anner Castillo Rondón. Conocido como Pure Arnel, el mandamás del clan —hoy prófugo— dictaba sus órdenes desde Perú para el tráfico de drogas e, incluso, para la ejecución de homicidios.

    Los negocios de Castillo Rondón eran dirigidos desde Tacna y en ocasiones llegaba personalmente al “comedor”. La primera vez que D1 lo vio con sus propios ojos fue a mediados de mayo de 2022. Presenció una reunión liderada por Pure cuando, en su rol de fletero, fue a dejar materiales de construcción que le habían encomendado miembros de la propia organización. Fue así como también dio con otros dos prominentes integrantes de la banda: Yoneiker Paredes Fagundez, apodado El Enano, y Jorve Galavis García, alías El Culito. Estos últimos hacían el papel de jefes territoriales en Chile, mientras el Viejo Arnel hacía sus negocios al otro lado de la frontera.

    Malandrizado en un veta serio

    La identificación de los líderes permitió distinguir los autos en los que se movilizaban y, por ende, facilitó los seguimientos que eran realizados por otro equipo de la PDI. D1, en su declaración judicial, coincide con los dealers chilenos que aseguraban que fuera del Cerro Chuño Los Gallegos eran fantasmas. El agente explica que la célula estudió cuidadosamente la zona donde se impondrían para pasar desapercibidos. De ahí que la mayoría de los integrantes se desplazara en automóviles Mazda Demio, uno de los modelos más populares en el norte de Chile y la frontera.

    —Analizaron el territorio y sus formas. Era un auto económico y pasaba inadvertido. Eso le permitió tener éxito —reflexionó el agente frente a los jueces y el fiscal del causa.

    Precisamente el movimiento inusual de uno de esos vehículos alertó a D1 de que algo pasaba. Era mayo de 2022. Estaba con su cartel de fletero cerca del vertedero del Cerro Chuño, cuando vio cómo uno de los Mazda Demio de la organización enfiló raudo hacia la cima del cerro, en las cercanías de una antena erigida en la cúspide. D1 pasó algunas consultas y se enteró, por boca de otros venezolanos, que la banda andaba “malandrizando en un veta serio”.

    —Es decir, en una conducta ilícita y violenta. Estaban realizando algo para la organización —aclara D1.

    La información obtenida en terreno por el espía permitió a la fiscalía y a la PDI reconstruir más tarde el trayecto completo del automóvil antes de que D1 lo viera. Los investigadores se terminaron percatando que ese mismo día, los ocupantes del vehículo habían raptado a una trabajadora sexual que estaba bajo el control de Los Gallegos.

    —Fueron rápidos, profesionales en el actuar. Ellos hicieron un chequeo, un análisis previo del lugar. La víctima fue privada de su libertad, la sacaron contra su voluntad y, por el temor que siente, se ve impedida de pedir auxilio. El motivo era extorsivo y contaban con un lugar previamente definido.

    El lugar en las cercanías de la antena del cerro no era casual: se trataba de la casa de torturas que el grupo levantó en el Chuño para alinear a quienes se salieran de los preceptos del grupo. Sin ir más lejos, un exintegrante del grupo fue sometido a tormentos y enterrado vivo bajo esa misma construcción de material ligero que ofrecía una posición privilegiada para cometer las peores atrocidades. Primero, porque estaba apartada del resto de los rucos e impide que cualquier grito de auxilio pueda ser escuchado. Y segundo, porque ofrece una panorámica completa del lugar que permitía a Los Gallegos adelantarse a cualquier movimiento de la policía.

    Engañadas

    Según apuntan fuentes de BBCL Investiga, el plagio de la trabajadora sexual es un claro ejemplo del sistema tributario y financiero paralelo que instauró la célula del Tren de Aragua en Arica. En este caso, al igual que como ocurrió con otras víctimas de explotación sexual, la secuestrada estaba obligada a pagar impuestos —o vacuna— por trabajar en un territorio controlado por ellos. No lo hizo a tiempo y, sencillamente, la secuestraron.

    —Ella me dice que no me podía contar (qué le había pasado) porque las podían matar, que esto es muy grave y que no me podía contar nada (…) Cuando la vi más tranquila, le pregunté qué pasaba realmente y ella a grandes rasgos me dijo que se dedicaba a la prostitución, que las publicaban en una página y que les cobraban $60 mil pesos. Unos hombres la habían tomado por la fuerza y llevado al Cerro Chuño —atestiguó una de las cercanas a la víctima.

    D1 fue pieza clave para dilucidar el entramado detrás de la explotación sexual de mujeres por parte de Los Gallegos. Las víctimas eran captadas bajo engaño en Venezuela y otros países de la región e ingresadas por pasos no habilitados por trocheros. Es decir, un coyote o guía ilegal que conoce al revés y al derecho la frontera para traficar personas. Una vez en Chile las promesas de la banda se acaban y eran sometidas al violento régimen tributario de Los Gallegos.

    —Si bien existía voluntad de ellas de venir, eran engañadas porque les ofrecían condiciones que eran cambiadas cuando se encontraban en poder de la banda. Estaban en constante vulnerabilidad. No conocían el país, no tenían redes de apoyo, amigos ni familia. Y si no cumplían las condiciones amenazaban con hacerle daño a sus hijos y familias —relata D1.

    Agente de Hacienda

    D1 contó al tribunal que en su rol de agente encubierto hizo un “ejercicio práctico”. Consultó a miembros de la organización si conocían trabajadoras sexuales con quienes pudiera “atenderse”. Los venezolanos le respondieron que había “un pana” que “tenía buenas muchachas”. El pana resultó ser El Flaco, Yoger Fagundez Ramírez, uno de los acusados en el megajuicio. Él era el encargado de la explotación de las víctimas y al mismo tiempo funcionaba como un recaudador de impuestos. Una especie de violento agente de Hacienda de Los Gallegos.

    —No las traían porque eran sus amigas sino para obtener beneficios. Les cobraban vacunas a mujeres que trajeron pero también a cualquier mujer que ellos detectaran en las schoperías.

    Dentro del andamiaje detrás de la explotación sexual, aparecieron dos locales nocturnos con estrechos nexos al Tren de Aragua: el Ibiza y el Hollywood. D1 lo supo porque sus colegas, con su información, siguieron al Flaco. Y se encontraron con que el imputado compartía de cerca con Álvaro Muñoz, el dueño de ambos establecimientos, quien incluso mantenía una relación cercana con un juez de Arica que solicitó inhabilitarse antes de iniciar el juicio y con un concejal democratacristiano.

    Según estableció la indagatoria, el Flaco enviaba a las víctimas a trabajar a las empresas del ariqueño con quien solía irse de juerga. Una de las mujeres que ejercía la prostitución en el Hollywood la mataron en noviembre de 2022.

    —El modelo (de Los Gallegos) había sido elaborado a lo largo del tiempo. Ellos decían que todo lo que hacían era por “la causa”. Todo lo que se vendía era para la organización. Por eso cuando alguien se alejaba de los lineamientos el resultado era la muerte —grafica D1.