La ministra portavoz del Gobierno de Boric analiza el debate previsional -“de republicanos no esperamos nada”–, la segunda mitad del mandato y la controversia por las pensiones de gracia.
Camila Vallejo (Santiago, 35 años), ministra portavoz del Gobierno del presidente Gabriel Boric, recibe a EL PAIS un viernes caluroso de verano en La Moneda, en su última jornada en la víspera de sus vacaciones. Se va después de una semana en la que la Administración de izquierdas logró que la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar la propuesta de reforma de pensiones, uno de sus proyectos emblemáticos. Aunque la reforma pasó la valla del primer trámite legislativo –un alivio para el Ejecutivo tras 14 meses de tramitación–, la fórmula de distribución del 6% adicional de las cotizaciones, considerada el corazón de la propuesta, fue rechazada. Ahora la apuesta del Ejecutivo es reanudar en marzo el debate en el Senado.
Pero el Gobierno batalla a varias bandas y enfrenta diversos conflictos. Esta semana, un informe de la Contraloría, dado a conocer el jueves, indicó que entre las 419 personas que recibieron pensiones de gracia en el marco del estallido social de 2019 –un dinero mensual de por vida–, 58 tenían antecedentes penales, varias de ellas por delitos graves. Además, hay una decena de casos en que no hubo verificación de los antecedentes médicos. El Ejecutivo ha apuntado al Instituto de Derechos Humanos (INDH) por la entrega del informe de los antecedentes médicos al ministerio del Interior. Pero el canal 24 Horas reveló que en septiembre de 2022, el INDH envió un oficio a Boric, que no tuvo respuesta. El organismo le advertía que no tenía “las capacidades técnicas ni expertise” para acreditar las afectaciones de las personas durante el estallido social. En esta entrevista, la ministra dirá que –tras ese oficio–, “hubo varias reuniones de trabajo” entre el Gobierno y el INDH sobre esta materia.
Pregunta. La aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones. ¿Fue un triunfo con sabor amargo?
Respuesta. Diría que estamos felices con cautela. Porque, evidentemente, no podía pasarnos lo que sucedió con la reforma tributaria. Si el Congreso rechazaba la idea de legislar la reforma previsional [el primer paso de la tramitación], íbamos a tener que esperar un año para aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), incorporar cotización de los empleadores y hubiese sido imposible dar garantías de que este año iban a aumentar las pensiones.
P. Pero el corazón de la reforma quedó fuera.
R. No se cayó tanto tanto el corazón, porque se aprueba la idea de legislar y la creación de un seguro social. Se rechaza el 6% de aporte y queda un seguro social, sin financiamiento. Ahora vamos a tener que resolver eso en el Senado. Como se cae el 6%, se cae también la distribución que había propuesto por Demócratas y la Democracia Cristiana del 3%-3%. Igual terminó por aprobarse la reestructuración de la industria, que es clave para que la gente pueda elegir entre inversores privados o un inversor público y el resto que pueda ser un soporte.
P. El objetivo inicial de este Gobierno era el 6% de seguro social. ¿Cuánto más están dispuestos a ceder?
R. La propuesta a la que llegamos no es la ideal para el Gobierno. Proponíamos todo el 6% a un seguro social, que el soporte de este fuera un ente público, autónomo, estatal. Para llegar a acuerdo terminamos proponiendo un ente licitado por el Estado, como el seguro de cesantía, que funciona bastante bien. Hemos ido teniendo bastante flexibilidad táctica, porque entendemos que después del intento de reforma del Gobierno de Bachelet, que rechazó la derecha, y luego el de Piñera, que rechazamos nosotros, hoy deberíamos poder ya resolver el dilema.
P. ¿De qué manera?
R. Cada uno tenemos que salir de nuestras posiciones ideales para converger en un mínimo común que nos entregue un sistema mixto: ni extremo como el que tenemos ahora, sumamente individualista, solo de capitalización individual, el modelo de la AFP, ni tampoco 100% solidario de reparto. Podríamos empezar a aumentar las primeras pensiones en las PGU en diciembre del 2024 si resolvemos este tema el primer semestre. Y si llevamos todo a capitalización individual, esto va a empezar a aumentar recién en 2070.
P. ¿Hay espacio todavía para mover ese límite de flexibilidad?
R. Siempre hay flexibilidad, pero también el Senado es una realidad distinta que la Cámara. No solo por tamaño, sino porque hay disposiciones distintas. En marzo iniciamos una nueva conversación con las y los senadores y la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda, que son los principales interlocutores. Va a seguir la disposición de lograr los acuerdos. Además, lo han demostrado anteriormente, como con las 40 horas, que era imposible sacarla. Con el liderazgo de la ministra Jara, acompañada del ministro Marcel, lograron un acuerdo con una parte de la oposición en el Senado, porque de republicanos no esperamos nada.
