De perseguir criminales a abogado de narcos: la metamorfosis del reconocido fiscal del caso Nibaldo
Chilenos condenados por tráfico de cocaína y parte de una banda de colombianos sentenciados por internar éxtasis en nuestro país son parte de la cartera de clientes del exfiscal José Miguel Subiabre. El persecutor alcanzó su prime en 2018, mismo año en que —intentando capitalizar su figuración en el caso Nibaldo— se postuló como candidato a fiscal regional de Valparaíso. No tuvo éxito.
El reconocido fiscal de Valparaíso, José Miguel Subiabre, casi de la noche a la mañana pasó de meter criminales en la cárcel, a librarlos de prisión. Se trata del mismo persecutor que alcanzó notoriedad en todo Chile en 2018, al liderar la investigación por el crimen del profesor Nibaldo Villegas.
Ahora, se dedica de lleno a la defensa de narcotraficantes.
Su abrupta salida de la Fiscalía de Valparaíso, donde era fiscal adjunto, y su casi inmediata figuración en distintas causas narco encendió las alertas en el Ministerio Público. Y es que más allá de reproches morales, los personeros sospechan de Subiabre y la misma pregunta se repite en privado: ¿Accedió a información reservada de investigaciones en las que ahora figura como defensor privado de narco-imputados?
Subiabre se defiende. A su juicio, la interrogante por sí sola “podría ser considerada desde ya injuriosa”. Afirma que su salida de la fiscalía se debió a problemas de salud y que así se lo manifestó a su superior, Claudia Perivancich.
Cambio de vereda
“Después de casi 20 años, uno ya cumplió un ciclo”.
La misma semana que renunció a su cargo, Subiabre apareció dando una entrevista a El Mercurio de Valparaíso. En la oportunidad, explicó públicamente su dimisión, apuntando a que —después de dos décadas— ya había cumplido “un ciclo” en el Ministerio Público. A esa altura, advirtió, se le hacía “necesario encontrar nuevos desafíos”.
Lo que Subiabre Tapia no dijo al matutino en aquella entrevista del 7 de octubre de 2023, fue que se cambiaría de vereda. Sin ir más lejos, sólo semanas después de dejar oficialmente la fiscalía, ya comenzaba a litigar a favor de narcos. Lo hizo, por ejemplo, para intentar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso anulara el juicio de un grupo de chilenos condenados por tráfico de cocaína desde Bolivia a Viña del Mar.
El otrora agente de la ley actualmente no actúa solo. ¿Su socio? Un reconocido abogado de narcos de la plaza porteña que, de hecho, figura en el listado de Contraloría donde se anota a los juristas que tienen impedido ejercer en servicios públicos por estar dedicados a defender imputados por Ley 20.000.
El fichaje
Hasta ahora, en prácticamente un año de ejercicio libre de la profesión, una de las causas más relevantes en las que Subiabre actuó como narco-abogado fue la que involucra a un grupo de colombianos. Los extranjeros fueron sorprendidos por la Armada traficando drogas sintéticas al interior de electrodomésticos traídos desde Países Bajos a Chile por vía marítima, directo desde Rotterdam.
Se trata de una investigación que inició la unidad de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Valparaíso en agosto de 2023, dos meses antes que el exfiscal dejara su cargo en esa misma fiscalía.
Pese a los esfuerzos de Subiabre y su socio Andrés Roldán Rivera —con quien en conjunto representó a dos de los cinco colombianos que la fiscalía llevó a juicio— sus clientes y el resto de la banda fueron declarados culpables por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso.
Así, los encargados de la logística para internar y distribuir el éxtasis traído de Europa, Robinson Bermúdez Penilla y Mario Acosta Beltrán, ambos colombianos defendidos por Subiabre y compañía, terminaron condenados a 5 años de cárcel efectiva cada uno, por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita para la comisión de delitos.
De nada sirvieron los argumentos esgrimidos por ambos abogados, buscando desacreditar las pruebas que presentó la fiscalía y apuntando una supuesta vulneración de garantías en los inmuebles que fueron allanados por efectivos del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar) de la Armada de Chile.
Este último punto era clave en la estrategia de los defensores para aminorar las penas. Por ello, los abogados contrataron los servicios de un perito criminalístico privado. El nombre escogido no fue al azar.
Para intentar lograr su objetivo, ficharon a Julio Gordon del Pino, un exprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI) que llegó incluso a ser jefe regional de la institución en la región de Coquimbo. Hoy el exoficial se dedica a prestar este tipo de asesorías a diversos estudios jurídicos.
