Este lunes, en una audiencia de procedimiento abreviado, se condenó a Luis Castillo a cuatro años de cárcel por robo y otros delitos cometidos en Copiapó. Recordemos que el individuo fue indultado por el presidente Boric en 2022.
Este lunes se condenó a Luis Castillo, indultado por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, a cuatro años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia, y manejo bajo la influencia de estupefacientes.
En la audiencia de procedimiento abreviado se condenó también a su pareja por los hechos ocurridos en Copiapó en diciembre del año pasado.La audiencia fue asumida por el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya González, quien indicó que durante la investigación desarrollada por este caso, fueron surgiendo nuevos antecedentes que permitieron determinar la participación de todos los involucrados, realizando la Fiscalía una reformalización de los delitos originalmente informados.
Confirmando con ello, el anunció de la institución el día de la audiencia en que se comunicaron los cargos, ocasión en que se informó que esta causa se desarrollaría con plena objetividad para establecer de manera certera lo ocurrido, la dinámica de los hechos y la participación de los detenidos.
Luis Castillo, indultado por el presidente Boric
“Desde el mes diciembre del año pasado, los antecedentes de la carpeta investigativa que se expusieron en la audiencia de control de detención daban cuenta de ilícitos de robo y secuestro. Sin embargo, con la ejecución de las diligencias ordenadas por la Fiscalía se obtuvieron nuevos antecedentes que permitieron acreditar el delito de robo con intimidación y violencia y el manejo bajo la influencia de estupefacientes”, dijo el fiscal Coya.
Añadiendo que “el día de hoy se realizó un procedimiento abreviado en que Castillo Opazo aceptó los hechos, con lo que el imputado fue condenado a la pena efectiva de cárcel de 4 años y un día”.
El fiscal agregó que la misma pena fue impuesta a la coimputada, Camila Morales, quien al tener irreprochable conducta anterior le fue impuesta una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Mientras que las adolescentes participantes en estos hechos ya habían sido condenadas a seis meses de intervención de un programa especializado en el área de rehabilitación.
Llegó Semana Santa y desde este jueves comienzan a aplicarse una serie de medidas para facilitar la salida de cientos de miles de santiaguinos.
Desde este jueves comenzarán las diversas medidas anunciadas por el Ministerio de Obras Públicas por Semana Santa,, donde se espera la salida de cientos de miles de vehículos desde Santiago hacia distintas zonas del país
La ministra Jessica López señaló a principios de semana que se proyecta que saldrán 412 mil automóviles por las distintas rutas. Estas son la Ruta 5 Norte y Sur, la Ruta 68 y la Ruta 78.
Esto significaría un leve incremento de flujo, ya que el año pasado salieron 408 mil.
Los mayores flujos se producirían este jueves 28 en la salida, con más de 167 mil vehículos; mientras el mayor regreso se espera para el domingo 31 con 173 mil.
Por ello, se implementaron una serie de medidas que incluye el sistema 3×1, el ya famoso “Peaje a Luca” y rebaja de peaje a camiones.
El Pleno de la Corte Suprema habría decidido no asistir a la comisión investigadora por el caso Audio en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Concretamente, se apunta a gestiones del abogado para permitir la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema, y de Antonio Ulloa a la Corte de Apelaciones de Santiago, en 2021.
Además, el Pleno del máximo tribunal definió que durante la jornada de mañana martes se realizará una vocería respecto a las decisiones adoptadas en torno al tema.
Aún así, según información de Radio Bío Bío, estas apuntarían a la declinación de la totalidad de las invitaciones realizadas desde el Congreso, en particular a la comisión investigadora del caso Audio.
Cabe mencionar que desde la instancia -en la Cámara de Diputadas y Diputados- se anunció la citación de todos los ministros y ministras del Pleno de la Corte Suprema.
Por lo tanto, la decisión del Pleno sería no asistir a las invitaciones que se realizaron desde el Poder Legislativo.
Además, en esta definición también se reiteraría la postura de los supremos respecto del sistema de nombramiento de ministros y ministras de la Corte Suprema y demás entidades del Poder Judicial.
Específicamente, la Policía de Investigaciones incautó documentos, computadores, información electrónica y financiera, lo que estaría relacionado «con el convenio y todo el proceso», indicó el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Palma.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, se refirió a las diligencias que se realizaron hoy en el Gobierno Regional de Ñuble, en Chillán. Ello, en el marco de la arista de la Fundación ProCultura en el Caso Convenios. Recordemos que este se encuentra a cargo de dicha investigación.