P. Las 40 horas era muy popular.
R. Sí, pero las pensiones han sido demandadas por los jubilados hace mucho tiempo.
P. El tema es el destino del 6% extra [65%, según Cadem, quiere que el 6% vaya a las cuentas individuales].
R. Yo no me comprometería con una sola encuesta. Hay distintas apreciaciones. La mitad quiere todo a ahorro individual, y hay otra que se divide entre todo a solidaridad y solo una parte. Es importante que logremos una propuesta mixta que nos genere un sano equilibrio. El argumento central de la derecha para oponerse al 6%, o alguna parte a seguridad social, es:“El Estado te va a robar la plata”. Pero, al mismo tiempo, piden más PGU y la PGU la paga y administra el Estado. Segundo, que “es plata de los trabajadores” y, sin embargo, hoy tenemos cotizaciones que ponen los empleadores para seguro de invalidez o de cesantía y que no es de los trabajadores. Es un aporte de los empleadores que iría a financiar un seguro social. Tercero: dicen que “con esa plata se quiere dar pensiones a gente floja que no ha trabajado”. Además de ser una caricatura injusta, principalmente para las mujeres que han cotizado menos porque han trabajado en labores de cuidado, es mentira porque el seguro social que se financiaría con una parte de la cotización de los empleadores busca dar una garantía por años cotizados.
La segunda mitad del Gobierno: “Hay que fortalecer la gestión de los territorios”
P. En marzo cumplen dos años de Gobierno. ¿Cuál es su evaluación?
R. Vamos a trabajar todo este mes en fortalecer los aspectos de gestión asociado a la agenda de seguridad pública, crecimiento económico y empleo. Además, vamos a insistir con el pacto fiscal y previsional. Todo lo que hemos hecho ha sido también para llegar a este punto de decir: hay que empezar a fortalecer la gestión de los territorios. Hay muchos proyectos alineados con estrategias nacionales, como la del transporte público, trenes o electromovilidad, hidrógeno verde, litio, que hemos ido sacando adelante con resultados positivos, pero que tienen que fortalecerse a escala regional.
P. Por otro lado tienen la crisis de seguridad.
R. Sí. Parte del objetivo que ya hemos estado trabajando, pero que vamos a reforzar, es la agenda de seguridad pública, que tiene una parte legislativa necesaria -la creación del ministerio de Seguridad o el proyecto de inteligencia económica-, y todo lo que es gestión. Podemos avanzar mucho más con los municipios, las policías, incorporando mayor tecnología a la supervigilancia de ciertos lugares más problemáticos y seguir bajando la tasa de homicidios. Bajó un poco, pero necesitamos bajar más.
P. La seguridad se ha tomado la agenda. Hay quienes dicen que el propósito transformador del Gobierno ya quedó enterrado.
R. Nunca he creído en esta falsa dicotomía. Ni nuestro Gobierno ni el presidente. Uno puede poner ciertos énfasis de acuerdo a la coyuntura, pero la agenda de seguridad no es sólo atender a la urgencia, sino que está transformando las capacidades del Estado. Si la seguridad la entendemos como un derecho, hay una mirada que no es netamente cosmética. Por primera vez tenemos una política nacional contra el crimen organizado, una buena ley contra el narcotráfico, una ley actualizada de armas. Estamos creando una política de devolver territorios que estaban ocupados por el narcotráfico a los municipios. La agenda de seguridad no es solo punitiva. Está transformando el rol del Estado y, en varios casos, el territorio. Ahora, no nos conformamos, porque falta mucho por hacer.
P. ¿Y el propósito transformador con que llegaron a La Moneda está intacto?
R. Cuando uno está en un Gobierno va trabajando en función de objetivos programáticos y principios, pero también en un equilibrio con la realidad que te demanda ciertos nuevos énfasis y urgencias. Igual estamos trabajando en reformas en la institución de Carabineros.
P. En el programa de Gobierno proponían refundar Carabineros.
R. Esto no es una refundación, pero estamos haciendo cambios que implican tener más y mejores policías, llamémoslo como lo llamemos. Además, tenemos el desafío de apoyar más a la PDI y eso también depende del pacto fiscal porque son importantes recursos. Incluso, con la reforma previsional, que no es toda la transformación que queríamos, pero hemos ido acordando hasta el momento, por ejemplo, reconfigurar la industria y dejar atrás las AFP. No iría todo a seguridad social, pero sí una parte, y aprobamos la creación de un seguro social.
El Gobierno anterior: “También entregaron pensiones de gracia a gente con condena por abuso sexual infantil”
P. ¿Cuál es el mea culpa que hace este Gobierno en la entrega de las pensiones de gracia en un tema tan sensible como los afectados del estallido social?
R. Las pensiones de gracia se entregaron bajo las reglas que se han aplicado siempre. Hay un cuestionamiento político a que si esas reglas había que modificarlas o no, y nosotros las modificamos.
P. Pero las personas con antecedentes penales graves ya tienen esas pensiones.
R. Es que nunca se han entregado mirando los antecedentes penales, porque la ley no lo exigía. Existen 18.000 pensiones de gracia que han entregado distintos gobiernos sin mirar ningún antecedente penal.
