Columna de Opinión – Radio Sensación

En los últimos meses, el tema de las licencias médicas en el servicio público en Chile ha cobrado gran relevancia, evidenciando una problemática que afecta la confianza ciudadana, la eficiencia estatal y el respeto por los recursos públicos.

Las licencias médicas, creadas para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, están siendo mal utilizadas en algunos casos, prolongando ausencias injustificadas o incluso empleándose de forma fraudulenta. Cuando esto ocurre en el sector público, el problema se agrava porque hablamos de fondos y recursos que provienen de todos los ciudadanos.

Lo más preocupante de esta situación no es solo el abuso en sí, sino la evidente falta de fiscalización y control por parte de las instituciones responsables. Resulta inaceptable que organismos encargados de velar por la transparencia y la correcta administración del servicio público no actúen con la rigurosidad necesaria. La ausencia de una supervisión efectiva no solo permite que estas irregularidades prosperen, sino que también alimenta la percepción de impunidad y corrupción.

¿Qué tipo de mensaje se le está enviando a la ciudadanía y a los propios funcionarios cuando la laxitud en la fiscalización es la norma? ¿Cómo podemos exigir compromiso y responsabilidad a quienes representan al Estado si los propios mecanismos de control fallan o son inexistentes? Esta falta de acción compromete la legitimidad de nuestras instituciones y perjudica el funcionamiento del Estado, que se vuelve menos eficiente y confiable.

Por eso, es fundamental que las autoridades no solo declaren su intención de combatir estas malas prácticas, sino que implementen medidas concretas y efectivas: auditorías exhaustivas, sistemas tecnológicos avanzados para la validación de licencias, sanciones ejemplares para quienes cometan fraude y, sobre todo, una cultura de responsabilidad institucional que no permita el encubrimiento ni la negligencia.

Es importante recalcar que exigir control no es restringir derechos. El derecho a una licencia médica legítima debe mantenerse intacto para proteger a quienes realmente lo necesitan. Pero quienes abusan de ese derecho, o quienes se hacen los ciegos ante estas conductas, están atentando contra la salud del servicio público y contra los recursos del Estado.

Además, es urgente que este debate sirva para reflexionar sobre las condiciones laborales y de salud de los trabajadores públicos. Mejorar los ambientes de trabajo, fortalecer el apoyo en salud mental y garantizar un sistema de salud justo y accesible son pasos necesarios para evitar que las licencias médicas sean mal vistas o mal utilizadas.