El ministro de Justicia pasó de ser reconocido por su disposición al diálogo a enfrentar solicitudes de renuncia y la amenaza de una acusación constitucional. La controversia abrió un nuevo flanco para el Gobierno y generó cuestionamientos incluso dentro del oficialismo.
El ministro Fernando Rabat enfrenta uno de los momentos más complejos desde su llegada al cargo, luego de que la controversia por las rebajas de condenas a personas condenadas por violación y abuso sexual contra menores de edad instalara fuertes cuestionamientos sobre su gestión y su posición frente a estos beneficios judiciales.
Rabat, quien había logrado construir una imagen asociada a la apertura al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, quedó en el centro de una disputa política que amenaza con afectar el respaldo que había conseguido durante su trayectoria en la oposición y su posterior incorporación al Gobierno.
La polémica escaló rápidamente y derivó en exigencias de renuncia, además de advertencias sobre una eventual acusación constitucional. De esta manera, una discusión relacionada con el sistema de cumplimiento de penas y los mecanismos de rebaja de condenas se transformó en un conflicto que involucra directamente la responsabilidad política del titular de Justicia.
56 rebajas de condena bajo cuestionamiento
El centro de la controversia está en los 56 decretos de rebaja de condenas otorgados a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. De acuerdo con los antecedentes publicados por Emol, 27 de los casos corresponden a condenas por abuso sexual y 29 a sentencias por violación.
Emol
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La situación generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, incluidos representantes de la oposición y figuras vinculadas al oficialismo. Entre las principales críticas está la interpretación de las normas que regulan estos beneficios y el papel que desempeñó el Ministerio de Justicia al momento de dictar los decretos.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que fue el ministro quien dictó las resoluciones administrativas, en el marco de sus atribuciones legales. Al mismo tiempo, evitó confirmar que exista una jurisprudencia uniforme del máximo tribunal sobre todos estos casos.
EL PAÍS Chile
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La defensa de Fernando Rabat
Frente a las críticas, el ministro defendió las decisiones adoptadas por su cartera y argumentó que se consideró la jurisprudencia judicial y el principio de irretroactividad de la ley penal, que impide aplicar retroactivamente una norma cuando perjudica al condenado.
Rabat sostuvo que las resoluciones se relacionan con recursos de amparo acogidos por la Corte Suprema y recordó que una reforma legal de 2022 excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de estos beneficios.
Sin embargo, la aplicación de esa restricción a condenas anteriores continúa siendo parte de la discusión jurídica y política. Precisamente, uno de los puntos en debate es si el ministerio debía conceder los beneficios en los términos en que lo hizo o defender otra interpretación de la normativa ante los tribunales.
Emol
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Acusación constitucional: una amenaza que gana terreno
La controversia también abrió la posibilidad de acciones constitucionales contra el secretario de Estado. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, anunció conversaciones con otras colectividades de oposición y el Partido de la Gente para analizar los antecedentes y evaluar una eventual acusación constitucional.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manouchehri informó que sus equipos jurídicos estudian los fundamentos para impulsar una iniciativa de este tipo, argumentando que se debe determinar si hubo incumplimientos de las obligaciones legales del ministro. Hasta ahora, estos anuncios corresponden a evaluaciones e iniciativas políticas, no a una acusación cuya presentación y tramitación estén confirmadas en las fuentes citadas.
Emol
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El costo político y las dudas dentro del oficialismo
El caso ha puesto a prueba el respaldo político de Rabat. La discusión ya no se limita a la interpretación de una norma penitenciaria, sino que también involucra la responsabilidad del Ejecutivo, la protección de niños, niñas y adolescentes y la confianza pública en las decisiones de las autoridades.
La controversia resulta especialmente compleja porque las críticas no provienen exclusivamente de la oposición. También han surgido cuestionamientos desde sectores cercanos al Gobierno, mientras se impulsan propuestas legislativas para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan acceder a futuras rebajas de condena.
Diario y Radio Universidad Chile
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Ante el escenario, Rabat anunció que el Gobierno respaldará iniciativas parlamentarias destinadas a cerrar el acceso a estos beneficios y que impulsará la tramitación urgente de proyectos para abordar el problema.
Emol
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El futuro político del ministro dependerá, en buena medida, del desarrollo de las acciones parlamentarias, de los antecedentes jurídicos que se conozcan y de la capacidad del Gobierno para responder a las críticas. Por ahora, la polémica mantiene a Fernando Rabat bajo presión y abre un debate de fondo sobre los límites de los beneficios penitenciarios, la interpretación de la ley y las responsabilidades de las autoridades en casos que involucran delitos de extrema gravedad contra menores de edad.