El persecutor detalló que se incautó evidencia, que “puede servir de base para las probanzas del juicio”. Específicamente, la Policía de Investigaciones incautó documentos, computadores, información electrónica y financiera, lo que “evidentemente está relacionada con el convenio y todo el proceso”, agregó.
Además, señaló que no solo se realizaron diligencias allí, sino que también en Concepción, en dependencias de la empresa Servicios Turísticos Esquerré y Turismo Esquerré.
Asimismo, indicó que se investigan los delitos de fraude al fisco, y un eventual tráfico de influencias. “La investigación aquí en Ñuble, parte en base al informe que entregó ProVida, que daba cuenta de ciertas inobservancias y además hechos que podrían constituir delito”, concluyó.
Cabe mencionar que las irregularidades se detectaron en la asignación directa del Gobierno Regional de Ñuble a la organización por el convenio “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, por un monto de $268 millones.
El Gobierno Regional de Ñuble entregó una declaración al respecto. En la que aseguraron que existe plena voluntad por su parte para colaborar en dicha investigación. Y a propósito de este caso, recordaron que se había realizado una denuncia por parte de propio Gobierno Regional, por algunas inconsistencias.
Datos como nombres, RUT y unidades donde se desempeñarán los «hackers» que el Ejército contrató para operaciones cibernéticas ofensivas y defensivas, permanecen disponibles a vista y paciencia de quien quiera husmear en la Inteligencia nacional. La institución castrense defiende la fórmula que utiliza para reclutar este tipo de profesionales asegurando que se apega con la normativa vigente.
En Internet y a la vista pública permanecen datos sensibles de la Inteligencia del Ejército de Chile. Una búsqueda rápida por la página web de la institución permite encontrar nombres completos, ruts, la unidad de donde trabajarán y hasta qué funciones sensibles desempeñarán dos “hackers” reclutados a través de un concurso público.
Y es que en su plataforma, el organismo castrense publica periódicamente las vacantes disponibles para cubrir variados cargos que permiten el funcionamiento y fortalecimiento de distintas áreas.
Las ofertas son de todo tipo. Por esta vía, el Ejército solicita contadores auditores, nutricionistas, ingenieros en minas, matronas, kinesiólogos, abogados, prevencionistas de riesgo… e incluso hackers.
Así queda en evidencia al revisar los registros disponibles en la plataforma de postulación, donde se muestran sendos procesos iniciados en abril de 2022 y junio de 2023.
SENDOS PROCESOS
El primero de ellos corresponde a un concurso público para contratar a dos asesores de Inteligencia. Uno para ciberoperaciones ofensivas y otro para las defensivas. El resultado de dicho proceso terminó con dos de cuatro postulantes contratados.
En la resolución exenta de tres páginas, firmada por el comandante de la División de Personal del Ejército, Juan Solari Valdés, figuran con nombre y apellido quienes en ese instante pasaron a formar parte del Regimiento de Inteligencia N°2 Llaitún.
Emplazado en avenida Las Perdices de Peñalolén, se trata de la unidad de Inteligencia por excelencia del Ejército, la que también alberga al Pelotón de Guerra Electrónica (COMINT). Según un oficio de la DINE -al que accedió este medio- al 2017 contaba con una fuerza total de 34 hombres.
Dicho sea de paso, corresponde al mismo regimiento donde en 1992 se interceptó la llamada telefónica de Sebastián Piñera. Hecho que más tarde daría paso al denominado “Kiotazo”.
El segundo proceso, en tanto, que tenía propósitos similares, fue declarado desierto a mediados del año recién pasado. Pese a no dejar expuestos sus identidades, el Ejército sí develó las tareas, a nivel general, que le serían encargadas. Incluso, dejó de manifiesto la importancia de dicha contratación.
“Esta vacante representa un cargo crítico para el normal funcionamiento” del regimiento, reza unas de las resoluciones públicas revisadas por BBCL Investiga.
Sobre la razón por la que el proceso se declaró desierto, la institución explica que se debió a que el único postulante seleccionado manifestó por correo electrónico sus intenciones de desertar del concurso.