P. Pero sí el certificado de daños.
R. Claro, la derecha cambió un poco la estrategia. Se dio cuenta que en su Administración tampoco revisaron los antecedentes penales, ya que no se exigía, y también entregaron pensiones de gracia a gente con codena por abuso sexual infantil, por ejemplo. La derecha critica a conveniencia, mirando la paja en el ojo ajeno de manera permanente. Seamos más honestos en este debate. Aquí hay una política pública que hay que revisar, porque nunca consideró el problema de entregar pensiones de gracia a gente con antecedentes penales. Hoy es un problema, es real y lo compartimos. ¿Qué se hace? Cambiar esta política pública. El subsecretario Manuel Monsalve cambió el reglamento de Galli [Juan Francisco, exsubsecretario del Gobierno Sebastián Piñera] y ahora, evidentemente, que uno de los requisitos es revisar los antecedentes penales. Además, vamos a dejar sin efecto varios de estas pensiones entregadas en el estallido a personas con antecedentes penales de alta connotación que entregó tanto Sebastián Piñera como nuestro presidente. Y presentamos indicaciones para actualizar la ley y que se corten estas pensiones cuando una persona comete delitos graves.
P. ¿Y la revisión de los antecedentes médicos de los potenciales beneficiarios? Eso sí se ha revisado antes.
R. Respecto de los antecedentes médicos, lo que se hace desde el Ministerio del Interior es recibir las carpetas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Lo que hizo el Congreso en su momento y en su contexto es decir: no tenemos una política de reparación integral del Estado sobre víctimas de violación a los derechos humanos, pero sabemos que hay muchas personas con afectación de distinto nivel, pero permanente, producto del estallido social. Entonces, modificaron la glosa para que las pensiones de gracia se pudieran entregar a esas personas acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habla de afectación. El INDH revisa los casos y entrega esas carpetas a Interior acompañadas con distintos antecedentes médicos. Lo que hace el Ministerio del Interior es decir: “Okey, aquí están las afectaciones y, por lo tanto, califica para pensión de gracia”. Nosotros no queremos entrar en una polémica con el INDH. Ahora, si queremos corregir estos procedimientos, lo que hay que hacer es mejorar la legislación y los estándares para que la clasificación de los casos sea mucho más rigurosa.
P. ¿El ministerio del Interior hace el último colador o todos los casos que entrega el INDH son aprobados?
R. La tarea de la clasificación de la afectación es del INDH. Después se juzga si vale la pena entregar pensión de gracia porque tienen problemas sociales, etcétera. Hay una comisión -representada por distintas instituciones, por Interior, Segpres- que revisa las pensiones de gracia. Así ha funcionado durante todas estas décadas.
P. ¿Esa comisión cometió un error?
R. El informe de la Contraloría señala algunos casos donde hay que complementar la información. El subsecretario del Interior respondió que si hay dudas en esos procedimientos se acompañará información donde es poco claro el documento. Y se inició un sumario administrativo.
El oficio del INDH: “Existieron diversas instancias presenciales en las que se abordó el tema”
P. Un oficio enviado el 23 de septiembre del 2022 por la directora del INDH, Consuelo Contreras, al presidente Boric, le advertía que no podían seguir acreditando las afectaciones de los postulantes para acceder a las pensiones. El mensaje nunca obtuvo respuesta del mandatario. ¿Cuál es la explicación del Gobierno?
R. Posterior a la recepción del oficio del INDH que usted señala, Presidencia y la directora del INDH, Consuelo Contreras, junto a consejeras y consejeros participaron de una reunión protocolar anual. En dicha instancia se abordó de manera presencial, entre otros temas, el contenido del documento enviado.
P. ¿Y luego?
R. Después de este encuentro, hubo reuniones de trabajo en el que participaron integrantes del Departamento de Acción Social -DAS- de la Subsecretaría del Interior, asesores del Ministerio de Justicia, asesores de seguimiento de programa y el INDH. Tras estos encuentros, se mantuvo lo mandatado por la Ley de Presupuesto 2022 y regulado en el oficio 16 dictado por el Gobierno del expresidente Piñera.
P. ¿Cómo pudo suceder que el presidente Boric no respondiera a una alerta así?
P. No comparto esa tesis, justamente por las instancias que le acabo de mencionar. Hubo varias reuniones de trabajo. Nuestro Gobierno ha mantenido en todo momento una línea de diálogo abierta para escuchar y evaluar las inquietudes. Por ejemplo, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2023, presentado por el Gobierno al Congreso Nacional, no se incorporó ni la glosa 12 ni la glosa 15 relativas a la entrega de pensiones de gracia, esta última materia a la que había hecho referencia el INDH. Pero quiero dejar claro: nos estamos haciendo cargo de este problema. Presentamos acciones concretas para hacer frente a lo que ha pasado y evitar que ocurra que condenados por delitos graves, como abuso sexual infantil o difusión de pornografía infantil, sigan recibiendo este beneficio.
P. ¿Cómo se explican las contradicciones entre el Gobierno y el INDH?
R. Todas las inquietudes que puedan existir de parte del INDH siempre son acogidas y debidamente evaluadas. En este caso existieron diversas instancias presenciales en las que se abordó el tema planteado por el INDH.
