Ante la Cámara de Diputadas y Diputados, el titular de Justicia defendió las decisiones que permitieron reducir penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Aunque reconoció que el sistema presenta un vacío al no escuchar a las víctimas, no pidió disculpas ni calificó las aprobaciones como un error.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrentó los cuestionamientos de los parlamentarios por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, en medio de la controversia política generada por la aplicación de estos beneficios.
Durante su exposición ante la Cámara de Diputadas y Diputados, la autoridad sostuvo que el Ministerio de Justicia debía formalizar las decisiones adoptadas por las comisiones evaluadoras y que volver a examinar los antecedentes de cada caso habría significado exceder sus atribuciones.
La intervención estuvo marcada por la defensa del procedimiento utilizado por su cartera, las críticas a la falta de participación de las víctimas y las referencias a decisiones adoptadas durante la administración anterior. En ese contexto, Rabat reconoció las dificultades que ha enfrentado durante los últimos días y afirmó: “Han sido días difíciles para este ministro de Estado”.
Pese a las críticas, el secretario de Estado mantuvo su postura respecto de las resoluciones cuestionadas y planteó que parte de los problemas se relacionan con la implementación de la reforma legal de 2022.
Rabat cuestionó al Congreso y apuntó al gobierno anterior
Uno de los momentos más tensos de la exposición se produjo cuando el ministro hizo referencia a las rebajas de condena concedidas durante los cuatro años anteriores. El secretario de Estado enumeró casos de enero, febrero y marzo de 2026 para cuestionar la falta de respuestas sobre los informes de Gendarmería y la participación de las víctimas.
“¿Qué pasó durante 4 años con el informe de Gendarmería? ¿Qué pasó durante 4 años con no haber escuchado a las víctimas?”, preguntó ante los parlamentarios.
Con estos argumentos, Rabat buscó situar la controversia dentro de un problema institucional que, según su planteamiento, no comenzó con la actual administración. Sin embargo, sus referencias al período anterior no resolvieron los cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia durante su gestión.
El reconocimiento de un vacío en la protección de las víctimas
Pese a mantener su defensa jurídica, el ministro reconoció que el procedimiento presenta una falencia importante al no contemplar adecuadamente la participación de las víctimas.
“No cabe ninguna duda que el procedimiento tiene un vacío en su inicio al no escuchar a las víctimas”, afirmó.
La autoridad señaló que el Gobierno buscará corregir esta situación. El reconocimiento abrió un nuevo foco de discusión sobre la forma en que se evalúan las solicitudes de reducción de condena y las garantías que deben existir para las personas afectadas por delitos sexuales.
La controversia se ha centrado no solo en la interpretación de la normativa, sino también en la transparencia de las decisiones, la evaluación de los antecedentes penitenciarios y la necesidad de informar y proteger a las víctimas.
Oposición anuncia acusación constitucional contra el ministro
La intervención de Rabat no logró cerrar la controversia política. Tras la sesión especial, sectores de la oposición confirmaron que impulsarán una acusación constitucional contra el titular de Justicia, argumentando que sus explicaciones no despejaron las dudas sobre su responsabilidad en la concesión de los beneficios. Cooperativa+1
El caso involucra 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, según los antecedentes publicados sobre los decretos firmados entre marzo y septiembre de 2026. La situación también ha motivado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y la aplicación de las restricciones legales introducidas en 2022. Cooperativa+1
En paralelo, el Gobierno ha anunciado iniciativas legislativas para abordar los problemas detectados en el sistema de rebajas de condena y fortalecer la protección de las víctimas. Ministerio de Justicia y DDHH+1
Una controversia que sigue abierta
La exposición del ministro Fernando Rabat dejó en evidencia las diferencias entre el Ejecutivo y sus críticos respecto de la interpretación de la ley y las responsabilidades de las instituciones involucradas.
Mientras el secretario de Estado sostiene que su cartera debía formalizar las decisiones adoptadas por las comisiones evaluadoras, sus detractores exigen explicaciones sobre los decretos firmados y sobre las medidas adoptadas para resguardar a las víctimas.
Por ahora, el reconocimiento de un vacío en el procedimiento no estuvo acompañado de una disculpa por las decisiones cuestionadas. La discusión continuará tanto en el ámbito legislativo como en el jurídico, mientras se define el futuro de la anunciada acusación constitucional y el alcance de las reformas que impulse el Gobierno.
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