INTELIGENCIA POCO SERIA
Según expertos consultados por este medio, se trata de una forma “poco seria” de contratar personal de esta índole, lo que demuestra lo mal que funcionan los servicios de defensa en Chile.
A juicio del oficial (r) del Ejército y exfiscal militar experto en Inteligencia, Rodrigo Vera Lama, la contratación por esta vía de personal que se abocará a tareas tan sensibles “muestra una vez más la ausencia de seriedad con la que funciona la Inteligencia Chile”. “El problema ya no es normativo o de falta de leyes regulatorias, sino que de los operadores del sistema”, asegura.
En esa línea, apunta a que “son diversos los riegos que implica develar la identidad del personal de ciberseguridad que trabaja en misiones complejas, toda vez que al ser conocida por otras potencias o grupos de crimen organizado, pueden ser objeto de diversas actividades que impliquen afectar su seguridad personal, de su grupo familiar, y también la seguridad del organismo de Inteligencia para el cual prestan servicios”.
Con todo, Vera Lama recuerda que en su Artículo 38, la Ley de Inteligencia “califica de secretos todos los antecedentes que obran en poder de los servicios de Inteligencia. Esto hace aún más incomprensible que sea público y con amplia difusión el reclutamiento de personal para tareas sensibles en un Regimiento de Inteligencia del Ejército”.
APEGADO A LA NORMA
Consultada por este medio, la institución castrense se limitó a señalar que este mecanismo de reclutamiento se apega a lo establecido en los estatutos para la contratación de funcionarios públicos, el cual “norma el procedimiento que deben realizar las instituciones públicas, como el Ejército de Chile”.
Pese a inquirirles, no ofrecieron respuestas respecto de si esta fórmula podría abrir una brecha de seguridad al proporcionar información sensible a potencias extranjeras o crimen organizado. Lo propio hicieron sobre la posibilidad de poner en riesgo la integridad de los contratados o la unidad en la que trabajan.
Errázuriz participó en la elección presidencial de 1989, siendo conocido como “Fra-Fra” y compitiendo contra Patricio Aylwin y Hernán Büchi, obteniendo el tercer lugar con 1.077.172 votos (15,43%).
Esta mañana se informó de la muerte del exsenador y antiguo candidato presidencial en las elecciones de 1989, Francisco Javier Errázuriz, también conocido como «Fra Fra».
Errázuriz contaba con una extensa carrera empresarial, con un vínculos al rubro retail, minero, automotriz y agrícola, siendo la Región de O’Higgins parte importante de éstos.
Cabe destacar que “Fra Fra” impulsó el movimiento político Partido Unión de Centro Centro Progresista y logró ser senador por la Región del Maule en 1994.
Vida personal
Nacido el 7 de mayo de 1942, Errázuriz viene de una familia de tradición política: Su padre, Ladislao Errázuriz Pereira, fue senador, al que igual su abuelo Ladislao Errázuriz Lazcano.
Según la reseña bibliográfica de la Biblioteca del Congreso Nacional, el exparlamentario realizó sus estudios básicos y medios en el Liceo Alemán de Santiago y en la Escuela Militar “Bernardo O’Higgins”, donde alcanzó el grado de Brigadier Mayor.
Años más tarde ingresó a la Facultad de Agronomía y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulándose de ingeniero agrónomo con mención en Economía Agraria, en el año 1964.
Errázuriz participó en la elección presidencial de 1989, siendo conocido como “Fra-Fra” y compitiendo contra Patricio Aylwin y Hernán Büchi, obteniendo el tercer lugar con 1.077.172 votos (15,43%).
En las elecciones parlamentarias de 1993 resultó electo como senador, en el pacto Unión por el Progreso de Chile y representando a la Región del Maule.
El 1º de noviembre de 2011 sufrió una hemorragia cerebral, deteriorando su estado de salud.
En medio de los cuestionamientos al Partido Comunista, en el marco del caso de secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo respaldaron los dichos del presidente Gabriel Boric en los que acusó anticomunismo visceral por parte de la oposición.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió las declaraciones del presidente Gabriel Boric por el caso de Ronald Ojeda, en medio de las críticas al Partido Comunista por su “apoyo” al régimen de Nicolás Maduro.
Recordemos que ante los cuestionamientos, el jefe de Estado aseguró que existe un “anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país”.
