El Ministerio Público encargó diligencias especializadas al OS9 y al Labocar de Carabineros para esclarecer las circunstancias en que se produjo la emergencia en Las Condes. El fenómeno dejó más de 2.015 viviendas afectadas, alrededor de 1.200 personas evacuadas o rescatadas y daños en distintos sectores residenciales, comerciales y educativos.
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente anunció el inicio de una investigación para establecer eventuales responsabilidades penales relacionadas con el fuerte aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, durante la tarde del jueves 8 de octubre.
La indagatoria buscará esclarecer las circunstancias en que se produjo la remoción en masa, determinar los factores que pudieron incidir en su desarrollo y establecer si existen antecedentes que permitan atribuir responsabilidades penales, tanto por el origen del fenómeno como por sus consecuencias.
Para desarrollar las diligencias, el Ministerio Público instruirá la participación de personal especializado de las unidades OS9 y Labocar de Carabineros de Chile, cuyos equipos deberán reunir antecedentes técnicos y otros elementos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
La investigación estará encabezada por el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, junto con el fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo. Ambos tendrán la tarea de coordinar las actuaciones investigativas necesarias para reconstruir lo ocurrido y determinar si existen elementos que ameriten establecer responsabilidades conforme a la legislación vigente.
El anuncio de la Fiscalía se produce después de una de las emergencias más complejas registradas recientemente en el sector, donde la fuerza del agua y el material arrastrado desde zonas de mayor pendiente provocaron inundaciones, daños en viviendas y afectaciones a distintos servicios e instalaciones.
Un aluvión que sorprendió a vecinos y transeúntes
La emergencia se registró cerca de las 17:00 horas del jueves, en medio de las precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana. En San Carlos de Apoquindo, el agua descendió con fuerza por las calles, arrastrando barro, piedras, troncos y grandes rocas, de acuerdo con los registros audiovisuales captados por testigos.
Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron la magnitud del fenómeno y la velocidad con que el material avanzó por distintos puntos del sector. El flujo de agua y sedimentos alcanzó zonas habitadas y provocó inundaciones en viviendas, locales comerciales, centros asistenciales y establecimientos educacionales.
La situación generó preocupación entre los residentes, quienes debieron enfrentar las consecuencias de un evento que se desarrolló en un periodo acotado y que obligó a desplegar equipos de emergencia para atender a las personas afectadas, realizar evacuaciones y evaluar las condiciones de seguridad en las áreas comprometidas.
El impacto no se limitó a calles y espacios públicos. La acumulación de barro y otros materiales también afectó inmuebles y accesos, dificultando el desplazamiento en algunos sectores y obligando a coordinar labores de respuesta y asistencia.
En ese contexto, los antecedentes que reúna la Fiscalía serán relevantes para establecer cómo se desencadenó la emergencia y si existieron circunstancias que deban ser examinadas desde el punto de vista penal. Sin embargo, la apertura de la investigación no implica, por sí misma, que se haya determinado la existencia de delitos o que se haya identificado a personas responsables.
Senapred explicó por qué no hubo una evacuación anticipada
Tras la emergencia, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, explicó que el fenómeno tuvo un carácter súbito, debido a la concentración de precipitaciones en un periodo breve y a las condiciones en que se produjo la remoción en masa.
La autoridad sostuvo que la rapidez con que se desarrolló el evento impidió organizar un proceso de evacuación previo a su ocurrencia. Por ese motivo, las acciones de los organismos de emergencia se concentraron en responder a la situación una vez que esta ya estaba en desarrollo.
En relación con el Sistema de Alerta de Emergencia para celulares (SAE), Cebrián señaló que no correspondía emitir un mensaje orientado a una evacuación anticipada, dado que no existían condiciones para desarrollar ese procedimiento antes del fenómeno.
Según explicó la directora de Senapred, las medidas adoptadas respondieron a lo que estaba ocurriendo en ese momento, considerando la rapidez con que avanzó la emergencia y la concentración de las precipitaciones en el área afectada.
Sus declaraciones aportan un antecedente relevante para comprender la dinámica del episodio, aunque las causas específicas y las eventuales responsabilidades asociadas a su origen deberán establecerse mediante los procedimientos técnicos y judiciales correspondientes.
