Santiago, 21 de julio de 2025 — El ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado del asesinato del empresario José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, abandonó el país el pasado 12 de julio a través de un paso no habilitado en la frontera de Chacalluta, en dirección a Perú, apenas dos días después de haber sido liberado de forma irregular.

Mejía, quien ingresó a Chile bajo una identidad falsa —presentándose como “Osmar Ferrer”—, fue formalizado el 9 de julio por su presunta participación en un homicidio vinculado al crimen organizado, junto a otros dos imputados, todos con nexos con la organización Tren de Aragua.

Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, el individuo viajó a Iquique el 11 de julio, luego de presuntamente pagar $2,5 millones a un conductor de aplicación. Tras pernoctar en la ciudad, se trasladó a Arica y cruzó la frontera al día siguiente por un paso clandestino. Actualmente, Interpol mantiene una alerta de búsqueda internacional, y es intensamente rastreado por las policías chilenas y extranjeras.

La cadena de errores que permitió su huida

La polémica liberación de Mejía se originó tras una serie de errores administrativos ocurridos en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, durante su formalización por homicidio.

El 9 de julio a las 20:17, la jueza Irene Rodríguez dictó una resolución de prisión preventiva, la cual contenía un error de tipeo en el nombre del imputado. Posteriormente, a las 20:25, se emitió un nuevo documento que —en vez de corregir el error— ordenaba su liberación. Apenas tres minutos más tarde, a las 20:28, se dictó una tercera resolución, con una nueva identificación que las autoridades creían correcta en ese momento.

Aunque se notificó a Gendarmería sobre la situación a través de un correo electrónico enviado el 10 de julio a las 14:13, pasadas las 20:00 horas del mismo día, Mejía fue liberado del centro penitenciario, iniciando de inmediato su huida.

Días más tarde, Interpol verificó su verdadera identidad a través del análisis de sus huellas dactilares, confirmando que durante toda su permanencia en Chile usó un nombre falso.

Investigación en curso

Actualmente, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) llevan adelante una investigación para determinar si hubo negligencia o delito en la cadena de hechos que derivaron en la insólita liberación del acusado. Paralelamente, la Fiscalía Oriente y Carabineros trabajan en la recaptura del imputado.

Cabe recordar que, conforme al artículo 04 del Código Procesal Penal, ningún imputado debe ser considerado culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra. Por lo tanto, las responsabilidades en este caso aún están en etapa de investigación.

El caso ha provocado una fuerte polémica en el ámbito judicial y político, y ha reabierto el debate sobre los procedimientos de control de identidad y la coordinación entre tribunales y Gendarmería en casos de alta complejidad.