“No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, complementó a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Más tarde, quien también abordó el tema fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien llamó a “dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos”.
Tohá y dichos de anticomunismo visceral: “El Presidente consideró importante poner un límite”
La ministra Carolina Tohá, abordó lo expresado por el presidente Gabriel Boric. En la misma línea dijo que “la gravedad del caso ha hecho bastante fuerte las suposiciones”.
Lo anterior, específicamente, sobre “la manera en que se ha acusado a personas que prestan servicio al país” y “se ha asumido que por su militancia tienen un rol en este delito, el Presidente consideró importante poner un límite”.
“Lo importante es que la investigación revele qué hay detrás del secuestro, y eso todavía no lo tenemos claro. Afortunadamente la Fiscalía ya tiene un detenido y sospechosos”, agregó.
A continuación, dijo Tohá, “en base a eso se ha ido empezando a hacer un primer panorama, pero todavía muy insuficiente para llegar a conclusiones (…) su historial político y las circunstancias en que (Ojeda) salió de su país, fueron un factor determinante”.
“Quienes desestiman las hipótesis del secuestro no somos los políticos, son los investigadores. Entonces, hasta que la Fiscalía no establezca realmente qué hubo, desde la política no podemos decir esto es o no es”, insistió.
Finalmente, la titular de Interior concluyó que “en la política siempre se especula, pero no corresponde que nosotros como autoridad descartemos una hipótesis del secuestro, si la Fiscalía todavía está investigando y no llega a conclusiones definitivas”.
“No saquemos conclusiones apresuradas y empecemos a hacer juicios tan categóricos, porque podemos equivocarnos mucho”, cerró.
Vallejo a la oposición: “Ya no estamos en la guerra fría”
Posteriormente, desde un punto de prensa en La Moneda, la ministra Camilla Vallejo dijo que “es claro que estamos en el siglo XXI y que dejamos atrás la guerra fría hace bastante tiempo”.
Aún así, aseguró que “no queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la guerra fría”.
“Reforzando las palabras del presidente Gabriel Boric en ese sentido, es que algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos”, dijo.
Agregando que “los resultados de eso ya los conocemos, son peligrosos y son graves (…) ya no estamos en la guerra fría, estamos en el siglo XXI”.
“Vayamos superando esas formas de hacer política porque ya vimos los resultados que tenían”, reiteró y cerró la secretaria de Estado.
Por el presunto delito de fraude al fisco el Ministerio Público está investigando a la Municipalidad de Paihuano. Lo anterior, tras una denuncia realizada por un concejal que solicita investigar si hay faltas o delitos relacionados a la emisión de permisos de circulación. Dicha denuncia se originó luego que saliera a la luz el caso de la Municipalidad de Algarrobo, donde existían convenios con dos de las empresas involucradas en el caso antes mencionado.
Durante el 2023 la obtención de permisos de circulación y las irregularidades alrededor en la entrega de estos documentos marcaron a distintos municipios a nivel nacional, siendo el caso de Algarrobo el más mediático por los millonarios contratos con empresas privadas para tramitar permisos de circulación.
A Algarrobo se sumó Papudo. Y es que tras el resultado de una auditoría interna se reveló la emisión de más de 50 millones de pesos en permisos de circulación sin que se registraran los pagos. Comunas más, comunas menos, se suma el caso de Paihuano, en la región de Coquimbo.
El municipio, liderado por Hernán Ahumada (RN), está siendo investigado por el Ministerio Público desde diciembre de 2023 a raíz de una denuncia presentada el 1 del mismo mes por el concejal independiente y ex militante de Renovación Nacional, Julio Rodríguez. Lo anterior, por el presunto delito de fraude al fisco.
MISMAS EMPRESAS QUE ALGARROBO
Hace 1 año y medio la municipalidad de Algarrobo, liderada en ese minuto el alcalde José Luis Yáñez -quién actualmente se encuentra en prisión preventiva- aprobó un convenio con la automotora I-CAR para tramitar permisos de circulación a vehículos nuevos.
Según Ciper, además de lo anterior cerraron un contrato con la empresa “Asesoría e Inversiones Don Gaspar”, que proveía a la municipalidad de un software que fue presentado al concejo municipal como “clave” para ejecutar el convenio con I-CAR.
Estos datos encendieron las alertas en Paihuano. Sobre todo en el concejal Rodríguez, ya que las dos empresas antes mencionadas tenían convenios con el municipio.
