Santiago, lunes 21 de julio de 2025 — El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió esta mañana a las declaraciones emitidas la semana pasada por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien calificó de “tema de seguridad nacional” la polémica liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, apuntando a un supuesto alto grado de corrupción al interior de Gendarmería de Chile.

Matthei señaló que “dentro de Gendarmería hay un grado de corrupción brutal”, y agregó que “la corrupción en Chile ha avanzado demasiado, está permeando nuestras principales instituciones”, en alusión al caso del imputado por el asesinato del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Durante una entrevista con T13 Radio, el ministro Gajardo calificó como “muy arriesgado” generalizar sobre una eventual corrupción estructural en Gendarmería. “Yo no diría que es una institución corrupta”, afirmó, aunque reconoció que existen desafíos importantes en su funcionamiento.

Fortalecimiento institucional y modernización

Gajardo explicó que Gendarmería opera en condiciones particularmente complejas y que, por años, no ha recibido el fortalecimiento necesario para enfrentar fenómenos como el crimen organizado:
“Es una institución que trabaja de una manera muy compleja, que no se ha fortalecido en el tiempo como se debió, y ha tenido que enfrentar sobre la marcha fenómenos de criminalidad mucho más sofisticados”, indicó.

Añadió que desde el actual Gobierno se han implementado diversas medidas para reforzar Gendarmería, incluyendo nuevas facultades legales, la creación de departamentos de investigación criminal, y la modernización en capacitación y equipamiento.
“De hecho, están en tránsito para transformarse en una escuela matriz. Yo creo que es una institución que debemos cuidar mucho”, recalcó.

Sin defensa corporativa en caso Mejía

En relación con la liberación de Alberto Carlos Mejía, Gajardo fue enfático en señalar que el Gobierno no adoptará una actitud de encubrimiento:
“Aquí no cabe ningún tipo de defensa corporativa. No hay que deslindar responsabilidad a ninguno de los actores, porque esto se tiene que esclarecer con total precisión”, sostuvo.

Actualmente existen tres investigaciones en curso por este caso: una penal a cargo del Ministerio Público, una administrativa del Poder Judicial y otra al interior de Gendarmería, que es liderada por un fiscal institucional. Gajardo explicó que, dado que no hay altos mandos involucrados en esta última, no fue necesario designar un fiscal externo.

El ministro detalló que la indagatoria administrativa en Gendarmería debería tener avances a mediados de agosto, en cumplimiento del plazo de 20 días hábiles estipulado por el estatuto administrativo. Si se comprueba negligencia u otra falta, los funcionarios implicados podrían enfrentar sanciones que incluyen la destitución, precisó.

Finalmente, Gajardo advirtió que se analizarán a fondo las comunicaciones entre el Tribunal y Gendarmería, señalando que algunas fueron “confusas, al menos una innecesaria”, y que será la investigación la que determine si hubo errores en el proceder de la institución penitenciaria.

El caso ha generado alta tensión política y social, en medio de un creciente debate sobre la seguridad pública, la corrupción institucional y la eficacia del sistema judicial en el combate al crimen organizado.