La preocupación por la defensa de sus funcionarios ante ataques de personas descontroladas es un foco fundamental que los trabajadores del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) han expuesto a las autoridades de la entidad, por lo cual impulsan, en conjunto, una serie de medidas preventivas de tales situaciones a lo largo del país.

Es sabido que el mundo moderno, con la aceleración de la percepción del tiempo, propicia cuadros de ansiedad, estrés, intolerancia, falta de paciencia e incluso trastornos sicológicos. Tales factores, o la presencia de enfermedades que afectan emocionalmente, pueden ser síntomas de cuadros complejos que suelen estar tras un ataque de ira, como los que se sufren en oficinas públicas de atención de usuarios donde las víctimas son los funcionarios.

Así se ha visto en casos en el Registro Civil y con mayor frecuencia en lugares de atención de salud, donde las condiciones de pacientes hacen más vulnerable la acción de los trabajadores públicos.

El ISL tiene oficinas en las 16 regiones del país, en las cuales recibe los requerimientos de sus adheridos: trabajadores beneficiarios del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se trata de personas, generalmente, afectadas por situaciones que les provocan una tensión.

En la atención de público del ISL trabajan 92 funcionarios de manera presencial y, al igual que todos los empleados públicos, ellos están protegidos por la ley. Cabe recordar que en el artículo 90 del D.F.L. Nº 29, de 2005, de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se asevera que:

“Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.

La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que corresponda”.

Este es un tema relevante, sostuvo María Teresa Martínez, presidenta de la Asociación de Funcionarios del ISL (Anatisel), quien anunció que reactivarán la solicitud de un protocolo conjunto para la defensa de los funcionarios (algunos de los cuales han sido incluso amenazados en regiones).

“Queremos que el protocolo se complemente con una campaña de difusión de deberes y derechos de los usuarios y de capacitación de nuestros trabajadores en temas como manejo de crisis, para saber qué hacer en caso de ataque físico o verbal, y apoyo psicosocial, porque cuando una persona tiene un ataque de furia deja a nuestros funcionarios muy afectados sicológicamente”, subrayó.

Los casos registrados hasta ahora mantienen alerta a la institución, pues desde la dirección nacional se advierte que no sólo es un asunto que afecta a los funcionarios, sino también a quienes vayan a las oficinas por un trámite y se vean impedidos de realizarlo por el escándalo de una persona con furia. Asimismo, se adelantan a las acciones vía redes sociales que también han sufrido con ataques y denostaciones injuriosas.

La tecnología y el uso de las redes sociales son, de hecho, una fuente fácil para amenazas y otras acciones que podrían ir en desmedro de quienes solo buscan entregar un servicio público. Estas plataformas, pueden ser utilizadas en busca de un beneficio, por ejemplo, pecuniario, a través de campañas tendientes a sumar a otros a la causa y así generar el “ruido” que les favorezca.

Entre los factores que se presentan en estos comportamientos alterados se visualiza también el desconocimiento que muchos usuarios y usuarias tienen del alcance y restricciones de los beneficios que rige la ley 16.744, por lo que solicitan servicios que van más al

lá de los legales o, lisa y llanamente, en algunos casos, demuestran que quieren aprovechar tales frutos sin respetar la legislación.

Todas esas materias se analizan en el ISL para proteger a sus funcionarios y usuarios, recopilando además de la legislación existente, las experiencias de otras reparticiones como una posible plataforma del servicio público en general.