Para el concejal fueron tres los hechos que llamaron su atención y que estimó que era necesario investigar. En conversación con Radio Bío Bío, el concejal explica que las dudas vinieron “primero (por) la rapidez y lo raro que sonaba el acuerdo con I-CAR, antes de saber que estaba relacionada con inversiones Don Gaspar”.
Asimismo, agregó: “Después (de) una serie de denuncias privadas y bajo reserva que me comienzan a hacer funcionarios y otras personas de la comunidad que hablaban de tratos directos, fraccionamientos de órdenes de compra para evitar licitar y boletas a honorarios por montos altos y de dudosa ejecución”.
El dato que más lo alarmó es que “aparecieran las mismas empresas I-CAR e inversiones Don Gaspar y sus representantes legales y un procedimiento idéntico, o al menos muy similar con lo que descubre Ciper, que termina con el alcalde de Algarrobo en prisión preventiva”.
Bajo este contexto, el concejal decidió recurrir a la Fiscalía de Vicuña y a la Contraloría Regional de Coquimbo, organismos a los que solicitió, en diferentes escritos, que “se investigue de manera de si existen errores o desprolijidades se corrijan y si existen derechamente faltas o delitos se sancionen”.
Según Transparencia Activa, en febrero de 2023 la abogada Denise Sánchez y otra trabajadora de la firma Don Gaspar aparecen prestando servicios a honorarios a la Municipalidad de Paihuano para la “digitalización de permisos de circulación” por un monto liquido de casi $2,5 millones mensuales hasta agosto de 2023. Esta última, fecha en que se formalizó el contrato con Don Gaspar -vía licitación pública- por $150 millones.
Dicho concurso, que fue aprobado por el concejo municipal, según conocedores del tema, habría traído $2.500 millones al municipio por la emisión de permisos de circulación a vehículos 0 kilómetros.
Por otro lado, tenían también un convenio firmado con I-CAR, con fecha de septiembre de 202, pero recién en marzo de 2023 fue emitido el decreto para su ejecución.
En detalle, y al igual que en Algarrobo, la firma del convenio con la empresa Don Gaspar sería la que más complicaría a la administración de Ahumada ya que la Contraloría definió que los convenios entre automotoras y municipios no pueden tener un costo para la entidad pública.
La diferencia con el convenio firmado con I-CAR es que este no implicó un gasto para el municipio, solo se suscribió para asegurar el “compromiso” de que compraran y tramitarán los permisos de circulación en Paihuano.
FISCALÍA
Radio Bío Bío consultó a la Fiscalía Regional de Coquimbo respecto al estado de la investigación y las diligencias que se han realizado en el caso de la Municipalidad de Paihuano. Al respecto, indicaron que “en este momento la causa penal se encuentra desformalizada y con diligencias que ya han sido desarrolladas por parte del Fiscal Jefe de Vicuña, en conjunto con personal especializado de la Policía de Investigaciones”.
De la misma forma, confirmaron que la causa se inició por una denuncia al Ministerio Público ingresada en diciembre pasado. Al consultarl en detalle por las diligencias efectuadas y programadas, indicaron que hay algunas que aún se encuentran pendientes y que “para no entorpecer dichas diligencias en curso, el fiscal a cargo no efectuará declaraciones a la prensa”.
DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO
A través de un comunicado de prensa, desde Paihuano señalaron: “Esta entidad edilicia mantiene un convenio vigente desde el año 2022 con la empresa I-CAR para la tramitación y obtención de permisos de circulación. Dicho convenio no representa gasto alguno para esta institución, ni mucho menos ganancia alguna para la empresa en cuestión”.
Asimismo, indicaron que “este convenio se tradujo en un aumento significativo en la cantidad de permisos de circulación que se gestionan en nuestra comuna, lo que aumenta los ingresos propios permitiendo mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos de Paihuano, además de cumplir con la función pública mandatada”.
A raíz de lo anterior, continuaron, se “hizo necesaria la contratación de una plataforma digital para la agilización de estos procesos. Debido a esta necesidad, se realiza el procedimiento de contratación de acuerdo con la normativa vigente, en este caso, la Ley Nº 19.886 ‘Ley de compras públicas’. En tal sentido, se presenta la empresa Don Gaspar, siendo el único oferente participante, cumpliendo a cabalidad con los requisitos técnicos y administrativos solicitados, por lo que se procede a dicha adjudicación”.
