Santiago, 24 de julio de 2025 – Esta mañana, el Tribunal Constitucional (TC) debiese revisar el recurso presentado por un grupo de notarios y conservadores mayores de 75 años, que busca frenar la aplicación de la nueva ley que impone un límite etario para ejercer dichos cargos. La norma, recientemente promulgada, establece que notarios, conservadores y archiveros deberán dejar sus funciones al cumplir los 75 años, otorgándoles un plazo de un año para hacerlo desde su entrada en vigencia.

El recurso, interpuesto por más de 50 funcionarios, alega que la medida es discriminatoria y vulnera principios constitucionales. La revisión está fijada para las 9:30 horas por parte de los ministros del TC.

Campaña interna de financiamiento

Para sustentar su defensa, los notarios afectados han organizado una campaña interna de recaudación de fondos. A través de mensajes enviados en el grupo de WhatsApp “Conservadores Digitales”, que reúne a conservadores de bienes raíces de todo el país, se han solicitado aportes económicos destinados a cubrir los costos del equipo jurídico y los informes en derecho que respaldan su postura.

“Me sumo a cooperar en esta campaña de reunir fondos y aporto mi granito de arena. Es de esperar que tengamos fortuna y nos vaya bien”, dice uno de los mensajes compartidos en el grupo.

Según antecedentes obtenidos por Radio Bío Bío, los aportes han alcanzado varios millones de pesos por persona, dependiendo de la situación particular de cada notario, aunque menos de la mitad de los afectados ha participado. Las transferencias han sido dirigidas a la cuenta personal de Luis Maldonado Croquevielle, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien ha asumido informalmente el rol de “tesorero” de la campaña.

El equipo jurídico está conformado por los abogados constitucionalistas Cristóbal Osorio Vargas y Gabriel Osorio Vargas, mientras que los informes en derecho fueron elaborados por Patricio Zapata Larraín, Máximo Pavez Cantillano y Claudio Nash Rojas.

Argumentos en disputa

Desde el gremio, los notarios y conservadores sostienen que el límite etario es arbitrario y no responde a criterios objetivos de capacidad. Proponen, en su lugar, la implementación de controles médicos periódicos que permitan evaluar las condiciones físicas y mentales para continuar en el cargo, en lugar de aplicar una regla general basada en la edad.

Algunos expertos reconocen que el recurso podría tener fundamentos jurídicos, pero advierten que el contexto público y político no es favorable. “La percepción social hacia los notarios es negativa. Aunque tengan un argumento técnico sólido, enfrentan una opinión pública crítica de su labor”, comenta una fuente vinculada al proceso.

Además, recalcan que los notarios no forman parte del Poder Judicial, no son remunerados por tribunales y operan en un régimen que se asemeja más al ámbito privado. Por ello, cuestionan que se les imponga una edad de retiro forzoso como si fueran funcionarios judiciales.

¿Y los pagos?

Una de las interrogantes es cómo se formalizarán los pagos a los abogados. Hasta la fecha, según fuentes de La Radio, no se ha efectuado ningún pago a los profesionales involucrados. Sin embargo, aseguran que cuando se concreten las transferencias, se hará todo conforme a la ley, con respaldo documental y emisión de boletas.

El debate no solo se juega en tribunales, sino también en el plano político y social. La resolución del TC podría marcar un precedente clave en la implementación de la reforma al sistema notarial y registral, una de las más relevantes del último tiempo.