En el currículo de Gordon, además de la jefatura de la IV Región Policial de La Serena, destaca el haber liderado la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Valparaíso y la Brigada de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI.
De todo un poco
Con todo, además de causas por narcotráfico, el exfiscal Subiabre asumió la representación Renato López Fuentes, condenado como autor intelectual del crimen del empresario de Concón, Alejandro Correa.
Pese a que se trata de un caso que ya fue zanjado por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, a mediados de este año el expersecutor apareció públicamente en distintos medios de comunicación para desacreditar la labor de la Justicia.
En efecto, el ahora abogado de López Fuentes apunta a la existencia de un falso testimonio por parte de un funcionario de la PDI que declaró en el proceso, instando al Ministerio Público a apurar las diligencias a partir de una querella que se interpuso en contra del funcionario policial.
La carrera
Antes de presentar su renuncia indeclinable y definitiva al cargo, en octubre de 2023, Subiabre alcanzó a estar prácticamente un mes trabajando de manera normal. Conocedores de la interna de la Fiscalía Local de Valparaíso sostienen que, antes de eso, en gran parte de 2023 se había mantenido fuera de su oficina por razones médicas y días de descanso.
De esa forma terminaron sus casi 20 años como funcionario del Ministerio Público. En 2005, un año después de titularse en la Universidad de Valparaíso, ingresó en calidad de abogado a la Fiscalía Local de La Calera. Al año siguiente fue trasladado a la Fiscalía Local de Valparaíso, lugar donde en 2008, gracias a su buen desempeño, fue nombrado fiscal adjunto.
En ese puesto se mantuvo Subiabre hasta mediados de 2014, cuando el entonces fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, resolvió designarlo como fiscal jefe de la Fiscalía Local de San Antonio. Sin duda, una repartición clave para perseguir criminales que utilizan el principal puerto industrial del país para sus fechorías.
Al poco andar, el fiscal comenzó a encabezar importantes investigaciones en la provincia. A saber, una dirigida en contra de detectives de la PDI vinculados a delitos de cohecho y otra que involucraba a funcionarios de Aduanas en una red de contrabando.
Sin embargo, su estadía en tierras sanantoninas se terminó de golpe. Eso, por decisión del propio Gómez Niada, quien disconforme con algunas actuaciones de Subiabre decidió quitarle la jefatura que ostentaba y llevarlo de vuelta a Valparaíso.
Sería allí, en la capital regional, donde Subiabre alcanzaría la notoriedad pública. En particular, en agosto de 2018, cuando asumió la investigación por el crimen Nibaldo Villegas que durante meses acaparó portadas de medios de comunicación y horas en matinales. Las entrevistas al fiscal se multiplicaron. En el intertanto, lideró investigaciones contra narcotraficantes.
Los réditos llegaron rápido. Con sendas condenas bajo el brazo obtenidas por Subiabre para los autores del crimen del profesor, Johanna Hernández y Francisco Silva, el entonces fiscal fue enviado en enero de 2020 a Centroamérica.
El persecutor expuso en representación del Ministerio Público de Chile en un congreso organizado por el Órgano Judicial de Panamá. ¿El foco? Cómo se abordaban hasta entonces en nuestro país las investigaciones complejas.
“Es un gran honor y una gran responsabilidad representar a los diferentes fiscales que realizan sus labores en el Ministerio Público y entregar en esta capacitación a los diferentes jueces, fiscales, defensores que en ella participan, las herramientas que día a día nosotros utilizamos para la resolución del conflicto penal”, dijo en la oportunidad.
Las dudas
Sea como sea, su radical cambio de bando continúa levantando suspicacias al interior de la Fiscalía de Valparaíso. Distintos consultados por BBCL Investiga comentan sobre la sospecha que hay sobre un potencial acceso a información sensible de investigaciones.
“Fácilmente pudo haber accedido a carpetas de investigaciones durante ese último mes que estuvo en la oficina”, remarca una fuente conocedora de la interna.
En todo caso, por ahora sólo se trata de un rumor y la fiscalía —según confirmó este medio— no ha resuelto abrir una investigación interna ni penal por esta situación.
Sobre su inesperada renuncia al Ministerio Público, los mismos consultados apuntan a que pudo ser en represalia por no haber sido considerado para ocupar una vacante que se abrió en la unidad SACFI de la Fiscalía de Valparaíso. Además, creen que el divorcio de su esposa y los consecuentes compromisos monetarios lo habrían empujado a buscar un trabajo mejor remunerado.