Ante las acusaciones respecto a malas prácticas, retrucaron que “se refieren a malas prácticas realizadas por otras comunas con los ingresos propios por concepto de permisos de circulación, situación que jamás ha sucedido, ni sucederá en la comuna de Paihuano. Como municipio condenamos tajantemente estas malas prácticas”.
Sobre la denuncia y la investigación que sigue adelante el Ministerio Público, indicaron que “producto de una denuncia acusando estas malas prácticas, es que se inició una investigación por parte de la Fiscalía de Vicuña relacionada a estos temas, en la cual hemos colaborado y nos encontramos llanos a brindar toda la información que permita transparentar cualquier procedimiento de nuestra institución”.
Días después del deceso y funeral de Sebastián Piñera, su hija Cecilia Piñera Morel dio una entrevista a The Clinic, donde develó detalles de cómo ella y su familia se enteraron de lo que ocurrió en Lago Ranco.
Piñera Morel, médico de 45 años, indicó que ese día estaba junto a su hermana Magdalena y otros parientes en Caburgua.
En ese momento todos ellos supieron que había ocurrido un accidente de consecuencias graves en lago Ranco, por lo que partieron hasta ese lugar.
“Justo llega Magdalena, con un primo nuestro, Matías Irarrázaval. Y partimos a ver ‘un accidente’. Yo iba saliendo a pasar unos días en Ranco cuando tuve que partir a ‘un accidente”, expuso.
“No qué había pasado, no entendíamos tampoco qué era lo que había pasado, no sabíamos quién estaba en el helicóptero, dónde había caído, si se había salvado alguien o nadie. Matías manejó las tres horas hasta Ranco”, agregó.
Relato de Cecilia Piñera Morel
Fue precisamente en ese trayecto cuando se enteraron del deceso del expresidente de la República.
“En el camino, vino el bombardeo de llamadas, de WhatsApp, de confusión. Algunos pensaban que en el helicóptero estaba mi hermana Magdalena Piñera y no mi tía Magdalena Piñera, la ‘Pichita’”, expresó.
“Nosotros, en el fondo, nos ‘mantuvimos’… hasta que supimos que los buzos ya habían rescatado su cuerpo. Ahí fue como ‘ya’”, añadió.
Asimismo, también reveló una conversación que tuvo, precisamente con Magdalena Piñera Echeñique, sobreviviente de aquel hecho.
La médico aseguró que Sebastián Piñera, ese día, había regresado a su casa después de haber saludado al empresario José Cox.
“Estaba muy desgarrada, lúcida, pero con mucha pena. Ella tenía una relación de amor especial con mi papá (…) muy cercana, muy compinche. Entre llantos nos decía que él estaba feliz, que habían comido un picoteo donde José Cox, que se habían reído. Que estaba contento”, señaló.
“Él iba a volver a almorzar a la casa con mi mamá. A José Cox y a Loreto Alcaíno los habían ido a saludar. Pasa que el accidente lo ven sus amigos y la Loreto, que es muy amiga de mis papás, llamó a mi mamá, pero todo esto era muy confuso al principio”, concluyó.
Hay que señalar que el pasado fin de semana se llevaron a cabo las labores de extracción del helicóptero del exmandatario del lago Ranco.
Los accesos a Santiago y la Región de La Araucanía son algunas de las zonas sindicadas por los grupos gremiales como lugares peligrosos para el tránsito de camiones.
El doble homicidio de los agricultores Francisco Mora (53) y Raúl Cid (57) en la Ruta de la Fruta el fin de semana ha producido que los gremios de la industria reaccionen y transparenten cuáles son las vías más peligrosas del país por las que deben transitar los trabajadores.
El hecho ocurrió el sábado en el cruce entre Malloa y Pelequén, en la Región de O’Higgins. Un grupo de delincuentes tenían el objetivo de robarles dinero a las víctimas cuando estas se movilizaban en un camión. Tras el crimen, Carabineros fue alertado y encontraron en la máquina dos personas muertas y un joven herido.