Más de 2.015 viviendas afectadas y 1.200 personas evacuadas o rescatadas
El balance preliminar entregado por la Municipalidad de Las Condes dio cuenta de la magnitud de los daños provocados por la remoción en masa.
De acuerdo con los antecedentes municipales, más de 2.015 viviendas resultaron afectadas, mientras que el área comprometida alcanzó una superficie aproximada de 3,1 kilómetros cuadrados.
La emergencia también obligó a evacuar o rescatar a cerca de 1.200 personas, en medio de las labores desplegadas para resguardar a los residentes y facilitar la intervención de los equipos de respuesta.
En cuanto a las personas lesionadas, el reporte consignó un caso de fractura y otro de una persona policontusa. Estos antecedentes formaron parte del balance inicial de la emergencia, que también contempló daños materiales y alteraciones en el funcionamiento de diversos recintos de la comuna.
Las cifras reflejan el alcance territorial del episodio y la cantidad de hogares que podrían requerir evaluación, limpieza, asistencia y otras medidas para recuperar sus condiciones habituales de habitabilidad.
La atención de la emergencia ha requerido coordinación entre el municipio y los organismos competentes, tanto para responder a las necesidades inmediatas como para evaluar las consecuencias que dejó el ingreso de agua, barro y sedimentos en sectores residenciales.
Suspensión de clases y habilitación de espacios de emergencia
Entre las medidas adoptadas a raíz del aluvión se encuentra la suspensión de clases en ocho establecimientos educacionales municipales y cinco jardines infantiles, además de recintos privados.
La decisión respondió a la necesidad de resguardar a las comunidades educativas y evaluar las condiciones de seguridad de los establecimientos afectados o ubicados en zonas comprometidas por la emergencia.
La afectación de colegios y jardines infantiles se sumó a los daños registrados en viviendas, locales comerciales y centros asistenciales, ampliando el alcance de las labores de coordinación y respuesta.
Asimismo, se habilitó un albergue en el Centro Comunitario Paul Harris 1000, con capacidad para recibir a 20 personas. Este espacio fue dispuesto como parte de las medidas de apoyo para quienes necesitaran un lugar de resguardo durante la emergencia.
A estas acciones se sumó la habilitación de un helipuerto de emergencia en el estacionamiento oriente del Estadio Claro Arena, con el propósito de contar con un espacio para apoyar las operaciones que pudieran requerirse en el contexto de la contingencia.
Las medidas se enmarcaron en el despliegue destinado a atender a las personas afectadas, facilitar las labores de los equipos de emergencia y responder a las necesidades más urgentes que surgieron tras el aluvión.
La investigación buscará esclarecer el origen y las consecuencias del fenómeno
Con la intervención de unidades especializadas de Carabineros, la Fiscalía Metropolitana Oriente buscará reunir antecedentes que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y comprender las condiciones en que se produjo el aluvión.
Las diligencias estarán orientadas a determinar las circunstancias del episodio y establecer si existen elementos que permitan configurar eventuales delitos. Para ello, será necesario examinar los antecedentes disponibles y desarrollar las actuaciones que el Ministerio Público considere pertinentes.
La investigación también deberá distinguir entre las consecuencias propias de un fenómeno natural y aquellas situaciones en las que eventualmente pudieran existir conductas u omisiones con relevancia penal. Esa evaluación dependerá de los resultados de las diligencias y de los antecedentes técnicos que se incorporen a la causa.
Por ahora, la Fiscalía no ha establecido responsabilidades definitivas. El trabajo de los investigadores permitirá determinar si existen fundamentos para avanzar en esa dirección y, de ser necesario, identificar a quienes pudieran tener participación en hechos constitutivos de delito.
Mientras se desarrolla la indagatoria, Las Condes deberá continuar con las labores de evaluación de daños, atención de los vecinos afectados y recuperación de los sectores comprometidos.
La emergencia dejó en evidencia el impacto que puede tener una remoción en masa de desarrollo rápido en áreas urbanas y residenciales, especialmente cuando las precipitaciones se concentran en periodos breves. Sus causas y las eventuales responsabilidades penales, sin embargo, deberán ser determinadas a partir de los antecedentes que logre establecer la investigación.