Minutos después detuvieron a cuatro sospechosos de los asesinatos. Hasta el miércoles 31 fue ampliada la detención de la banda, integrada por cuatro ciudadanos venezolanos, quienes son imputados como autores del homicidio de los agricultores. La fiscalía reveló que los aprehendidos, individualizados como José Sánchez Álvarez (26), Manuel Mercado Castillo (22), Dayan Sánchez Jiménez (25) y José Mojano Garrido, habrían ingresado de forma irregular al país y uno de ellos mantendría una orden de detención pendiente en Chile por tráfico de drogas. «Zonas Rojas» El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, afirmó a Emol que «las rutas más peligrosas para los transportistas son las que dan acceso a Santiago, especialmente en el sur de la capital y por la comuna de Quilicura».
NOTICIAS RELACIONADAS CNDC se suma a la querella por el doble asesinato de camioneros en la Ruta 66: «No esperamos impunidad» 122 SNA exige medidas por «brutal nivel de inseguridad» en la agricultura tras asalto a camión: «Se agotó la paciencia» 198 «Otras rutas peligrosas son la salida de los puertos, sobre todo en San Antonio -en la Región de Valparaíso-, y delincuentes interceptan camiones entre Chiloé y Concepción para robar salmón», agregó, advirtiendo que «otras vías riesgosas son las que se ubican en la zona norte, cerca de Coquimbo».
Según Araya, los atracadores se enfocan en sustraer máquinas que transporten carne, bebidas alcohólicas y línea blanca. Además, afirmó que el uso de armas de fuego en los atracos ha ido al alza durante los últimos años. En tanto, el presidente de la Federación de dueños de camiones del Sur de Chile (Fedesur), Carlos Bretti, aseguró que «hoy tenemos verdaderas zonas rojas, como el corredor norte de Chile y La Araucanía, donde el riesgo para los transportistas es exponencialmente mayor». Agregó que «trabajamos bajo amenaza y necesitamos que el Ejecutivo se haga cargo de esta situación. La zona roja ya se instaló a lo largo y ancho del país y exigimos el uso legítimo de la fuerza estatal».
Bretti sostuvo que «los transportistas de carga estamos experimentando un drama humano ante el descontrol del crimen organizado. Salimos todos los días a las rutas del país sin saber si regresaremos con vida, como le pasó a los dos agricultores asesinados en O’Higgins». También aseguró que «si bien firmamos con el Gobierno un protocolo con medidas especiales para reforzar la seguridad en las rutas del país, este no se implementa aún, y necesitamos que el gobierno le otorgue prioridad y urgencia a esto».
Solicitud La Asociación Gremial de Camioneros de la Región de O’Higgins (Asgro) dio el sábado un ultimátum, un plazo de 72 horas -hasta mañana martes-, al Gobierno para que entregue «una solución real al tema delictual». De contrario, podrían realizar un paro. El vocero de Asgro, Camilo Jiménez, aseguró este lunes en conversación con Cooperativa que «la única solución» que consideran posible los transportistas para enfrentar la criminalidad en el país es que los militares actúen al respecto. «La única solución más rápida que vemos todos para controlar y reducir un poco la delincuencia en este país es tener militares o Fuerzas Armadas en las calles», dijo el vocero, quien también advirtió que «el gremio está llano, si es necesario, a movilizaciones si no se llega a un acuerdo, a paralizar». Sobre el ultimátum, Jiménez señaló que «el Gobierno se allanó a recibirnos el martes en La Moneda y entregar las propuestas. Esperamos que sus propuestas estén a la altura de lo que necesita Chile». «La seguridad está desbordada y, si no tomamos acciones distintas a las que hoy día tenemos, vamos a seguir con el mismo problema.
El problema es que muchos ya están con la sensación de cómo trabajamos, cómo vivimos, si la delincuencia no está controlada», enfatizó. Agregó que buscan reunirse directamente con la ministra del Interior, Carolina Tohá, «y que nos dé una solución concreta». Cifras de Carabineros Según el último reporte de Carabineros en torno al robo de camiones de alto tonelaje, entre el enero y 1 de octubre del 2023 se registraron 130 casos a nivel nacional. De estos, 105 han sido robos con intimidación, 22 robos con violencia, y 3 robos con retención de víctima. El general inspector Enrique Monrás, Director Nacional de Orden y Seguridad, detalló en ese momento que «tenemos una disminución comparativamente con el año pasado en el robo de camiones de un 25% menos, tenemos 43 casos menos que el año pasado a esta fecha».
